Enrique Santiago, portavoz adjunto de Unidas Podemos y vicepresidente primero de la denominada ‘comisión Kitchen’ -con el nombre formal de ‘Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular’- considera que la anterior “cúpula del Partido Popular”, de la que también formaba parte destacada como responsable nacional de Comunicación su actual presidente, Pablo Casado, debería “comparecer porque no están por encima ni de la ley ni de las responsabilidades”.
Para el también portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, además de Casado también debería acudir a la comisión el ex líder popular y ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Valora que la máxima dirección de los ‘populares’ si no ordenó la operación de espionaje desplegada desde el Ministerio del Interior al extesorero del PP Luis Bárcenas, “como poco la conocía”.
Santiago ofreció esta mañana una rueda de prensa en el Congreso junto a la portavoz de Unidas Podemos en esa misma comisión, Sofía Castañón, tras registrar el plan de trabajo elaborado conjuntamente por su grupo y el Grupo Socialista para el desarrollo de ésta.
Este plan de trabajo conjunto no incluye aún las peticiones de comparecencias. El diputado explicó que desde su grupo se “siguen negociando” éstas con el PSOE. Hasta entonces, se ha preferido que la comisión se centre en su inicio en la petición de documentación sobre el espionaje realizado por Interior en los últimos gobiernos del PP a Bárcenas. De esta manera se trata de encontrar más implicaciones directas del Partido Popular y de sus dirigentes en distintos casos de corrupción.
En concreto, se plantean que sea la Mesa de la comisión la que acuerde la solicitud de “cuantos documentos, informes, antecedentes o datos sean necesarios para investigar, esclarecer y analizar las actuaciones e informaciones que constituyen el objeto” de esta investigación.
Será ya en una segunda fase cuando se decidan las comparecencias que debe acordar en este caso la comisión en pleno. Enrique Santiago destacó que “se ha apostado por una transparencia absoluta”, ya que ningún grupo “tiene límites para plantear las comparecencias que considere” y, con posterioridad, “será la comisión la que decida las definitivas”. Las peticiones se podrán ampliar según avancen los trabajos.
Detalló también que su grupo ve necesario que además de los ya nombrados o la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, resulta imprescindible que se pueda preguntar en sede parlamentaria al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a su ‘número dos, el secretario de Estado Francisco Martínez. Ambos son los principales investigados por la justicia en la “trama Kitchen’, y protagonizan con sus enfrentamientos políticos e insultos la instrucción de esta causa en la Audiencia Nacional.
En relación con la oportunidad o no de llamar al ex comisario de policía preso desde hace varios años José Manuel Villarejo, Santiago indicó que “las declaraciones del señor Villarejo varían en función de sus intereses”, por lo que “cuanta menor intoxicación, mejor”. Indicó también que “no creo que sea bueno empezar por él, pero tendrá que llegar el momento de decidir si comparece o no”.
El portavoz adjunto de Unidas Podemos entiende que la comisión debería interrogar primero a las decenas de personas que han declarado ya en la Audiencia Nacional, y que tienen un “conocimiento parcial” de lo que ocurrió, a los que se puede dar mayor “credibilidad” que a otros acostumbrados a “inventar y manipular”.
Enrique Santiago explicó, al igual que recoge de manera clara en su primer párrafo el plan de trabajo registrado, que la comisión se debe centrar en “tres finalidades”, es decir, “investigar la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior y otras instituciones del Estado, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, de perseguir ilícitamente a personas y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular”.
