El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, denuncia que el “escandaloso ejercicio de hipocresía y de ‘trilerismo fiscal’ que han logrado imponer las grandes compañías multinacionales aclaran mucho por qué están en juego en nuestro país servicios y derechos públicos fundamentales como la sanidad, la educación y la atención a la dependencia, o también las pensiones de nuestros mayores”.
Los datos que contiene el informe ‘País por País’ (‘Country by country’ / CBC según sus siglas en inglés) publicado ahora por la Agencia Tributaria en base a las cifras aportadas a través del modelo de declaración 231 “desmontan el mantra al que las grandes multinacionales y sus antenas mediáticas recurren hasta la extenuación de que si pagan apenas pagan impuestos en España se debe a que sí lo hacen en otros países. Los datos oficiales demuestran que es mentira”, advierte el dirigente federal de IU.
Las 134 grandes multinacionales con una facturación anual superior a los 750 millones de euros que operan en España y que presentaron sus datos a Hacienda en 2016 a través del modelo 231 cosecharon ese año nada menos que 91.849 millones de beneficio neto, por el que únicamente pagaron el 12,6% en concepto de Impuesto sobre Sociedades en todo el mundo.
Sánchez Mato expone que “si esta media de tributación de las multinacionales españolas muestra ya de por sí un porcentaje muy reducido, cuando se analiza un poco más la realidad pasa a ser simplemente escandalosa”.
Según reconoce la propia Agencia Tributaria, 27 de las multinacionales españolas que alcanzaron un beneficio conjunto de 25.325 millones de euros, apenas pagaron un 0’3% de Impuesto sobre Sociedades en todo el planeta.
“Si ampliamos un poco el foco -detalla el responsable económico federal de IU- las cosas apenas varían. Siempre según los datos oficiales que maneja Hacienda, 49 de esas multinacionales que lograron 28.835 millones de beneficio, solo pagaron el 3,1% de impuestos -907 millones de euros- a nivel mundial. Para que nos entendamos, eso supone apenas la mitad de lo que un mileurista paga en concepto de IRPF”.
Carlos Sánchez Mato insiste en que “esto que definimos con toda razón y en base a las cifras ofrecidas como ‘trilerismo fiscal’ solo es posible gracias a la inestimable colaboración de los sucesivos gobiernos que hemos tenido en los últimos años. Ninguno de ellos se ha atrevido a poner coto a la elusión fiscal que practican hasta lo inverosímil las grandes corporaciones”.
Expone que “en estos privilegios fiscales que permiten a las grandes multinacionales escapar de su obligación de pagar impuestos justos está la verdadera raíz de los recortes de derechos y servicios públicos como consecuencia de la deficiente recaudación en nuestro país, donde está incluido el deterioro de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades en España, que es un 40% inferior a la que se obtenía antes de la crisis”.
El de 2016 fue el primer ejercicio en el que entró en vigencia la obligación de información para recopilar datos agregados de las multinacionales para el intercambio de información entre administraciones tributarias que se estableció en los denominados acuerdos ‘BEPS’ (Erosión de Bases y Traslado de Beneficios en castellano) de la OCDE.
Pese a que la Agencia Tributaria recurre a la ‘exigencia de confidencialidad’ que señalan esos propios acuerdos ‘BEPS’ para no dar los nombres de esas 134 grandes multinacionales incluidas en el informe “entendemos que resulta imprescindible arrojar luz sobre esta situación”, señala Sánchez Mato.
“Debería imperar la transparencia -indica- para que toda la ciudadanía sea realmente consciente de cómo las grandes multinacionales, la mayoría con nombres de sobra conocidos, maniobran para pasar por encima del artículo 31 de la Constitución y la obligación que tienen según su capacidad económica de contribuir al sostenimiento del gasto público a través de un sistema tributario basado en la igualdad y la progresividad”.
Carlos Sánchez Mato sostiene en nombre de IU que “claro que hay recursos; por supuesto que hay dinero. Bastaría con poner en primer lugar los intereses generales de la ciudadanía para empezar a poner fin a estos escandalosos privilegios”.
