El portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha alertado hoy en el Pleno del Congreso que si se hubiera actuado de forma más decidida contra la corrupción en nuestro país “quizá hubiéramos evitado el deterioro de importantes instituciones constitucionales, que han llegado a ser presididas por personas más que inadecuadas”.
“Nuestro sistema -ha destacado- no puede permitir que personas vinculadas a denuncias de corrupción ocupen importantes instituciones del Estado. El deterioro de la institucionalidad constitucional conduce a situaciones de degradación de la democracia tan extremas como las que estamos viviendo estos días”.
Enrique Santiago hizo esta reflexión en su intervención en la Cámara Baja para mostrar el respaldo de su grupo al ‘Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción’, que traspone una directiva europea en el mismo sentido. Durante la misma aludió a emblemáticos casos de corrupción y denuncias presentadas contra personalidades muy conocidas de la vida pública, entre ellas el actual presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano.
“Si esta norma hubiera existido hace 10 años -comenzó-, habríamos evitado el calvario de la alertadora doña Ana Garrido, aquí presente hoy y a quien saludamos, por denunciar la ‘Gürtel’ o que el alertador José Luis Peñas, condenado a casi cinco años de cárcel en ese mismo caso, hubiera pasado por esa misma situación, mientras que el máximo condenado, el tesorero del PP (Luis Bárcenas) ya está en la calle habiendo cumplido apenas seis años de prisión”.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida apuntó que “también habríamos posibilitado que el alertador Javier Ramos, candidato a rector de la Universidad Rey Juan Carlos, hubiera sido atendido cuando denunció cómo el rector y ahora presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, le encargó ofrecer dinero o cargos a un profesor para que retirara una demanda”.
“Habríamos evitado los escándalos sobre los cursos de máster de la Universidad Rey Juan Carlos cuando el señor González-Trevijano era rector, con Cristina Cifuentes y Pablo Casado como protagonistas”, prosiguió.
Una vez más se habría podido evitar “que durante el periodo de esa rectoría se denunciara que varios de los familiares de González-Trevijano, como su esposa o su cuñada, fueran contratadas como personal de la Universidad o de su fundación” o que en ese mismo periodo esa misma universidad “se convirtiera en una ‘agencia de colocación’ para familiares de relevantes políticos del Partido Popular, como la hermana de la señora Cifuentes, la prima del señor Ruíz-Gallardón o la cuñada de Francisco Granados”.
“También se habría garantizado -apostilló- que cuando González-Trevijano fue investigado en 2014 por ‘contrataciones ilegales’ durante su etapa como rector, se hubiera atendido a otro alertador de corrupción, el profesor Salvador Perelló, quien denunció a González-Trevijano, literal, por haber tejido una ‘tupida trama clientelar’ y amparado ‘contrataciones ilegales’ de profesores”.
Y “si esta ley se hubiera aprobado hace años -concluyó-, el alertador David Ríos, ex vicerector de la Universidad Rey Juan Carlos, habría sido atendido cuando denunció a González-Trevijano por gastar presuntamente 470.000 euros sin justificar en atenciones protocolarias”.
Enrique Santiago insistió en la idea de que “quizá hubiéramos evitado el deterioro de importantes instituciones constitucionales, que han llegado a ser presididas por personas más que inadecuadas”.
Enlazó aún más el contenido de su intervención con la crisis política y judicial que se vive en estos momentos debido al ‘secuestro’ al que tiene sometido el Partido Popular a importantes instituciones del Estado bloqueando su renovación y explicó tajante que “nuestro sistema no puede permitir que personas vinculadas a denuncias de corrupción ocupen importantes instituciones del Estado. El deterioro de la institucionalidad constitucional conduce a situaciones de degradación de la democracia tan extremas como las que estamos viviendo estos días”.
“Es una situación excepcional y más que discutible jurídicamente -dijo- que, por ejemplo, el máximo órgano de garantías constitucionales, el Tribunal Constitucional, acuerde suspender una tramitación parlamentaria y prohíba a la sede de la soberanía nacional cumplir su labor legislativa”, en referencia a las decisiones impuestas por los magistrados nombrados por el PP el lunes pasado y ayer de nuevo.
Santiago valoró también que “lo que rompe las reglas del Estado de Derecho y de la democracia es que esa excepcional suspensión de la actividad de la sede de la soberanía nacional se efectúe sin ninguna fundamentación jurídica. Apenas utilizando un párrafo que solo cita, que no fundamenta, la aplicación de una norma”.
“Carece de apariencia de legalidad -denunció- que el fundamentado escrito de los servicios jurídicos del Senado de España, que reclama al Tribunal Constitucional la reanudación de su actividad legislativa, haya sido denegado con una frase y sin citar una sola norma jurídica, rompiendo las reglas más básicas del Estado de Derecho”.
Volvió de nuevo a las referencias de las características técnicas del proyecto de ley a debate y explicó que gracias a las enmiendas presentadas por Unidas Podemos en el proceso legislativo “esta ley va a recoger importantes avances, como que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también puedan estar protegidos para denunciar supuestos de corrupción”.
A su vez, “hemos considerado que se amplíe considerablemente el número de personas que pueden acceder a la asistencia jurídica gratuita para hacer frente a estos supuestos de corrupción y poder denunciarlos” y que se “garantice asistencia jurídica no solamente en procesos penales, sino también en procesos civiles transfronterizos. Es muy importante que se haya incluido que las infracciones penales o administrativas graves que impliquen quebranto de la Seguridad Social también puedan ser denunciadas y se dé la debida protección a quien lo hace. De lo que se trata es de garantizar que no haya represalias a quienes renuncian corrupción”.
Enrique Santiago quiso acabar su intervención “ofreciendo esta ley a las personas ya citadas que han tenido la valentía de denunciar esos casos de corrupción”, pero muy especialmente “a otras personas en especial, como el ex teniente del Ejército Luis Gonzalo Segura, quien denunció múltiples fraudes, reunió documentación sobre facturas y desajustes en la contabilidad, y acabó por ello expulsado del Ejército” o a “doña Azahara Peralta, ex directora de obra en la empresa estatal Acuamed, quien denunció irregularidades en compensaciones económicas acordadas en favor de empresas que aparecían en los ‘Papeles de Bárcenas’, y pagó también con su empleo”.
El portavoz adjunto de Unidas Podemos consideró que “la cultura de la corrupción, de enriquecerse apropiándose de lo que es de todos, solo es posible en sociedades que permiten la impunidad de los corruptos” y, al hacerlo, “las instituciones pierden su autoridad para exigir a la ciudadanía el respeto de las normas de convivencia social y de las leyes, y se acaba con la democracia”.
A su juicio, la lucha contra la corrupción “tiene que ser una prioridad y, por ello, es fundamental proteger a quienes denuncian irregularidades. Por primera vez en nuestro país, se establece una norma de protección de los denunciantes de corrupción y se dan herramientas para que puedan denunciar”.
