El paquete de recuperación de 750.000 millones de euros presentado este miércoles por la Comisión Europea es la mitad de lo que habían propuesto España y otros países del sur en el Consejo, y un tercio del plan aprobado por el Parlamento Europeo hace unas semanas. Sin embargo, desde Podemos e IU entendemos que se han dado algunos pasos positivos.
Parece que la Comisión ha entendido la importancia de la inversión pública para garantizar los derechos de la ciudadanía. Algunas cuestiones como los 55.000 millones extra para los Fondos de Cohesión, el refuerzo de otros programas como el Fondo de Transición Justa o la inversión en fomentar un tejido productivo sostenible a través de planes estatales son muy interesantes.
Una parte de estos fondos va a destinarse a garantizar la solvencia de empresas privadas. Esto es fundamental, pero debe ir asociado a criterios sociales, como la obligación de que todas las empresas que se beneficien de estas medidas mantengan los puestos de trabajo, y que aquellas que no cumplan con sus obligaciones fiscales sean excluidas de los programas de ayuda.
Cada Estado parte de situaciones distintas y tiene necesidades distintas, pero somos interdependientes. Debemos poder utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para atajar la crisis sanitaria, económica y social sin dejar a nadie atrás y sin que la letra pequeña del paquete condene a las futuras generaciones. Nos gustaría poder creer a Von der Leyen cuando dice que “ningún Estado miembro deberá afrontar el dilema de responder ante la crisis o invertir en su población”.
Compartimos que se plantee la necesidad de generar recursos propios a través de impuestos en el mercado de carbono, y creemos que debe ahondarse en la tímida mención a los impuestos a las grandes multinacionales. Pero entendemos que esto tiene que ir acompañado de un plan real para acabar con la elusión y la evasión fiscal, y con los paraísos fiscales que existen dentro de la UE. Paraísos que, como los Países Bajos, generan una enorme desigualdad y repercuten negativamente en el conjunto de los Estados.
Nos preocupa que los planes de inversión de los Estados deban seguir las recomendaciones presupuestarias del Semestre Europeo. No olvidamos que en la última década la Comisión propuso, como parte de este sistema, recortes en Sanidad en España hasta en tres ocasiones diferentes. Este año las recomendaciones han sido muy diferentes por la pandemia, pero hablamos de un Plan de Recuperación hasta el año 2024.
No debemos cometer los mismos errores que en 2008. Hay que proteger a la población reforzando el pilar social que se resquebrajó en la anterior crisis y hay que garantizar un suelo de derechos sociales para la ciudadanía como se está haciendo en España. Toca también afrontar una transición energética justa y sostenible, orientada a combatir la precariedad (en todos los ámbitos de la vida) y a mitigar la crisis climática.
El proyecto presentado hoy es ambicioso, pero la inversión pública que necesitamos es incompatible con las actuales normas de fiscalidad. Desde la izquierda vamos a seguir demandando la supresión del Pacto de Estabilidad de forma definitiva como única manera de acabar de una vez por todas con la austeridad y para acometer los planes que necesitamos para poner verdaderamente lo público, lo común, en el centro.
Es inadmisible que, en este momento, la mayoría de los ciudadanos europeos sean rehenes de cuatro gobiernos que, desde el Consejo, han intentado dinamitar una y otra vez una salida conjunta a esta crisis. Es incomprensible, además, porque son los cuatro países que más se benefician del mercado único. Que el ejecutivo holandés ya haya comenzado a bloquear el paquete y pretenda alargar sine die las negociaciones es una falta de respeto a los pueblos de Europa.
La dimensión de la pandemia supera por mucho la capacidad de respuesta de cada estado por separado. No valen las respuestas nacionales.
