Izquierda Unida llama a secundar la convocatoria en defensa de los territorios y pueblos de nuestro país que sufren las consecuencias del abandono, el silencio, y el “ninguneo” de las políticas públicas desde hace muchas décadas. Una protesta convocada el próximo viernes, 4 de octubre, a las doce del mediodía ante las puertas de todos Ayuntamientos del país en donde se hará un paro simbólico de cinco minutos para denunciar “una situación que no puede esperar más y que afecta a todas las personas que habitan en ciudades y pueblos”.
La regresión demográfica se ha convertido en un problema de Estado y ha de responderse desde una perspectiva de gobernanza multinivel que conlleva la implicación de todas las Administraciones públicas en todos sus frentes de acción. Para Izquierda Unida, los datos no hacen más que subrayar esta urgencia de materializar políticas de Estado decididas que pasen de las palabras a los hechos.
En este contexto es el momento de repensar nuevas fórmulas de relación entre lo rural y lo urbano y de articular nuevos mecanismos de gestión y programación de Fondos Europeos, estatales y de las propias Comunidades Autónomas, porque el abandono que sufren quienes habitan el medio rural acabará afectando al conjunto de la sociedad, rural o urbana.
Estas nuevas fórmulas y mecanismos se definen en el concepto de “ruralización”, una vía de acción política para la recuperación de nuestra soberanía alimentaria, de convivencia y existencial, para la recuperación de los espacios vitales y habitacionales. IU entiende la “ruralización” de la vida como un medio de entretejer redes de convivencia, poner en valor lo comunitario y despatriarcalizar la sociedad.
“Vemos la necesidad, en el marco de un nuevo país que defendemos, de poner en marcha de una política vertebradora y de reactivación económica desde lo público que sea combativa contra la despoblación y sus causas”, señalan desde la formación política y social, que ha redactado un documento con siete puntos para luchar por el futuro de nuestros pueblos.
El texto recoge propuestas que van desde la defensa de una PAC justa, para quien trabaja la tierra; servicios como la educación, sanidad, dependencia y servicios sociales, cultura, correos, internet y banca garantizados; un plan de ampliación y mantenimiento de los servicios públicos de transporte; un plan de trabajo garantizado y otro de recuperación de viviendas; poner fin a los proyectos de macro granjas porque destruyen la producción local, ofrecen penosas condiciones de trabajo y son dañinas para el medio ambiente; y una lucha contra la tripe discriminación que sufren las mujeres en el medio rural: económica, social y cultural.
