Izquierda Unida busca que el Gobierno detalle “en la medida de sus competencias” por qué la Secretaría de Estado de Deporte “ha permitido que el Estadio de Vallecas llegue al estado de degradación y salubridad crítico” para poder acoger partidos de fútbol de La Liga al máximo nivel, hasta el punto de que el Rayo Vallecano tenga que dejar de jugar en él durante meses y tener que marcharse a jugar a Burgos. Al mismo tiempo, la iniciativa indaga sobre si “se ha asegurado esta misma secretaría “de que los organismos competentes de la Comunidad Autónoma de Madrid -última responsable del estadio- lleven a cabo estas medidas de control”.
El texto registrado hoy lo firman el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y el también diputado de esta formación y su portavoz en materia de Deporte, Nahuel González. Recuerdan que alegando precisamente esa falta de condiciones ‘de seguridad y de salubridad’, los responsables de la Comunidad de Madrid han retirado “al Rayo Vallecano la concesión de su estadio con la intención de hacerse cargo de sus reformas, para ‘arreglar lo que el club no ha arreglado’, declaraba Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte”.
IU destaca que “durante años, los aficionados e incluso el personal del cuerpo técnico y jugadores han denunciado” estas las graves deficiencias. A propósito del proyecto de reforma integral del Estadio de Vallecas, el Ejecutivo regional realizó una auditoría del inmueble que, según su valoración “arrojó unos ‘resultados demoledores’ con respecto al mantenimiento y la seguridad del inmueble, que es obligación directa de la directiva del club que dirige Raúl Martín Presa”.
La iniciativa advierte y destaca que “podría haberse generado una situación en la que se ha querido dejar morir el estadio para forzar la construcción de uno nuevo que pueda tener un mayor aprovechamiento económico”.
“El modelo -señalan los diputados firmantes- que parece plantearse responde al proceso de mercantilización de los grandes equipamientos públicos. La administración asume el coste de mantener o rehabilitar la infraestructura, mientras la explotación económica queda en manos privadas. Los beneficios derivados de la actividad extraordinaria se privatizan, mientras que las externalidades negativas recaen sobre el conjunto de la clase obrera vallecana”.
A ello se suma que el club “inició la campaña de abonados sabiendo que las condiciones del estadio impedirían disfrutar de su uso. Muchos socios ya han desembolsado el importe de los abonos para una actividad que no se sabe si podrán disfrutar y que, además, son los abonos más caros de la historia”: su precio “se ha incremento como media el 15% respecto al año anterior y casi el 100% en cuatro años”.
Enrique Santiago y Nahuel González destacan que “la opacidad con la que se ha actuado traslada toda la incertidumbre a los aficionados, mientras la sociedad obtiene liquidez inmediata”.
Soluciones para la afición
De ahí que Izquierda Unida interroga al Gobierno sobre si “intervendrá el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para garantizar que el Rayo Vallecano -como Sociedad Anónima Deportiva- devuelve el importe de los abonos en caso de que no pueda garantizarse que los encuentros se disputen en la Comunidad de Madrid”, algo que preocupa a muchos socios.
También pregunta sobre si se va a plantear “alguna otra solución a la afición y a la comunidad vecinal con respecto a esta problemática”.
Los autores de la iniciativa consideran que el Estadio de Vallecas “constituye un equipamiento de referencia para el distrito y un elemento central de la identidad popular del barrio. Cualquier actuación sobre él debe responder al interés general, debe ejecutarse con transparencia y contar con mecanismos efectivos de participación vecinal y del propio ‘rayismo’ para evitar o minimizar cualquier vulneración de derechos que pueda surgir”.
Por eso piden que el Gobierno aclare también la veracidad o no de las informaciones que apuntan al supuesto interés mostrado por el actual presidente del Rayo Vallecano para adquirir un terreno que ahora es propiedad de ADIF para construir un estadio nuevo. Interrogan directamente si desde el Ejecutivo “a través de ADIF o de cualquier organismo competente” se ha valorado “la cesión de terrenos de su propiedad en algún emplazamiento cercano a Vallecas”.
