El Tribunal Constitucional ha impedido hoy que la voluntad popular se exprese por los cauces democráticos, esto es mediante el proceso legislativo que corresponde al Congreso y al Senado, negando el derecho que tiene la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a partir de sus representantes elegidos precisamente para poder desarrollar funciones legislativas en las Cortes Generales.
La decisión del TC vulnera todas las garantías que el Estado de derecho reconoce a cualquiera de las partes en procedimientos de este tipo, generando una total indefensión al no dar trámite de audiencia ni al Congreso ni al Senado, además que la decisión de la ajustada mayoría del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar las recusaciones del presidente, Pedro González-Trevijano y del magistrado Antonio Narváez supone una perdida de credibilidad del Tribunal, que por esta vía acepta las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley que cambiará el sistema de elección de los magistrados del órgano de garantías promovida por el PSOE.
La falta de imparcialidad mostrada al intervenir magistrados que estaban claramente afectados por causas de abstención o recusación convierte la decisión en nula de pleno derecho ya que fue adoptada por quien legalmente no debe adoptarla, además en ningún caso el Tribunal Constitucional tiene competencia para pronunciarse sobre un procedimiento legislativo que está inconcluso.
Ante esta irregularidad Izquierda Unida considera que no esta previsto ni en la LOTC ni en la Constitución que un recurso de amparo pueda impedir la actividad del legislativo, ya que no está concebido para interferir en la inviolabilidad de las Cortes Generales.
Lo que hay detrás de la modificación de la norma ahora bloqueada es la decisión de la mayoría parlamentaria de hacer cumplir la Constitución de renovar los órganos judiciales cuando corresponde.
Hace cuatro años que debía haber sido renovado el Consejo del Poder Judicial y hace seis meses debía haber sido renovado un tercio del Tribunal Constitucional. Y no están permitiendo la renovación porque eso les permite seguir controlando ambas instituciones.
La ofensiva de la derecha usando las instituciones como ariete supone amordazar al Parlamento y culmina un verdadero golpe de estado que a través de las togas busca ganar de esta forma lo que perdieron en las urnas.
Procede por tanto exigir al Tribunal Constitucional que respete el derecho de las Cortes Generales a llevar adelante sus competencias constitucionales y creemos que procede que se exija el respeto a esos derechos por los cauces legales establecidos ante el Tribunal Constitucional exigiendo que cese la situación de indefensión que ha creado a las Cortes Generales llevando adelante un proceso sumario sin ninguna garantía.
Sin perjuicio de lo anterior, y una vez estudiada con detenimiento la resolución del Tribunal Constitucional, no cabe duda de que debe prevalecer el criterio de la mayoría parlamentaria, que a su vez representa la voluntad popular, y por tanto llevar adelante la correspondiente reforma legislativa que permita la renovación de los órganos judiciales e impida que un grupo de magistrados del Tribunal Constitucional y un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial de forma coordinada con la derecha política permanezcan de forma indefinida incumpliendo la Constitución.
Llamamos por tanto a organizar una gran movilización social en defensa de la Democracia y exigiendo a la derecha el cumplimiento de la Constitución y el respeto al Estado social y democrático de derecho.
COLEGIADA FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA
