Izquierda Unida, a través de su equipo jurídico, “rechaza y no comparte en absoluto” que el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el denominado ‘caso Púnica’ de corrupción política y económica, Manuel García-Castellón, descarte de nuevo ‘por el momento’ ampliar la lista de imputados en esta causa, lo que supone en la práctica no citar en calidad de investigado al Partido Popular.
IU, que ejerce la acusación popular junto a otras asociaciones y formaciones en esta causa, recuerda que “llevamos más de dos años solicitando y argumentado de forma más que suficiente a raíz de las distintas pruebas y testimonios que se han ido conociendo la imputación del PP como partido político en esta causa”.
“Consideramos que existen sobrados motivos para hacerlo -señala-, y que desde hace tiempo quedaron superados razonamientos como los expresados por la Fiscalía Anticorrupción en el sentido de que es ‘prematuro’ citar al Partido Popular, entre otras razones por el avanzado estado en que se encuentra la investigación en el Juzgado Central de Instrucción nº 6”.
En la instrucción que lleva a cabo sobre la presunta existencia de una ‘caja b’ en el seno del PP de Madrid en los años en que Esperanza Aguirre e Ignacio González estuvieron al frente del Gobierno de la Comunidad, García-Castellón ha basado sus decisiones en el criterio expresado hasta ahora por Anticorrupción que, no obstante, reconoce ahora matices que no se había planteado antes en relación a la trama que encabezó supuestamente el empresario David Marjaliza.
De hecho, en el último escrito remitido al magistrado desde la Fiscalía Anticorrupción se indica que ‘la investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos que habrían podido atender pagos electorales, omitidos en la contabilidad de las campañas, gastos particulares del Partido Popular de la Comunidad de Madrid o enriquecido a terceros partícipes, no ha concluido todavía’, por lo que ‘consideramos que es prematuro realizar una valoración de la participación del propio Partido Popular que justifique su llamada a la causa’, rebajando el rechazo tajante existente hasta el momento.
Desde el equipo jurídico de Izquierda Unida se insiste en que “consideramos que la ley y la razón nos asiste en esta caso, por lo que no abandonaremos la línea seguida en todos estos años, de ahí que volveremos a insistir en ella”.
IU dirigió su último escrito al Juzgado Central de Instrucción nº 6 el pasado mes de octubre y solicitó a García-Castellón que acuerde “tener por investigada a la persona jurídica Partido Popular” e, igualmente, que cite a declarar a esta formación por su presunta participación directa en la ‘trama Púnica’.
Basaba esta petición en las importantes novedades de los meses anteriores, entre ellas la imputación decidida por el magistrado sobre quien lideró el PP madrileño durante más de una década y hasta 2016, Esperanza Aguirre, “así como a otros colaboradores y empresarios”, todo ellos por “estar involucrados en diferentes acciones con relevancia penal que giran en torno a la financiación ilícita del Partido Popular en Madrid”.
A ello se suman otros indicios aportados a la causa “sobre la perpetración de nuevos delitos vinculados con la financiación del Partido Popular entre 2012 y 2014, en concreto, la información remitida al Juzgado por parte de la empresa Indra y de diversos informes realizados por la Guardia Civil (UCO)”.
De esta forma, la representación legal de Izquierda Unida trasladó al magistrado instructor que la imputación del PP como persona jurídica “estaría justificada”, toda vez que este partido tomó “decisiones para generar un entramado de pagos ajenos al control del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y por ende del conjunto de la sociedad”, ya que “no solo no tomó ninguna medida para prevenir o erradicar en su seno este tipo de prácticas irregulares y delictivas, sino que desde el seno de la propia dirección del PP en Madrid se impulsó la adopción de estrategias y mecanismos de elusión del control público, que derivaban en la comisión de una multiplicidad de hechos delictivos por una pluralidad de personas físicas y jurídicas”.
El equipo jurídico de IU no olvidó ya entonces recordar a García-Castellón que “en su día, ante una petición similar a la que se formula en estas líneas, por parte de la Fiscalía, cuyos argumentos fueron considerados por el juez instructor y la sala resolviendo una apelación interpuesta por esta representación, se arguyó que era precipitado ampliar imputaciones y que no se podían basar en informaciones de los medios de comunicación cuando, para el concreto caso de la persona jurídica Partido Popular, se había creado una pieza separada por auto de 11 de mayo de 2017, en el marco de la DP 91/16, que llevaba por nombre ‘Pieza 4: Hechos referentes a la financiación ilegal del PP’”.
