El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha exigido esta mañana al Gobierno del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid que “tome una decisión” y “si va a seguir haciendo dejación de sus funciones, por los menos que no entorpezca la solución”, en relación a los graves problemas que desde hace cerca de tres lustros arrastran sin respuestas ni soluciones satisfactorias cerca de 600 familias afectadas por la construcción de la Línea 7B del Metro.Santiago ha hecho estas declaraciones desde la ‘zona cero’ de la localidad de San Fernando de Henares donde se aprecian las trágicas consecuencias del catastrófico proyecto impulsado por distintos gobiernos autonómicos del PP y del que nunca se han hecho responsables. El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y Carolina Cordero, responsable federal de Vivienda de IU y portavoz de IU Madrid, visitaron la zona junto al portavoz de la Plataforma de Afectad@s por la Línea 7B del Metro, Alejandro Escribano, y conversaron con vecinos y vecinas que soportan muy directamente este desastre.
“Que lo digan -insistió el diputado y dirigente de IU refiriéndose al Ejecutivo autonómico de Díaz Ayuso-, que digan que renuncian a dar soluciones a estas familias para que podamos activar la solución desde el Gobierno de coalición, que no tiene competencias directas, pero que llegados a este extremo y ante la suprema incompetencia de la Comunidad de Madrid pues será necesario”.
Explicó en declaraciones a los medios que había llegado a esta conclusión tras haberle llamado “poderosamente la atención” dos cuestiones: “por un lado, la gravedad del alcance de este desastre organizado por la falta de previsión” del Ejecutivo madrileño y, por otro, pese a los muchos años transcurridos, “la absoluta irresponsabilidad y dejadez de la Administración autonómica con este problema”.
“Nos sorprende -aseguró- que cuando se rompe un banco en el barrio de Salamanca, esa misma tarde está arreglado. En cambio, cuando la Comunidad de Madrid hunde 600 viviendas por no tomar las medidas preventivas necesarias, pueden pasar 15 años porque se trata de familias trabajadoras y no atiende lo que es una mínima obligación”.
Enrique Santiago adelantó que “estamos estudiando con todo detalle qué podemos hacer para que la Comunidad de Madrid deje de obstaculizar la solución al problema”. Advirtió, además, que “esperemos que tome medidas para que esto no se reproduzca” y reconoció que “estamos sumamente alarmados con los últimos informes técnicos que hemos conocido, que estaban tapados de alguna forma por la Comunidad de Madrid”, porque “todo esto se puede reproducir en cualquier momento en el municipio de Coslada”.
“Como esto ocurriera nos plantearíamos ya seriamente actuar por la vía penal contra la Comunidad de Madrid”, porque “se pondría ya en riesgo la integridad de familias de una forma absolutamente irresponsable”.
Durante la visita y las charlas con los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares los representantes de IU comprobaron las graves consecuencias de las obras que se mantienen a día de hoy. Además de las familias que directamente perdieron su vivienda, están las que soportan ruidos constantes, interrupciones en el suministro de servicios básicos y problemas de movilidad, al margen del temor a nuevos y aún más peligrosos hundimientos del terreno.
Hay que destacar que las primeras grietas aparecieron en el 2009, antes de que se cumpliera un año de la inauguración del tramo. Desde entonces, hay más de 600 familias afectadas, se han producido cerca de 60 derribos y la continuidad de la línea de Metro sigue en el aire.
Carolina Cordero, por su parte, subrayó que “estas obras nunca debieron producirse, solo han provocado vidas rotas para cientos de familias” e incidió, además, en que “el problema se extiende y está afectando de manera directa a los vecinos y vecinas de Coslada”.
La responsable federal de Vivienda de IU enfatizó que Isabel Díaz Ayuso “debe de dejar de batallar contra Pedro Sánchez” y “asumir su responsabilidad” en la falta de respuesta a lo ocurrido, permitiendo un “plan integral entre todas las administraciones: estatal, autonómica y local”.
