Izquierda Unida, a través de su responsable federal de Justicia e Interior, Enrique Santiago, y tras un profundo debate de su Comisión Colegiada, considera “inconstitucional” lo que no es más que “una flagrante limitación de derechos fundamentales impuesta por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez” a través del Real Decreto-Ley 14/2019 en materia de seguridad digital.
Santiago denuncia que “hay que ser especialmente claros ante cuestiones como ésta. Le decimos a este Gobierno en funciones, como haríamos con cualquiera que se diga democrático, que los derechos y libertades deben ser preservados, mucho más en situaciones de conflicto político. Son precisamente estas restricciones irresponsables las que agudizan los conflictos y deslegitiman a quienes las aprueban”.
Izquierda Unida advirtió ya desde que el Gobierno de Mariano Rajoy inició la judicialización del conflicto político catalán que acciones de este tipo “implican un grave riesgo para la democracia y las libertades públicas de todas las personas que viven en España”.
“Ahora -apunta Enrique Santiago- el Gobierno en funciones de Sánchez ha dado otro paso para limitar derechos fundamentales en plena campaña electoral, azuzando la crisis catalana con fines exclusivamente electorales e ignorando principios básicos de una democracia, entre ellos la separación de poderes”.
El 5 de noviembre entró en vigor el Real Decreto-Ley 14/2019, por el que el Gobierno en funciones se otorga competencias propias del Poder Judicial, competencias que solo pueden ser ejercidas por un ejecutivo previa declaraciones de Estado de excepción por el Parlamento. Con este decreto -aprobado en campaña electoral por un gobierno en funciones, lo que es especialmente significativo- el Ejecutivo socialista podrá intervenir en Internet, cerrar servidores y medios digitales en toda España sin autorización judicial….”y todo ello utilizando nuevamente Cataluña como excusa”, según el dirigente federal de IU.
Izquierda Unida muestra su “especial preocupación” por la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones. Implica que el Gobierno en funciones “se otorga la competencia para acordar la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas -la intervención de servidores y medios digitales- en supuestos que considere que afectan al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional”.
Enrique Santiago incide en que “no cabe duda de la inconstitucionalidad de esta medida en un Estado de Derecho, donde esas competencias corresponden a los jueces salvo que previamente el Parlamento acuerde un estado de alarma, excepción o sitio. El Gobierno pasa así por encima de las funciones propias del Poder Judicial y del Congreso de los Diputados”.
Igualmente se impide la utilización de servidores informáticos que contengan datos personales cuando estén fuera de la Unión Europea, limitando seriamente la libertad de escoger lugares de alojamiento de web que se entiendan más seguros o económicos para los usuarios.
El responsable federal de Justicia e Interior de Izquierda Unida detalla que, si bien conforme a lo declarado previamente por el Constitucional el decreto reconoce que cada administración puede diseñar su sistema de identificación electrónica, “lo que ocurre en la práctica es que el Gobierno se reserva ahora el derecho a autorizar dichos sistemas, ‘para garantizar la seguridad pública’. Al hacerse sin la necesidad de poner en marcha el mecanismo establecido en el artículo 155 de la Constitución, lo que ocurre de facto es que se anula la competencia que el Tribunal Constitucional reconoce a las administraciones públicas locales y autonómicas”.
El Real Decreto-Ley establece también que el Documento Nacional de Identidad electrónico (DNI electrónico) es el documento que acredita electrónicamente la identidad personal de su titular, restando valor a otros mecanismos legales de identificación digital, sistemas de identificación que sí están autorizados por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Enrique Santiago, también candidato número tres por Madrid al Congreso de Unidas Podemos, advierte de que “claramente estamos ante un decreto acordado ‘en caliente’, que incluso modifica artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana o ‘ley mordaza’, aunque en ninguno de los aspectos positivos que el Gobierno acordó cambiar con Unidas Podemos en el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado de 2019”.
“No dejaremos de denunciar que, una vez más, se recurre a utilizar la situación en Cataluña como excusa para limitar los derechos fundamentales de todas las personas que residen en todos los territorios de España. La búsqueda de réditos electorales se impone a la defensa de los derechos democráticos fundamentales”, apunta Santiago.
Para el dirigente federal de IU, que se imponga tal limitación de derechos “impide el debate en el Parlamento y supone rebajar aún más la calidad democrática en España. Nos retrotrae a otras graves modificaciones legales ejecutadas por gobiernos socialistas que luego fueron declaradas inconstitucionales, como la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘ley Corcuera’ o ‘ley de patada en la puerta’, que permitía a la Policía entrar y registrar un domicilio sin autorización judicial. Esta nueva ‘patada en la puerta’ también vulnera derechos fundamentales”.
