Izquierda Unida ha registrado una iniciativa parlamentaria para que el Congreso contribuya a mejorar de manera notable y en colaboración con los representantes de los/as profesionales de RTVE “la organización laboral de la Corporación como garantía de una buena prestación del servicio público audiovisual”.
Plantea, entre otras cuestiones, que la Cámara Baja inste al Gobierno a exigir a la dirección de RTVE “una relación de puestos de trabajo detallada de toda la plantilla en el plazo de tres meses, identificando código de plaza, unidad orgánica, departamento, ocupación tipo, descripción de funciones y tareas, formación requerida para el puesto, tipo de acceso y complementos específicos”, todo ello antes de demandar de los mismos responsables de la radiotelevisión pública “un plan de carrera de los/as trabajadores como corresponde a la función pública de toda empresa del Estado”.
El texto, con formato de proposición no de ley, ha sido registrado doblemente para ser debatido en el Pleno o en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, donde antes pueda lograrse cupo. El trabajo ha sido coordinado y lleva la firma de Francisco Sierra, diputado de IU y portavoz en esta misma comisión, además de la del portavoz parlamentario de la formación, Enrique Santiago.
Sierra destaca que RTVE “presta un servicio público especialmente relevante para la sociedad española”, al ser “un canal fundamental de comunicación para la ciudadanía, que busca garantizar una información objetiva, veraz y plural, contribuyendo a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas”.
El artículo 20.3 de la Constitución prevé la regulación por ley de la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado, garantizando, entre otros valores, el pluralismo de la sociedad. Al tiempo, la legislación establece también “mecanismos para conciliar la rentabilidad social como principio básico con la necesidad de acceder a la mayor audiencia posible, manteniendo los fines educativos, sociales e integradores propios del servicio público audiovisual”.
Sin embargo, el diputado de IU apunta sobre RTVE que “ni el marco normativo ha contribuido, ni la SEPI ha hecho posible, que la organización interna de las relaciones laborales responda a las exigencias propias de toda empresa pública, garantizando que la corporación cumple y establece un marco de organización de los recursos humanos acorde con los retos que la transformación digital introduce en el sector de medios de comunicación”.
Recuerda de igual forma que “RTVE es una SME del sector público institucional, con aproximadamente 7.000 personas en plantilla y con más de un 50% de su presupuesto proveniente de los Presupuestos Generales del Estado. Tiene asignadas unas funciones de servicio público recogidas en su correspondiente mandato marco, que ha de realizar con plantilla propia, entre las que se encuentran los porcentajes de producción que recoge el artículo 35 de la norma”.
No obstante, “a día de hoy no existe una relación detallada de puestos de trabajo con una sistematización de funciones, salarios, complementos y estructura definida de organización laboral”. Todo ello, se recuerda, a pesar de que desde el Grupo Plurinacional Sumar “se ha solicitado en varias ocasiones, en la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, la necesidad de una reorganización de la política de personal, estableciendo, por criterios de transparencia, como empresa pública, el catálogo de puestos de trabajo, la remuneración y perfiles necesarios a cubrir por la institución ante los retos de la revolución digital”.
Criterios en los nombramientos de libre designación
Igualmente, la proposición no de ley demanda “tal y como vienen vindicando los sindicatos, un plan de carrera para establecer criterios claros y objetivos de promoción y ascenso profesional”. Estima que en congruencia con el espíritu de la EMFA (European Media Freedom Act) en vigor desde agosto de 2025, “cuyo espíritu no es solo proteger a los medios y a las fuentes, sino la propia libertad de información periodística, es hora de sentar las bases de la autonomía en los medios públicos estableciendo reglas, funciones, procedimientos y concursos de promoción objetivados a partir de una RPT, como es normal en toda empresa pública del Estado”.
En su parte propositiva plantea también “exigir a RTVE que haga público, previo establecimiento y aprobación por su Consejo de Administración, los criterios de pertinencia, idoneidad y competencia en la designación de cargos de libre designación que han de ejercer funciones directivas, publicitando, además, sus remuneraciones como las de todos los complementos salariales del conjunto de la plantilla”.
Por último, reclama que se incluya en el contrato-programa “la validación y certificación de calidad de la organización de los recursos humanos por auditoría externa y promover en el IORTV un Observatorio de Análisis y Evaluación de Perfiles Laborales en Comunicación Audiovisual y Redes Digitales para la prestación del servicio público audiovisual”.
