El grupo parlamentario de Unidas Podemos, a través de los diputados/as Enrique Santiago, Martina Velarde y Juantxo López de Uralde, ha registrado en la Fiscalía General del Estado una segunda ampliación de su denuncia original, presentada el pasado 2 de abril, donde pone en su conocimiento nuevos ejemplos sobre la elaboración y difusión organizada de ciberbulos e informaciones tergiversadas lanzadas a través de las redes sociales para causar alarma y caos en medio de la crisis generada por la pandemia del Covid-19.
El contenido de esta nueva denuncia se centra en la actividad del subinspector de la Policía Nacional Alfredo Perdiguero. Éste ya aparecía en dos de las tres denuncias anteriores presentadas por estos mismos parlamentarios/as y se le identifica como una de las personas “difusoras de informaciones falsas con el objetivo de generar alarma social” a través de su cuenta en Twitter.
La Fiscalía abrió diligencias el pasado 15 de abril por otra denuncia también de parlamentarios de Unidas Podemos para poder investigar así la supuesta existencia de un entramado criminal detrás de la campaña de ciberbulos contra el Gobierno de coalición a raíz de la crisis del coronavirus.
Los denunciantes consideran ahora que este subinspector “continua realizando una campaña de intoxicación informativa, que parece a todas luces coordinada con otras personas de relevancia social o política”. En el escrito se argumenta este hecho a través de un nuevo caso concreto. Se trata del “supuesto apuñalamiento” ocurrido el pasado 20 de mayo durante una cacerolada contra el Gobierno por su gestión de la crisis del coronavirus en el barrio madrileño de Moratalaz.
“Según ha quedado constatado más tarde por diversos medios de comunicación -se ilustra en la denuncia-, la propia Jefatura Superior de Policía de Madrid ha desmentido que se haya producido una agresión con arma blanca”. Igualmente, desde Emergencias se confirmó que ese día atendieron a un varón de 34 años herido leve con contusiones en la cara pero desmintieron que esta persona tuviese ‘ninguna herida consistente con una puñalada’.
“En cuanto a lo realmente acontecido, los aquí denunciantes hemos podido constatar en diversos vídeos aparecidos en prensa como la supuesta agresión con arma blanca queda reducida a una caída involuntaria del supuesto agredido, existiendo claros pruebas videografías de que la persona que se cayó, golpeándose la cara, había iniciado el incidente al realizar un agresión contra varias personas concentradas en defensa de la sanidad pública”, detalla el escrito presentado en la Fiscalía, aportando además pruebas documentales de ello.
Los denunciantes identifican a Alfredo Perdiguero como una de las personas que a través de las redes sociales -Twitter en este caso- difundió esta información falsa del apuñalamiento, “acción que por reiterada en el tiempo da muestra del constante desprecio por la verdad del subinspector de policía y su ánimo de generar alarmar social”.
Advierten, además, que esta manera de proceder “no es compatible con las obligaciones y decoro que deben tener como premisa la actuación pública de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Mucho más teniendo en cuenta que “por ser director de una oficina de denuncias de la Policía Nacional tiene a su disposición los medios necesarios para verificar este tipo de sucesos”.
Enrique Santiago, Martina Velarde y Juantxo López de Uralde señalan que los hechos que denuncian “tienen una evidente apariencia de conculcar lo establecido en nuestro Código Penal, toda vez que han difundido un hecho temerariamente falso con el objetivo de alarmar a la población y generar inestabilidad social y política”.
“En este caso -indican- la conducta reiterada del señor Perdiguero se incardinaría (…) en diferentes artículos de nuestro Código Penal, siendo que específicamente la conducta del subinspector de policía concerniente a los hechos acaecidos en Moratalaz el 20 de mayo encajarían en las categorías de delitos de calumnias y delito de simulación de peligro”.
Solicitan también en relación a este subinspector que dada la reiteración en los hechos denunciados “y a la vista de su acciones maliciosas y contrarias al deber y lealtad al servicio público de protección a la ciudadanía que tiene encomendado” que se “dé traslado de la apertura de las presentes diligencias” al Ministerio del Interior y al Director General de la Policía para que “sea apartado de cualquier servicio oficial y suspendido de sus funciones en el Cuerpo Nacional de Policía”, de acuerdo con lo establecido en su régimen disciplinario.
Dado que aún no hay respuesta formal de la Fiscalía sobre la primera denuncia y su anterior ampliación -el Ministerio Público sí abrió diligencias de investigación penal sobre la que registró Unidas Podemos el 6 de abril por hechos similares pero con otros autores- los denunciantes solicitan que “se prosiga con las acciones penales que pudieran corresponder por los delitos enunciados en el cuerpo de este escrito” así como en los anteriores “contra el subinspector de la Policía Nacional Alfredo Perdiguero por los nuevos hechos relatados y contra cuantas otras personas pudieran aparecer como responsables de estos hechos”.
