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Cambiar la Región de Murcia asegura que detrás del cobro de la sedación está la “moralina” del PP y la apuesta por la sanidad concertada

Adoración Peñas, candidata nº 2 al Parlamento murciano de Cambiar la Región de Murcia -coalición que encabeza Izquierda Unida de cara a los comicios autonómicos-, tacha de “incomprensible” que mientras en el resto de intervenciones médicas y quirúrgicas no se paga, sí lo tuvieran que hacer las mujeres que abortaron antes de las 12 semanas de embarazo

Adoración Peñas, candidata nº 2 al Parlamento murciano de Cambiar la Región de Murcia -coalición que encabeza Izquierda Unida en esta comunidad de cara a los comicios autonómicos del 26A- ha considerado que el hecho de que el Servicio Murciano de Salud (SMS) haya cobrado la sedación al 80 % de las mujeres que abortaron antes de las 12 semanas de embarazo en 2016 y 2017 responde a la “moralina” del PP, “más preocupado en darse golpes en el pecho que en ofrecer respuesta a este tipo de situaciones que afectan a las mujeres”.

Peñas tachó de “incomprensible” que mientras en el resto de intervenciones médicas y quirúrgicas no se paga, en las de este tipo sí se deba hacer. “Una vez más el Ejecutivo regional del PP castiga a las mujeres que están en situación más precaria y vulnerable”, denunció y detalló que 100 euros “puede ser la cuarta parte de un sueldo para muchas mujeres, que en algunos casos preferirán sufrir dolor al no poder hacer frente a ese gasto”.

Advirtió de que “el Servicio Murciano de Salud no financia esta práctica para las intervenciones dentro de las primeras 12 semanas, por lo que las clínicas concertadas con la Administración  -en España solo un 12% de los abortos se realiza en centros públicos- cobran a las mujeres por ello”. Explicó también que todo ello ocurre porque “no existe un convenio formal con las clínicas, no hay transparencia ni posibilidad de establecer un control o evaluación del servicio. Deberían ser los centros públicos los que realizaran las intervenciones”.

Adoración Peñas ha recordado que a nivel nacional, aunque las interrupciones se realicen en centros privados, las mujeres no deben pagar por ellas porque el aborto tiene que estar financiado íntegramente por la sanidad pública.

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