El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha defendido esta tarde en el Congreso la iniciativa impulsada por esta formación desde el Grupo Plurinacional Sumar “contra las medidas de coerción de Estados Unidos contra Cuba y la defensa del Derecho internacional, la soberanía y la paz”. Santiago ha pedido a todas las formaciones “dejar al margen consideraciones políticas ideológicas y unirnos en defensa del derecho a la existencia de un pueblo hermano que está siendo exterminado lentamente”.
La proposición no de ley se votará en el Pleno de mañana miércoles, tras aceptarse una enmienda presentada por el Grupo Socialista. Al finalizar su intervención, el diputado de IU ha explicado a todos sus interlocutores que “simplemente les pedimos que voten a favor del Derecho internacional, contra las medidas coactivas a Cuba y porque el bárbaro castigo que Estados Unidos está imponiendo al pueblo cubano por negarse a convertirse en su colonia no puede hacerse en nuestro nombre”.
Antes, Santiago realizó un completo repaso histórico, que partió desde la denominada ‘doctrina Monroe’, impuesta en 1823 por el homónimo presidente norteamericano y que “declaraba toda América como de exclusiva injerencia de Estados Unidos”, pasando por la ocupación de Cuba en 1898 para arrebatársela a España y “convertirla en una colonia de EEUU”. La isla “no consiguió disfrutar de su independencia hasta 1959, cuando el movimiento 26 de julio liderado por Fidel Castro acabó con la dictadura de Batista, sucesora de la de Machado, ambos puestos por Estados Unidos”.
“A la vista de las graves injerencias de (Donald) Trump en Canadá, Panamá, México, Groenlandia, Venezuela o Colombia, poco ha cambiado la actitud de Estados Unidos desde 1823”, concretó el diputado de IU.
Argumentó que “nadie se cree que Estados Unidos busque imponer la democracia en Cuba” y que es “obvio” que la isla “solo puede conservar su independencia y soberanía defendiéndose de EEUU”.
Recordó cómo las actuales condiciones de vida impuestas por la Administración de Trump son calificadas ya por la comunidad jurídica internacional “como de ‘lento genocidio contra el pueblo cubano’. No hay justificación alguna para este castigo colectivo”.
“Cuba -ha destacado Enrique Santiago- es objeto de un obsesivo bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto sin respaldo de Naciones Unidas, violando los principios de igualdad soberana de los Estados, de no injerencia en los asuntos internos de otros países, de prohibición del uso de medidas coercitivas, todos recogidos en la Carta de las Naciones Unidas”.
Recordó también que “ningún otro país ha sufrido nunca una guerra económica de tal magnitud”, que ha llevado a Naciones Unidas a calcular que “hasta 2025 el daño causado a Cuba por estas medidas ilegales ascendía a 1,5 billones de dólares”.
De la misma forma, Santiago apuntó la “larga e implacable lista de medidas coercitivas” impuesta desde el fracaso de la invasión a Cuba organizada por Estados Unidos en 1961, incluso cuando “aún no se había declarado un país socialista”. Entre ellas destacó la Ley Helms-Burton, de 1996, que “amplió extraterritorialmente las coacciones, acordando sanciones ejecutivas a empresas extranjeras”, incluidas las españolas, además de actuaciones contra Cuba ante tribunales de Estados Unidos o la prohibición de los viajes turísticos de estadounidenses”.
Además, en 1982, 2021 y 2025 Estados Unidos designó a Cuba “como Estado patrocinador del terrorismo”, prohibiendo a los bancos internacionales operar en la isla. A modo de ejemplo, solo el BNP Paribas pagó en sanciones 8.900 millones de dólares en 2014 a Estados Unidos.
Santiago denunció que a pesar de las duras consecuencias de las anteriores medidas, “la furia obsesiva de Trump ha continuado volcándose contra nuestro hermano pueblo cubano”. Así, la orden ejecutiva de 29 de enero pasado “declara una ‘emergencia nacional’ en Estados Unidos con respecto a Cuba”. En su opinión, “nadie en este planeta puede creerse que la pequeña isla de las Antillas sea una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de EEUU”.
“Han impuesto el bloqueo total de petróleo y sus derivados -indicó-, buscando el colapso de la economía cubana, echando a empresas españolas, como Meliá o Iberostar, y provocando una crisis humanitaria para justificar la intervención política y una futura intervención militar. Ante tamaña agresión a nadie debe extrañar que la indignación del pueblo cubano se dirija contra quienes pretenden matarlos de hambre y de enfermedades. Precisamente por eso, Trump no se ha atrevido todavía a una agresión militar como la que realizó el 3 de enero en Venezuela”.
El 20 de julio pasado Estados Unidos publicó un nuevo informe en el que se describe a Cuba como una ‘amenaza multifacética’ para su seguridad nacional y la estabilidad del hemisferio. “Expertos de Naciones Unidas señalan que ese informe solo aporta consideraciones políticas e ideológicas del Gobierno de Trump para justificar medidas coercitivas que pretenden alterar el orden constitucional de un Estado soberano”, alerta Santiago.
Cuba, la ‘Gaza silenciosa’ impuesta por EEUU
Además, las sanciones anunciadas el 23 de julio “han bloqueado también la adquisición de combustible por razones humanitarias. Son ya varios meses sin que entre una gota de petróleo”, por lo que “no es exagerado hablar de ‘lento genocidio’ o de una ‘Gaza silenciosa’, en palabra de miembros del Congreso de los Estados Unidos.
Enrique Santiago enumeró que debido a todos estos ataques por parte de EEUU “los salarios han disminuido, el transporte y el suministro de energía están bajo mínimos, faltan materiales educativos básicos y equipos científicos, las remesas enviadas por familiares desde el extranjero no se reciben tras el cese de servicios empresariales y la imposibilidad de operar del sector bancario internacional”.
“Los prolongados apagones interrumpen los servicios sanitarios -prosiguió-, provocan escasez crítica de medicamentos, incapacidad para el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer, y los residuos no recogidos se acumulan agravando el riesgo de propagación de enfermedades. La actividad turística y las inversiones extranjeras han desaparecido. Incluso se ha impedido que opere la ayuda humanitaria internacional tras el huracán Melissa”.
Esta situación “afecta de forma desproporcionada a mujeres, niños, personas mayores, en general a grupos vulnerables. Se está afectando gravemente derecho a la vida y a la salud”.
El portavoz parlamentario de IU no olvidó señalar que “desde 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado cada año y por mayoría abrumadora resoluciones que exigen el fin del bloqueo. España ha votado de manera constante a favor de estas resoluciones en defensa del Derecho internacional”.
