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Enrique Santiago reclama en el Congreso a miembros del CGPJ que “ayuden a alcanzar un consenso presentando su dimisión” tras casi dos años con sus mandatos vencidos

El portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz de Izquierda Unida en la Cámara Baja recuerda en el debate sobre las medidas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia el “colapso previo” por el fracaso de los gobiernos del PP y sale al paso de “esa especie de mito de que durante esta paralización económica el sector de la abogacía no ha trabajado, eso no es correcto, la abogacía ha tenido tanto trabajo como habitualmente, quizá no en los tribunales, pero ha habido que atender muchas cuestiones de urgencia”. Muestra su respaldo a los colectivos de abogados y procuradores ante “sus reservas por la habilitación de parte del mes de agosto” para trabajar, porque “es verdad que produce quebranto”

El portavoz adjunto del grupo de Unidas Podemos y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, ha reclamado esta tarde en el Congreso a los integrantes de “un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lleva prácticamente dos años vencido” que “quizá debieran ayudar a que esta Cámara alcance un consenso presentando su dimisión y obligándonos a aprobar un nuevo Consejo”. Aseguró que “lo que no parece muy de recibo es que un CGPJ con su mandato vencido hace casi dos años siga haciendo nombramientos que, en muchos casos, son para demasiados años”.

Santiago lanzó esta clara propuesta durante su intervención ante el Pleno de la Cámara Baja en el debate del decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Lo hizo en buena medida para poner en evidencia la debilidad de los argumentos lanzados por algunos grupos de la derecha, que intentaban convencer con pocos resultados prácticos de que los graves problemas que arrastra la justicia coinciden con el comienzo de la pandemia del coronavirus.

“Mucho podría haber hecho el PP -expuso- para corregirlo en sus anteriores años de gobierno, con lo cual este Gobierno no se habría encontrado con la situación que ahora hay que abordar”. Ilustró la nefasta situación existente con un único pero esclarecedor dato: “partimos de limitaciones muy serias, 12 jueces por cada 100.000 habitantes, casi la mitad de la media europea, que tiene 23; así es muy difícil atender las tareas de la justicia”.

El también responsable federal de Justicia e Interior en la dirección de IU señaló que “este decreto no es cualquier cosa”, ya que pretende “aprobar unas medidas urgentes para un sector de la Administración que es estratégico e imprescindible, y que arrastra un importantísimo colapso previo”.

Sin disimular cierto tono irónico frente a los argumentos anteriores de sus rivales políticos, apuntó que el “plan de choque” que se trata de poner en marcha “necesita unas inversiones, pero estas inversiones, a su vez, dependen de que se aprueben unos Presupuestos Generales del Estado. Hacemos un llamamiento a esta Cámara a que apruebe unos Presupuestos que realmente sirvan para reformar el sector justicia”.

Enrique Santiago mostró el compromiso de su grupo para trabajar en el sentido de “recoger las preocupaciones razonables de la oposición” pero también y muy especialmente “de todos los sectores que tienen que ver con la justicia”. Esto es imprescindible para “abordar el retraso motivado por la paralización, por el colapso previo y por el previsible incremento de los asuntos que, a consecuencia de esta crisis económica y social, va a haber”.

El diputado de Unidas Podemos -abogado profesional- explicó que “hemos atendido y escuchado las reclamaciones de los sindicatos y también de los colectivos de abogados”. Coincidió con ellos y también con el colectivo de procuradores en “sus reservas por la habilitación de parte del mes de agosto” para trabajar, “y es verdad que produce quebranto”.

En el mismo sentido, reconoció que “quiero aventar esa especie de mito que ha dicho alguien antes de que durante esta paralización económica el sector de la abogacía no ha trabajado. Eso no es correcto. La abogacía ha tenido tanto trabajo como habitualmente, quizá no en los tribunales, pero ha habido que atender muchas cuestiones de urgencia”.

No olvidó tampoco mencionar que lo mismo que el decreto respeta los derechos de los funcionarios de la Administración de Justicia, “igualmente nos preocupa poder conciliar la vida laboral y familiar, por ejemplo, de las abogadas, y vamos a hacer todo lo posible porque eso sea así”.

Santiago quiso también dejar claro a “los que quieren votar en contra” que “no se agarren a estas cuestiones que son mejorables. Este decreto tiene otra misión fundamental, que es ayudar a reactivar la economía y a proteger el empleo”.

Detalló que incluye soluciones “en beneficio de las pequeñas y medianas empresas, y para evitar el colapso de los juzgados mercantiles”. A los catastrofistas de los grupos de la derecha que no ven ni un punto positivo, simplemente les recordó que “en este país el anterior Gobierno permitió que los concursos de empresas se demoraran tres y cuatro años, eso no es favorecer ni la economía ni el empleo”.

“Las medidas que contiene el decreto -apuntó- van a ayudar, sobre todo, a que las empresas tengan más tiempo para no tener que declarar el concurso y para potenciar e incentivar los planes de financiación de las empresas para salvarlas de las situaciones de concurso y que puedan mantener la economía”.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos se mostró especialmente satisfecho de que sirva para “proteger la salud de los trabajadores y los usuarios de la justicia. Este esfuerzo supone políticas imprescindibles en este momento, por eso es imprescindible para salvaguardar la integridad de las personas que acuden a los juzgados, por mucho que tenga medidas que sean perfeptibles, que lo son”.

“Nuestro grupo se compromete -dijo- para seguir trabajando y aprobar medidas necesarias para mejorar la justicia: cobertura de plazas en comisiones de servicio, sustituciones voluntarias, contrataciones de personal interino de las bolsas de trabajo, que es lo que están solicitando los sindicatos y que es imprescindible”.

Pero para conseguirlo, hay que llevar a la práctica el decreto “y eso no puede hacerse sin el apoyo y el consenso de los sindicatos. Estamos seguros de que ese consenso va a ser una realidad en breve”.

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