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IU traslada a la Comisión Europea el acoso judicial de VOX al Gobierno de coalición de España

En una pregunta parlamentaria, los eurodiputados Sira Rego y Manu Pineda señalan que el partido de extrema derecha ha presentado hasta el momento 36 denuncias y 15 querellas contra miembros o altos cargos del Ejecutivo, con el único objetivo de “torpedear la acción de gobierno y poner en cuestión su legitimidad”.

Los eurodiputados de Izquierda Unida Sira Rego y Manu Pineda han trasladado a la Comisión Europea el acoso judicial al que está sometiendo el partido de extrema derecha VOX al Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. La formación ultra y sus organizaciones afines han interpuesto 36 denuncias y 15 querellas contra el Ejecutivo desde que comenzó la legislatura, algo que en el artículo 54 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea podría estar contemplado como abuso de derecho.

“Desde que se anunció la formación del Gobierno de coalición la extrema derecha no ha escondido en ningún momento que pretende emplear cualquier vía posible para derrocarlo y han sumado la vía judicial a los constantes ataques verbales, las mentiras y los bulos. El único objetivo de todo esto es torpedear la acción de gobierno y poner en cuestión su legitimidad”, explica Rego.

“Nos interesa mucho el posicionamiento de la Comisión Europea en este tema porque la lawfare es un fenómeno utilizado por las derechas y ultraderechas en América del Sur para derrocar gobiernos legítimos salidos de las urnas. El PP utilizó esta herramienta en el pasado para cuestionar leyes como el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero la virulencia con la que se están empleando VOX y sus organizaciones ultracatólicas afines debería preocupar a Bruselas”, dice Pineda.

En una preguntaparlamentaria, los eurodiputados ponen como ejemplo que VOX pretenda anular la investidura con una querella contra el Gobierno por la fórmula empleada por 29 diputados durante su toma de posesión, el acoso y derribo al Gobierno por el Decreto de estado de alarma y las medidas para combatir la pandemia del COVID-19, o la criminalización del 8-M.

“Estas denuncias ponen en cuestión desde el legítimo nombramiento del presidente del Gobierno hasta las medidas tomadas, como en otros Estados miembros, para proteger la salud y el bienestar de las familias trabajadoras durante el estado de alarma”, dicen en su pregunta.

Para Rego, “es una estrategia de manual de la extrema derecha”. “Cuestionan los principios más básicos de nuestra democracia para generar la sensación de que existe un problema, socavan en cada declaración el estado de derecho y los derechos fundamentales, abren debates superados, riegan las redes de bulos y judicializan las acciones del Gobierno para reforzar su posición. Finalmente, apelan a la idea de que vivimos en una dictadura”.

Pineda, por su parte, encuentra “muchas semejanzas” entre la actuación de VOX y el comportamiento de la oposición en países como Venezuela o Bolivia: “Es un tema que creo que merece una reflexión. Debemos analizar qué tipo de lazos tiene la extrema derecha de nuestro país con la oposición venezolana, con el gobierno golpista de Bolivia o, por ejemplo, con el neofascista Bolsonaro”.

“Se parecen hasta en el discurso: hablan de dictadura, de gobierno ilegítimo y califican al presidente del Gobierno de tirano o de usurpador. Es el mismo lenguaje que emplean Juan Guaidó y Leopoldo López, o el que utilizaba la golpista Jeanine Áñez contra Evo Morales”, asegura.

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