El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado por Córdoba en el Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha expuesto esta mañana las prioridades políticas y económicas que esta formación va a defender también desde el grupo en el Congreso en los próximos meses entre ellas, de forma muy destaca, “la reducción de la jornada laboral” además de actuaciones precisas y contundentes para atajar el “voraz incremento del precio de la vivienda”.
De ahí que Santiago recordara en una rueda de prensa desde la sede de IU en Córdoba que la reducción de la jornada “es uno de los acuerdos del Gobierno de coalición y un avance que afecta a todos los trabajadores y trabajadoras de este país”, por lo que señaló con claridad que “esperamos que el Partido Socialista deje de poner trabas al cumplimiento de este acuerdo y que se vaya poniendo en marcha el calendario que ya se ha pactado gracias a las exigencias de Izquierda Unida y de todo el grupo parlamentario”.
Indicó junto al coordinador de IU Córdoba, Sebastián Pérez, y la secretaria provincial, Carmen María Ruiz, que esta reforma afecta también “en especial a sectores tan importantes como el del comercio, que aquí en la provincia de Córdoba es un sector realmente muy importante”.
Santiago recordó que la medida liderada por el Ministerio de Trabajo y pactada ya con los sindicatos “irá pronto a la Comisión General de Asuntos Económicos” y que lo que supone “la primera reducción de jornada que se acuerde desde la II República” “esperamos que se pueda tramitar en el Congreso de los Diputados por vía de ausencia, eso es lo que estamos negociando en este momento”, para las 37,5 horas de jornada semanales puedan ser una realidad el 1 de enero de 2026.
Mostró también “nuestro compromiso de impulsar una subida de los salarios en nuestro país”, empezando por “el salario mínimo interprofesional (SMI), que esperamos poner como mínimo en los 1.180 euros, una subida de un 4% más, por encima de la inflación, para mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y trabajadoras”.
En la misma línea, dijo que la actuación sobre el SMI “es el primer paso para conseguir la subida salarial desde los convenios colectivos” y mostró su confianza de que pueda hacerse también en “coordinación con las organizaciones sindicales en cada uno de los sectores más importantes”.
Enrique Santiago reiteró que “este año va a ser el de la lucha y el trabajo político institucional en favor del derecho a la vivienda”, que tachó como “el gran problema en nuestro país”. Explicó que nos encontramos ante “las consecuencias, más de 30 después, de que desregularan el mercado de la vivienda y haber permitido que se convirtiera no en un bien de primera necesidad, sino en un elemento especulativo”.
Propuestas claras
Advirtió de que “se van quedando en poco todos los esfuerzos que hemos hecho desde que llegamos al Gobierno de subida de los salarios, de reducción de la precariedad laboral, de transferencias económicas a las familias a través de las políticas de cuidados o de apoyo social”.
“Nuestra posición es clara -resumió-, primero hay que poner en marcha un parque público de vivienda preservado, es decir, que no pueda pasar a manos privadas. Y, en segundo lugar, hay que intervenir los precios de la vivienda, para que estén acordes a los ingresos de las familias en nuestro país”.
El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso pidió no olvidar que estas medidas económicas “deben ir acompañadas de una recuperación de las libertades públicas” frente a las “muchas amenazas” que existen.
Recordó que “hemos sido críticos con la propuesta lanzada por el Partido Socialista con esa ley de derogación de los delitos de libertad de expresión, pero solamente en lo que afecta a los sentimientos religiosos”. Expuso cómo desde Izquierda Unida y desde su grupo parlamentario está ya en marcha “una proposición de ley, ya admitida a trámite en el Congreso, pero paralizada en su trámite de aprobación que tiene que ser impulsado, para derogar todos los delitos del Código Penal introducidos en sucesivas reformas por el Gobierno del PP en el 2015 que afectan y limitan la libertad de expresión”.
Santiago reclamó al PSOE “ser más serios” porque “lo que defendemos es la recuperación plena de la libertad de expresión y abordar reformas institucionales profundas que democraticen instituciones del Estado, como el Poder Judicial”. Destacó que todo ello son cuestiones “incluidas en el Plan de Regeneración Democrática que acordamos con el PSOE en 2024 y que en este año 2025 tienen que tener un importante impulso”.
