El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha presentado esta mañana una ambiciosa Proposición de Ley Orgánica para la protección de los Derechos Humanos y la jurisdicción universal en España. Esta propuesta de reforma de la actual Ley del Poder Judicial busca que “en un momento en el que la impunidad transcurre por el planeta en muchos casos sin ningún límite, es importante recuperar lo que fue cercenado, primero por las reformas del año 2009 y luego por las del Gobierno del Partido Popular de 2014”.
Santiago puso en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso un ejemplo de plena actualidad que se vería directamente afectado si hubiera una ley en vigor como la presentada hoy: “el 3 de octubre recibimos aquí a una delegación de la organización israelí Comité Público contra la Tortura. Nos relató que los crímenes cometidos contra la población palestina en Israel habitualmente quedan en absoluta impunidad. No hay un mecanismo de persecución eficaz y no hay un interés de las instituciones judiciales en perseguirlo. Mientras, obviamente, los crímenes que se cometen contra la población israelí son siempre perseguidos de la forma más eficaz posible por parte de los tribunales de justicia de Israel”.
De la misma manera, detalló cómo el amplio ejercicio de la jurisdicción universal en nuestro país “fue ya limitado de 2009” y se produjo de esta manera por “una reforma en buena medida impuesta ya por Israel para cerrar un caso que se seguía en la Audiencia Nacional sobre ejecuciones extrajudiciales en Gaza mediante bombardeos contra la población civil”.
Preguntado por los/as periodistas sobre la vinculación directa del contenido de la proposición de ley que presentaba con los crímenes que el régimen de Israel está cometiendo contra la población palestina, Santiago explicó que “es muy sencillo” que “cualquier país evite el ejercicio de la jurisdicción universal, lo único que tiene que hacer es perseguir eficazmente los crímenes internacionales que se cometen en su territorio”.
“La activación del ejercicio de la jurisdicción universal -dijo- no depende del país que la contempla en su legislación, sino del país que no hace lo que tiene que hacer según sus obligaciones internacionales”.
Recordó cómo desde el primer momento rechazó los asesinatos de civiles israelíes perpetrados por los milicianos de Hamas, porque “los defensores de los Derechos Humanos condenamos todos los crímenes internacionales, de guerra, de terrorismo, de lesa humanidad y pedimos que se persigan”.
Ante la insistencia sobre lo que ocurre en Palestina, Enrique Santiago indicó que “ustedes recordarán que durante la ocupación nazi de Europa cada vez que había un ataque contra las fuerzas ocupantes, por cada soldado alemán muerto los nazis fusilaban a 10 resistentes o a 10 civiles. Mi pregunta es ¿hasta qué número de muertos vamos a seguir en Gaza? Las cifras hablan ya de 8.000 muertos y 17.000 heridos. ¿Hasta qué número de muertos va a continuar esto sin que haya un alto el fuego humanitario? Eso es de lo que se tiene que preocupar la comunidad internacional en este momento y no de la persecución eficaz que ya se hace en Israel de los graves crímenes que ha cometido Hamas”.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida entró también en más detalles sobre la iniciativa registrada esta misma mañana, impulsada y elaborada técnicamente por esta formación en el seno del grupo de Sumar. Recordó que España “ha sido un país pionero en la construcción de la jurisdicción universal para evitar la impunidad de graves crímenes internacionales, crímenes contra la humanidad, de guerra, genocidio”.
Desde 1870 en la ley provisional de la organización judicial de nuestro país existían normas que permitían este tipo de actuación. El principio y el sistema “quedó consagrado en la primera Ley Orgánica del Poder Judicial de la democracia, en 1985, para perseguir estos crímenes internacionales”, apuntó.
Explicó también que tras la reforma parcial en 2009 “se permitía continuar con la jurisdicción universal en determinados supuestos de forma limitada, pero con la reforma de 2014 del Gobierno del PP se eliminó el ejercicio de la acusación popular” y también “se multiplicó la exigencia de vínculos y puntos de conexión con España para llevar adelante estas causas: se exigía que la víctima fuera española y, lo más absurdo, es que se incluyó que el responsable, el victimario, fuera también español, tuviera residencia en España o se encontrara en España”.
Además, ese 2014 “se introdujo una disposición transitoria que obligó a archivar todas las causas que había abiertas, como el caso del periodista español José Couso, víctima de un crimen de guerra en Iraq”.
“Lo que proponemos con esta proposición de ley es volver al modelo de 1985, incluso conservando algunos de los requisitos de la reforma de 2009, con propuestas razonables que exigen algún vínculo del caso con nuestro país, salvo en los casos de genocidio, donde el bien jurídico protegido es la humanidad en su conjunto y debe ser perseguido eficazmente”, indicó el diputado de Sumar.
En la nueva proposición de ley orgánica “se recupera el ejercicio de la acción popular, eliminada totalmente en la reforma de 2014 con el señor Rajoy en el Gobierno” y se introduce “una mejora técnica respecto al sistema de 1985, concretamente la adaptación para poder perseguir delitos según leyes españolas o tratados internacionales ratificados por España, cuando se entiende que son delitos contra la dignidad humana y que vulneran Derechos Humanos básicos, por ejemplo delitos apartheid o de esclavitud”.
“Por supuesto -apostilló Enrique Santiago-, se incluye una disposición transitoria para poder recuperar los procedimientos que estaban en tramitación cuando se tuvieron que archivar, siempre y cuando reúnan los requisitos que establece la nueva ley”.
Sobre el apoyo futuro que pueda tener cuando se presente a tramitación en el Congreso, argumentó que “es una reforma que coincide con lo que los grupos parlamentarios aseguraron en la anterior legislatura a víctimas españolas afectadas por la reforma de 2014”, cuando dijeron que “les parecía razonable intentar volver a un modelo que permitiera que esos graves crímenes no quedaran en la impunidad. Por eso la hemos redactado de manera que pueda tener el máximo apoyo posible”.
El ejercicio de la Jurisdicción Universal perseguía crímenes internacionales impunes, como el de genocidio. Fue eliminado por el gobierno del PP.
Hoy que la impunidad se extiende sin límite, es importante recuperar lo que fue cercenado.#JusticiaUniversal⚖️ @EnriqueSantiago pic.twitter.com/vSZlwaI5kY
— Izquierda Unida🔻🇵🇸 (@IzquierdaUnida) October 26, 2023
