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Declaración Política de la Conferencia Interparlamentaria

Declaración final de la Conferencia Interparlamentaria de Izquierda Unida celebrada el 30 y 31 de enero de 2026 en Valladolid.

Nos encontramos ante un momento decisivo en la historia de nuestro país y del mundo. El auge de la extrema derecha y el resurgimiento del imperialismo más despiadado, y la crisis ecosocial en el marco del capitalismo nos obligan a redoblar nuestra lucha por una sociedad justa, solidaria y soberana.

Izquierda Unida, desde su firme compromiso con los derechos humanos, la justicia social, la democracia y la paz, reafirma que la única respuesta a los ataques de los poderosos es la organización colectiva, la resistencia, y la propuesta de un modelo alternativo basado en la igualdad, la dignidad y la soberanía de los pueblos.

En paralelo, la extrema derecha está consolidando su presencia en España y el mundo, promoviendo un discurso de odio, racismo y exclusión de las minorías. Este auge no es solo un fenómeno electoral, sino una agresiva ofensiva cultural que busca imponer un modelo de sociedad autoritario y patriarcal. Izquierda Unida entiende que la batalla cultural es una cuestión de supervivencia para las fuerzas progresistas. La extrema derecha ha logrado, mediante una gigantesca maquinaria mediática, trasladar su discurso de odio, exclusión y racismo a amplias capas de la población, modificando el sentido común y empujando a la sociedad hacia el abismo de la división. Frente a esto, la izquierda debe asumir con urgencia su responsabilidad de dar batalla en el terreno de las ideas, de recuperar el control del discurso público, de crear nuevas narrativas que no solo defiendan los derechos de las minorías, sino que también promuevan una visión solidaria, inclusiva y de convivencia entre los pueblos.

Por otro lado, la situación internacional sigue siendo devastadora. La política exterior imperialista de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, ha demostrado ser una amenaza no solo para la paz mundial, sino también para la soberanía de los pueblos. El secuestro ilegal de Nicolás Maduro y el bombardeo de Venezuela, que viola flagrantemente el Derecho Internacional, son ejemplos claros de la agresividad con la que Estados Unidos se comporta hacia los países que no se alinean con sus intereses. Esta ofensiva imperialista debe ser enfrentada con firmeza. Ante esta situación, Izquierda Unida reafirma su rechazo a la OTAN y su compromiso con la salida de España de esta organización militar que, bajo la hegemonía de Washington, sigue alimentando las guerras y la dominación global. Asimismo, emplaza a denunciar los acuerdos por los que se establecen en nuestro territorio bases militares estadounidenses en Rota y Morón.

En este mismo sentido, la lucha por la paz no puede ser una cuestión secundaria en las relaciones internacionales. La paz debe ser el fundamento de nuestra política exterior, tanto a nivel nacional como global. Rechazamos cualquier forma de agresión y creemos firmemente en el derecho de los pueblos a decidir su futuro sin la intervención de potencias extranjeras que imponen su voluntad por la fuerza. El genocidio en Palestina, perpetrado por el Estado terrorista de Israel, es uno de los crímenes más atroces de nuestro tiempo. Izquierda Unida, como siempre lo ha hecho, condena este crimen contra la humanidad y se compromete a luchar por el fin de la ocupación israelí y por la autodeterminación del pueblo palestino.

Pero los retos no se limitan a la política internacional. El mundo rural y las periferias de nuestra sociedad siguen siendo campos de batalla fundamentales en la lucha por la justicia social. El abandono del medio rural, la falta de servicios básicos y la despoblación son problemas que pueden tener consecuencias fatales, como tantas veces ha quedado demostrado, y requieren soluciones inmediatas. La escasa inversión y la brecha territorial siguen siendo una losa para miles de personas. Tragedias como la de Adamuz solo se pueden evitar con más servicios públicos. En Izquierda Unida, luchamos por un mundo rural con futuro, donde se garantice el acceso a servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y la vivienda. La justicia territorial y la financiación autonómica debe ir de la mano para asegurar que el conjunto de la ciudadanía, viva donde viva, tenga los mismos derechos y oportunidades.

Para ello, la financiación autonómica debe ser justas y solidarias. Izquierda Unida defiende un sistema de financiación que no solo garantice el acceso a los servicios públicos esenciales, sino que también acabe con la competencia fiscal entre comunidades autónomas y la desigualdad entre los ciudadanos. La igualdad no es negociable. El acceso a la sanidad, la educación o cualquier otro derecho no debe depender del lugar en el que se viva, sino de la necesidad de cada persona. Es hora de garantizar un sistema de financiación autonómica que ponga en el centro a las personas, que garantice un suelo de derechos para todos y todas. Esta es la lucha de Izquierda Unida: una financiación que ponga en el centro a las personas y sus derechos, no a los intereses de los poderosos.

Además, la financiación municipal sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro sistema. La gran carga que suponen las competencias impropias que asumen las corporaciones locales unida a la infrafinanciación de las mismas, tienen como consecuencia la pauperización de los servicios que los ayuntamientos prestan a la ciudanía y que perjudica especialmente a la clase trabajadora. Es urgente impulsar un debate amplio hacia un nuevo modelo de financiación que garantice ingresos suficientes para asegurar servicios públicos adecuados.

A esta lucha por los derechos fundamentales se suma el acceso a la vivienda. En España, millones de personas sufren la imposibilidad de acceder a una vivienda digna debido a la especulación inmobiliaria y la falta de medidas efectivas por parte de las instituciones. Izquierda Unida considera que la vivienda es un derecho, no una mercancía. La construcción de un parque público de viviendas en alquiler, la intervención en el mercado para regular los precios y la creación de medidas que favorezcan la emancipación juvenil son claves para resolver esta crisis. Mientras los grandes fondos de inversión siguen especulando con la vivienda, miles de familias siguen sin un hogar. Es necesario poner freno a la burbuja inmobiliaria y garantizar que la vivienda esté al alcance de todos y todas.

Es imperativo que pongamos en el centro de nuestras prioridades la protección de los derechos de los más vulnerables, especialmente de la infancia. La violencia contra los menores no puede seguir siendo una realidad oculta. Urge modificar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), para garantizar que ningún niño o niña quede desprotegido. Esto no solo es una cuestión legal, sino una responsabilidad ética que debemos asumir como sociedad: la defensa de los derechos de los menores es la defensa de nuestra democracia. En este sentido, el compromiso de Izquierda Unida con la protección infantil es un pilar fundamental que debe materializarse en políticas públicas eficaces y en un marco legislativo actualizado y adaptado a las necesidades de quienes más lo necesitan.

Por otro lado, no debemos ignorar los retrocesos en derechos fundamentales que se produjeron con anteriores gobiernos de derechas, y que todavía no se han revertido. Las normas “mordaza” que restringen derechos como la manifestación son un lastre que limita la participación política de la clase trabajadora. En este sentido, es urgente impulsar los trámites parlamentarios necesarios para llevar adelante estas derogaciones.

En cuanto al sector primario, no podemos ignorar las amenazas que sufre debido a acuerdos como el de MERCOSUR, que favorecen a la agroindustria depredadora en detrimento de los pequeños agricultores y la soberanía alimentaria. La sobreexplotación de los recursos naturales y las políticas neoliberales son las principales amenazas para los trabajadores y trabajadoras del campo. Izquierda Unida se compromete a luchar por una agricultura sostenible, que respete el medio ambiente y garantice el derecho de los pueblos a decidir sobre sus propios alimentos.

Conclusión

Izquierda Unida reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, libre y soberana. Frente a la ofensiva del imperialismo, el auge de la extrema derecha y las crisis sociales y ecológicas, necesitamos más que nunca un proyecto político transformador que ponga en el centro los derechos de las personas. La paz, la justicia social, la soberanía de los pueblos y la igualdad son los principios que guiarán nuestra acción en todos los frentes. Frente a las agresiones imperialistas y el avance del fascismo, Izquierda Unida será la vanguardia de la resistencia y la lucha por un futuro digno para todos.

Sin embargo, la gravedad de la situación exige la unidad de todas las fuerzas políticas progresistas, la sociedad civil y los movimientos antifascistas. La lucha contra el imperialismo y el fascismo no puede ser un esfuerzo aislado; solo con un frente común, amplio y diverso podremos frenar el avance de la ultraderecha y las políticas neoliberales que amenazan nuestra democracia. La inacción no es una opción. Es imperativo que todas y todos nos organicemos y actuemos, sin reservas, en defensa de la justicia, la paz y los derechos humanos.

Este es el momento de la unidad, de la resistencia colectiva y de la lucha contra quienes pretenden destruir lo que hemos construido. La historia no perdonará la indiferencia. La lucha continúa y debemos afrontarla juntos.

Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista.
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio porque yo no era socialdemócrata.
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté porque yo no era sindicalista.
Cuando vinieron a por los judíos, no dije nada porque yo no era judío.
Cuando finalmente vinieron a por mí, ya no había nadie que pudiera protestar.

Martin Niemöller, 1946.

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