Izquierda Unida, a través de su Comisión Internacional, reclama la “libertad inmediata” para el excomandante y negociador de la guerrilla de las FARC Jesús Santrich, y exige al Gobierno colombiano de Iván Duque que “cumpla con los acuerdos de paz” y que “detenga la masacre de los paramilitares contra líderes sociales y exguerrilleros”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó ayer a la Fiscalía General de la República de Colombia que libere a Santrich, excomandante guerrillero y acreditado negociador en nombre de las FARC en las conversaciones para la paz que tuvieron lugar en La Habana. Fue acusado sin pruebas hace meses de narcotráfico por el Departamento de Estado de los EE.UU, que solicitó a Colombia su extradición.
El tribunal de la JEP afirma en su fallo que ‘La JEP de Colombia aplica la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández -nombre real de Santrich- porque las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. Se ordena a la Fiscalía de Colombia disponer su libertad inmediata’. Como consecuencia de este fallo y para no verse obligado a acatarlo, el fiscal general colombiano, Néstor Humberto Martínez, ha presentado su dimisión irrevocable.
La exigencia de IU al Ejecutivo de Iván Duque para que cumpla con todos los acuerdos de paz está vinculada a que, hasta ahora, “ha mostrado muy poca voluntad política de cumplirlos”, lo que tampoco debe afectar al “respeto escrupuloso de los fallos de los tribunales de la JEP, incluido todo lo que tiene que ver con la libertad de Jesús Santrich.
Para la Comisión Internacional de esta formación “Duque debe nombrar cuanto antes un nuevo fiscal general que sí respete todos los acuerdos de paz, incluidas las decisiones que emanen de sus órganos especiales de jurisdicción”.
IU ya denunció tras la detención de Santrich hace poco más de un año que la acusación de narcotráfico contra él era un “burdo montaje para boicotear el cumplimiento de los acuerdos”, ya que era “absolutamente increíble” que uno de los principales negociadores en La Habana se pudiera dedicar luego a preparar ‘el mayor envío de droga de la historia en Colombia a los EE.UU’, mucho más viviendo en una casa con control policial y plagada de cámaras de seguridad.
Esto explica que durante más de un año la Fiscalía colombiana no haya podido presentar a la JEP las pruebas que había solicitado.
Izquierda Unida entiende que la JEP “ha tomado la única decisión posible, como es aplicar la garantía de no extradición de Santrich a la vista de la absoluta falta de acreditación de una supuesta conducta criminal, ni por parte de la Fiscalía de Colombia ni por las autoridades de EE.UU”. Todo ello se ha hecho legalmente, aplicando una norma constitucional: el artículo transitorio 19 introducido por el Acto Legislativo 01 del año 2017.
Durante las conversaciones de paz ya se previó que las peticiones de extradición podían ser el punto débil por el cual los saboteadores del proceso intentarían crear problemas en el futuro. De ahí que se incluyera una regulación constitucional que obligaba a que ante cualquier solicitud en este sentido se evaluará el momento en el que se había cometido la supuesta conducta delictiva para ver si era anterior o posterior al proceso de paz.
La JEP también acordó ayer que, al no acordarse la extradición, y como ningún supuesto delito puede quedar impune, se pueda abrir para evitarlo un proceso judicial en Colombia en caso de que existan indicios o pruebas que puedan acreditarlo.
Por eso, para IU “resulta también muy sorprendente, aunque ilustrativo” que tras el fallo de la JEP, que en absoluto ampara la impunidad para nadie y para nada, “el fiscal general decida dimitir de su cargo en vez de impulsar una investigación en Colombia y presentar ahí las pruebas que dijo tener”.
IU recuerda también que la práctica habitual en los procedimientos de extradición es que sean regulados bilateralmente a través de ‘convenios de extradición’ y señala que en el caso de los EE.UU y Colombia “no existen este tipo de convenios bilaterales, a pesar de que la extradición es una práctica habitual, sobre todo del Estado colombiano hacia los Estados Unidos”. Aun así, cuando se aplican los procedimientos extradición con reciprocidad se parte de la base en Derecho internacional de que los dos países actúan ‘de buena fe’.
“A la vista de los hechos -valora IU-, es evidente que en este caso no solo no existe esa ‘buena fe’, sino que más bien todo parece responder a una acción coordinada entre la Fiscalía del dimitido Nestor Humberto Martínez y la Embajada de los EE.UU en Bogotá para obstaculizar el proceso de paz”.
También parece, según el desarrollo de los acontecimientos y de otras informaciones conocidas en ámbitos diplomáticos, que el interés en Santrich no es tanto del Departamento de Estado como de la Embajada de los EE.UU en Bogotá, que ha convertido el caso en un asunto personal entre el embajador Kevin Whitaker y el dimitido fiscal general.
Al margen de este caso, Izquierda Unida denuncia también el “aumento de los asesinatos de líderes sociales en Colombia. Su número alcanza los 600 crímenes desde 2016, junto a 131 exguerrilleros de las FARC. Todo ello es consecuencia de la creciente actuación criminal y la impunidad con la que operan los grupos paramilitares”.
El último asesinato, el pasado día 14, ha sido el de Wilson Saavedra, miembro de la dirección nacional del partido FARC y que se había acogido a programas de reinserción acordados en el proceso de paz. Ahora se dedicaba a impulsar proyectos productivos agrícolas en una cooperativa de ECOMUN, en el municipio de Tuluá.
IU considera “inaceptable” que el Gobierno de Iván Duque “siga sin tomar una sola medida contra el creciente paramilitarismo e incumpla el importante acuerdo del proceso de paz que le obligaba a crear una Fiscalía Especial contra estos grupos armados de ultraderecha”. Recuerda al mandatario colombiano que “su inacción supone la complicidad con los crímenes”.
