El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha valorado hoy que “frente a la corrupción no caben matices, tiene que haber justicia y devolución del dinero robado”. Maíllo incluye esta valoración en su respuesta a la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso, a quien recomienda que “no puede sacar pecho por las medidas implantadas en su partido para aumentar la transparencia y prevenir la corrupción”, ya que “no ha impulsado desde el Gobierno ninguna de las medidas anticorrupción que acordamos el año pasado”, en referencia tanto a las que propuso IU directamente como a las consensuadas desde el Grupo Plurinacional Sumar.
El máximo responsable de IU ha destacado que “la corrupción no se combate con gestos, sino con hechos, con leyes y con medios públicos suficientes” y esa lucha sin matices “vale para cualquier persona, tenga el carné que tenga y haya ocupado la responsabilidad que haya ocupado”.
La presencia de Sánchez en el Congreso, anunciada hace semanas, ha coincidido prácticamente en el tiempo con la programación por el Tribunal Supremo para hacer pública su sentencia del llamado ‘caso mascarillas’ 48 horas antes, que condena a durísimas penas de prisión al ex ministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García, mientras que permite no pisar la cárcel por una supuesta colaboración al empresario corrupto Víctor de Aldama.
De hecho, Maíllo ha señalado que “de haberse puesto en marcha esa medida, hoy un corruptor como Aldama estaría en la cárcel y había devuelto los más de tres millones y medio de euros que robó”.
Ha aclarado también con vehemencia que cuando Sánchez reivindicaba avances sociales desde el Ejecutivo central “conviene recordar que muchos de ellos llevan la huella de la parte izquierda de este Gobierno: salario mínimo (SMI), los ERTE, los avances laborales, la defensa de la Sanidad Pública, de la dependencia, los permisos o el reconocimiento del Estado palestino”.
“Nada habría avanzado igual sin el empuje del ala izquierda del Gobierno”, apostilló en referencia a las formaciones políticas como Izquierda Unida que forman parte de este.
PP, el partido atravesado por la corrupción
El coordinador federal de IU apuntó también “con claridad” que ni Partido Popular ni la extrema derecha “tienen ninguna autoridad moral para dar lecciones de limpieza democrática”, en especial la formación de Alberto Núñez Feijóo “un partido atravesado por décadas de corrupción, por tramas, por financiación irregular y por el uso partidista de las instituciones, el primer partido condenado en sentencia firme por corrupción”.
Advirtió de que la intervención de Núñez Feijóo “deja claro el nivel bajísimo de la derecha. Ni un proyecto de país desde una derecha hipócrita y sin ideas. Demuestra que es un hombre desesperado y resulta patético ver hablar de corrupción y moralidad a un personaje que vive en una sede como la de Génova, que fue pagada con ‘dinero B’”, todo ello tras sustituir al frente del partido a Pablo Casado, a quien echaron desde el propio PP cuando “denunció la corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de su pareja”.
“El balance de Alberto Núñez Feijóo -lamenta Maíllo- es liderar un partido que sabe que no controla, que le pueden hacer ‘un Casado’ en cualquier momento y que tiene como único respaldo y posibilidad el lanzarse en los brazos de Vox para conformar Gobierno en el supuesto de que las elecciones generales le dieran los números”, algo para lo que “queda mucho por recorrer y que su incompetencia no garantiza que lo tengan”.
Como resumen, el coordinador federal dijo que nuestra posición desde Izquierda Unida es nítida: limpiar la corrupción con leyes, con medidas oficiales. Ya ha tardado mucho Pedro Sánchez en aplicar las que promovíamos”.
“Por cierto -recalcó-, somos la fuerza que lanzó hace muchos años la necesidad de condenar y de perseguir también al corruptor”, en contraposición con la sentencia anunciada a bombo y platillo por el Tribunal Supremo “y su absolución en la práctica de Aldama”. Ello demuestra que “teníamos razón y que es necesaria una reforma que focalice también en el corruptor las condenas necesarias en una lucha eficaz contra la corrupción”.
