El Congreso ha admitido la petición formulada por Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz del Grupo Plurinacional Sumar en la conocida coloquialmente como comisión de ‘secretos oficiales’ del Congreso para que comparezca la secretaria de Estado directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, para “informar sobre las cantidades de dinero público para silenciar relaciones sentimentales del rey emérito Don Juan Carlos, así como su uso concreto y motivaciones”.
La Mesa del Congreso responde así a la iniciativa que Enrique Santiago dirigió al órgano de gobierno de la Cámara Baja a mediados del pasado diciembre, después de que el Pleno aprobara su nombramiento como portavoz de la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados a propuesta de su grupo.
Tanto en legislaturas anteriores como en la actual la Mesa del Congreso ha bloqueado de manera sistemática cualquier iniciativa, incluidas las preguntas parlamentarias escritas dirigidas al Ejecutivo, que buscaran aclarar cualquier tema relacionado con el uso del dinero público a través de los fondos reservados y la Casa Real.
Diputados y diputadas de Izquierda Unida se han topado en la última década de forma reiterada con estas trabas para poder realizar su labor de información y control sobre las instituciones del Estado para la que están mandatados por su labor parlamentaria.
El último ejemplo de esta rocambolesca situación ocurrió el pasado septiembre, como expone Enrique Santiago en el texto de su solicitud de comparecencia de la directora del CNI ahora admitida por la Mesa. El portavoz parlamentario de IU relató que en el seno del Grupo Plurinacional al que pertenece, el diputado valenciano de Compromís Alberto Ibáñez había registrado una pregunta para su respuesta escrita sobre “la recuperación de fondos públicos reservados destinados a acallar la relación del rey Juan Carlos con María García García, más conocida como Bárbara Rey”.
Como en tantas otras ocasiones, el Congreso hizo llegar -en este caso el 10 de septiembre- una solicitud de ‘reformulación’ de la iniciativa, alegando que “conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la información apropiada sobre el funcionamiento y actividades del CNI se somete al conocimiento del Congreso de los Diputados a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados”.
Enrique Santiago ha tomado literalmente la palabra a la Mesa de Congreso y por eso registró su solicitud para poner en marcha la comisión de ‘secretos oficiales’ para que comparezca en ella la máxima autoridad del CNI.
El órgano de gobierno del Congreso no solo acepta ‘admitir a trámite’ esta propuesta, sino que ha dado traslado del acuerdo ‘a la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, comunicándolo al Gobierno, a los Sres. Diputados miembros de dicha Comisión y a la Dirección de Comisiones de la Secretaria General’.
Se da la circunstancia de que en julio de 2018 el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, ya compareció durante más de tres horas ante esta misma comisión de ‘secretos oficiales’, aunque lo hizo a petición propia, para dar explicaciones de la actuación del CNI ante la relación sentimental que Juan Carlos de Borbón tuvo con la por entonces llamada Corinna zu Sayn-Wittgenstein -hoy más conocida como Corinna Larsen-, la autoría de determinados videos y grabaciones aparecidas sobre este asunto, así como las acusaciones de supuestas amenazas a la amiga del rey emérito para que no aireara esa relación, acusaciones que Sanz Roldán negó en todo momento.
