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Eva García Sempere cuestiona la “propaganda” del Gobierno y le exige que aclare si “garantiza por completo el acceso a la Sanidad Pública para las personas extranjeras que residen en España”

La diputada de Izquierda Unida pregunta al Ejecutivo de Sánchez en una iniciativa registrada en el Congreso si “está en riesgo la atención sanitaria de personas que se han reagrupado de manera legal con sus familias”. Pese a que el Gobierno ‘vende’ públicamente que gracias a su labor está garantizada la universalidad de la atención sanitaria a todos los residentes en nuestro país, una sentencia del Supremo rechaza en la práctica que la concesión de una tarjeta de residencia temporal de familiar de la Unión Europea a la madre de una ciudadana española reagrupada familiarmente suponga el derecho automático a la asistencia sanitaria

La diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere ha registrado en el Congreso una batería de preguntas donde cuestiona la “propaganda” y el “triunfalismo” de los que ha hecho gala los últimos meses el Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de ‘vender’ públicamente que gracias a su labor está garantizada la universalidad de la atención sanitaria a todos los residentes en nuestro país, que tristemente contrasta con la realidad y la situación práctica que constatan sentencias de los tribunales de justicia españoles.

García Sempere plantea en su iniciativa parlamentaria al Ejecutivo del PSOE, entre otras cuestiones, que aclare sin ningún tipo de utilización partidista si “considera que el acceso universal a la Sanidad Pública está garantizado completamente para las personas extranjeras que residen en España” y si cree que “está en riesgo la atención sanitaria de personas que se han reagrupado de manera legal con sus familias”.

La parlamentaria malagueña pone en marcha esta actuación parlamentaria, en coordinación con la red de activistas de Sanidad de IU, tras estudiar la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de mayo en la que el Pleno de su Sala de lo Social falla sobre el derecho a la asistencia sanitaria de una ciudadana española que reagrupó a su madre, de nacionalidad cubana, a la que le fue concedida la tarjeta de residencia temporal de familiar de la Unión Europea.

Eva García Sempere explica en su exposición que este fallo supone en la práctica que el Alto Tribunal “rechaza que la concesión de dicha tarjeta suponga la existencia automática del derecho a la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud. Entiende que la dinámica del derecho está sujeta al mantenimiento del requisito de su concesión, relativo a que el reagrupante disponga de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social durante el periodo de residencia y de un seguro de enfermedad que cubra los riesgos del reagrupado en España”.

La sentencia da la razón al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que presentó un recurso a un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que entendió que la mujer reagrupada reunía los requisitos para adquirir la condición de persona asegurada y beneficiaria a efectos de la asistencia sanitaria en España.

De ahí que la diputada de Izquierda Unida exija al Gobierno del PSOE que detalle por escrito con claridad “qué medidas va a tomar para impedir la exclusión sanitaria de las personas que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar”.

Diversas asociaciones y organizaciones que defienden la Sanidad Pública de carácter universal y los Derechos Humanos denuncian que la sentencia del Supremo pone en riesgo la atención sanitaria para miles de personas que se han reagrupado de manera legal con sus familias en España. Además, este fallo parece constatar que la actual normativa sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud no garantiza de manera absoluta la protección de todas las personas extranjeras.

Según Amnistía Internacional España, nos encontramos ante una sentencia que ahonda en la exclusión sanitaria de las personas reagrupadas legalmente y que da la espalda a las recomendaciones de mecanismos internacionales de protección de Naciones Unidas y del Consejo de Europa.

Eva García Sempere completa su iniciativa interrogando al Gobierno sobre “qué va a hacer para garantizar una verdadera y efectiva universalidad en el acceso al derecho a la salud”.

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