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IU pide en el Congreso al Gobierno que explique si piensa actuar para que los bancos “aporten y financien soluciones efectivas a los cierres de oficinas en los pueblos pequeños”

La diputada Eva García Sempere denuncia en una iniciativa que pequeñas corporaciones del mundo rural "están destinando recursos para disponer al menos de un cajero automático en la población a través de convenios con una multinacional que cuenta con una extensa red de cajeros, es decir, se ven obligadas a destinar dinero público municipal para mantener el negocio bancario una vez cerradas las oficinas"

Izquierda Unida, a través de su diputada Eva García Sempere, ha pedido al Gobierno en funciones a través de una iniciativa parlamentaria que especifique si “va a promover alguna medida para que las entidades bancarias aporten y financien soluciones efectivas a los cierres de oficinas en pueblos pequeños del mundo rural”.

García Sempere ha registrado una pregunta en el Congreso para que el Ejecutivo responda por escrito donde recuerda que “el proceso de reestructuración en el que se ha visto inmerso el sector financiero español, la bancarización de las cajas de ahorro y la ausencia de instrumentos públicos financieros, unido a la despoblación de algunas regiones, han provocado que prácticamente la mitad de los pueblos de España se hayan quedado sin sucursal bancaria y sin cajero automático para disponer de efectivo”.

La parlamentaria de IU advierte de que “esta situación dispara el riesgo de exclusión financiera en las zonas rurales, sin que las entidades financieras ofrezcan soluciones satisfactorias, ya que atienden exclusivamente a la rentabilidad del negocio bancario privado”.

Izquierda Unida tiene constancia de que algunos pequeños ayuntamientos “están destinando recursos para disponer al menos de un cajero automático en la población, a través de convenios con una multinacional que cuenta con una extensa red de cajeros”. Además, en otros lugares se producen concursos públicos para instalar cajeros en pequeños municipios financiados con recursos públicos de las diputaciones.

“Es decir, estamos hablando -critica García Sempere- de que estas corporaciones se ven obligadas a destinar dinero público municipal para mantener el negocio bancario una vez cerradas las oficinas”.

Por todo ello, la diputada incluye también en su iniciativa la cuestión de “qué actuaciones piensa desarrollar el Gobierno para evitar el riesgo de exclusión financiera en las zonas rurales”.

Al mismo tiempo, plantea a los responsables económicos del Ejecutivo que hagan públicos todos los datos de los que dispone “sobre el número de municipios del mundo rural que ya no disponen de oficinas bancarias o cajeros automáticos”.

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