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Programa 29N 2026 – Bloque 1. La vivienda es un derecho

Programa de Izquierda Unida a las Elecciones Generales del 29 de noviembre de 2026

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) reconoce el derecho a una vivienda adecuada como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. La propia Constitución española, en su artículo 47, establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».

Izquierda Unida plantea en este bloque nuestra propuesta para hacer posible el artículo 47 de la Constitución.

Si algo es básico para la vida es conseguir que el derecho a la vivienda, a tener un hogar, no sea papel mojado. Sin embargo, la realidad es que brilla por su ausencia la capacidad de hacerlo efectivo, aunque lo consagre la Constitución. Miles de familias sufren desahucios, hacinamiento y muchas más se ven obligadas a vivir con la espada de Damocles sobre sus cabezas todos los meses, preguntándose si podrán pagar el alquiler o la hipoteca.

El derecho a la vivienda en España ha sido más teórico que real durante décadas. A pesar de contar con un serio anclaje legislativo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta Social Europea y en la Constitución Española, no se ha materializado para una gran parte de la población debido a que las políticas desarrolladas durante las últimas décadas han sido muy débiles y regresivamente orientadas como para hacer efectivo este derecho. El desarrollo de la vivienda como derecho tiene ventajas desde un punto de vista social (mejora de la equidad, del poder adquisitivo, de las condiciones de vida y un menor endeudamiento) y desde un punto de vista de eficiencia económica (acabar con la “extracción de rentas”, liberar recursos para el consumo y la inversión en otras áreas prioritarias, reorientar la actividad bancaria hacia otros sectores productivos, aumentar el uso de los activos inmobiliarios).

Según un informe publicado por CCOO, hemos dedicado recursos públicos insuficientes a políticas de vivienda en las últimas cuatro décadas. Pero además se han utilizado mal para conseguir buenos resultados. En España se han “privatizado” 2,7 millones de viviendas a precio asequible desde 1980 y se ha destinado un gasto público a vivienda de más de 200.000 millones de euros que hubieran permitido edificar 2 millones de viviendas públicas de alquiler. Es un grave problema de secuestro del interés general por intereses privados y también un problema de mala asignación de recursos y del alto coste de oportunidad de las políticas no realizadas. Así, España podría tener hoy un parque de vivienda asequible de cerca de 5 millones de viviendas (propiedad/alquiler) con el mismo volumen de esfuerzo público realizado durante estas décadas de periodo democrático.

Se ha priorizado la aprobación de regresivas bonificaciones fiscales a la compraventa de viviendas, en lugar del desarrollo de viviendas públicas. El resultado de este menor esfuerzo público sitúa a España como uno de los países de la Unión Europea con menos vivienda pública construida. Su peso sobre el total de viviendas principales (2,5%) es seis puntos por debajo de la media de la UE (9,3%), según el Boletín especial Vivienda Social 2020 del Observatorio de Vivienda y Suelo. Los países de la UE con mayor proporción de vivienda social en relación a su parque de viviendas son Países Bajos, con un 30% del total; Austria, con un 24% y Dinamarca, con un 20,9%. En el extremo opuesto se encuentran Grecia, Letonia, Lituania, Chipre y Malta, con un 0%, Rumanía, con un 1,5%; Estonia, con un 1,7% y Croacia, con un 1,8%. España también es el duodécimo país europeo con menos vivienda pública en relación con su población, al no llegar a una vivienda de este tipo por cada 100 habitantes. En el otro extremo están Países Bajos (12), Austria (10), Dinamarca (9,5), Suecia (8), Reino Unido y Francia que superan holgadamente la media de la UE (4).

Como resultado de la insuficiente inacción pública en nuestro país, los hogares han debido realizar en las últimas décadas un esfuerzo económico mucho mayor y sobre endeudarse, y se ha producido una elevada extracción y transferencia de rentas a favor del sector inmobiliario, al tiempo que amplias capas de población han permanecido marginadas de ayudas públicas y del derecho a un alojamiento digno.

El ámbito competencial en materia de urbanismo, suelo y vivienda es complejo y compartido entre varias administraciones (central, autonómica y local) lo que requiere la colaboración activa de todas ellas. Aunque las competencias para desplegar políticas específicas de vivienda corresponden a las comunidades autónomas y son las gobernadas por la derecha las que están poniendo dificultades para la aplicación de la normativa estatal, el Gobierno Central no puede eludir su responsabilidad. Debe legislar y regular en su ámbito de competencias (Ley del suelo y rehabilitación, Ley de arrendamientos urbanos, Ley de propiedad horizontal) e impulsar directamente actuaciones en materia de vivienda social. La ley de vivienda es un avance con respecto a la situación previa de insatisfacción de este derecho y es evidente que se ha llegado más lejos de lo que cabría esperar con la posición del PSOE. Pero no es la meta porque hay resquicios en la ley, el mercado los identifica muy rápido, y encuentra la manera de seguir aumentando las rentas.

Nuestra propuesta se articula en torno a los siguientes ejes:

  • Intervención del mercado y aplicación de medidas regulatorias para limitar los precios de los arrendamientos de vivienda habitual a un máximo resultante del promedio del 25% de la renta neta media por hogar de cada sección censal y el valor superior del rango de valores fijado en el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda. Podría suponer en promedio una reducción del 35% sobre los precios actuales. También se actuará contra la especulación de la vivienda y la proliferación de las turísticas y blindar la función social de la vivienda desde la planificación urbanística.
  • Garantizar que no haya ni un desahucio más sin alternativa de vivienda digna con programas de protección tanto a deudores hipotecarios como de arrendamientos.
  • Puesta en marcha de un Plan Estatal de Construcción, Expropiación a grandes tenedores y Adquisición de Vivienda para integrar en el parque público 1.500.000 de viviendas en los próximos doce años con una inversión anual del 1,2% del PIB.
  • Medidas fiscales para limitar las deducciones a quienes arrienden por debajo del límite máximo de precio fijado y para gravar las viviendas turísticas y a los grandes propietarios con el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas.

Además, es necesario actuar sobre la rehabilitación de viviendas bajo criterios de eficiencia energética y accesibilidad ya que la mala calidad constructiva es una de las tres causas de la pobreza energética, junto con la disponibilidad de renta y los precios de la energía. En España, más del 50 % de los edificios no disponen de aislamiento y el 97 % no cumple la normativa actual.

En definitiva, intervenir. Pero esta vez, hacerlo en favor de la mayoría social para beneficiar al menos a 3 millones de familias de forma directa (casi 8 millones de personas) y de forma indirecta a la totalidad de la población por el impacto económico positivo de estas medidas.

1. Intervención del mercado y medidas regulatorias

En el ámbito de intervención en el mercado y la adopción de medidas regulatorias

Proponemos:

  1. Convertir el derecho a la vivienda reconocido en la Constitución en un derecho exigible ante las instituciones tal y como recomienda el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
  2. Establecer el contrato indefinido como contrato por defecto para las viviendas en alquiler y se establecerá un esquema de incentivos que favorezca el acceso al arrendamiento de colectivos en situación de vulnerabilidad. Retomaremos la propuesta del Rel Decreto Ley rechazado para la renovación automática de los alquileres. Al igual que ocurre ya en el mercado laboral, la estabilidad tiene que ser la norma también para quien vive de alquiler. Mientras esa situación se extiende, renovación automática de los contratos de alquiler por plazos de cinco años (siete si el casero es una empresa). El casero podrá no renovar avisando con seis meses, pero deberá indemnizar al inquilino con doce mensualidades, salvo excepciones como necesitar la vivienda para él o su familia.
  3. Reforzar la defensa legal de los inquilinos e inquilinas frente a los abusos modificando la ley de enjuiciamiento civil para incluir como causa de oposición la existencia de cláusulas abusivas, así como desarrollar reglamentariamente la ley de arrendamientos urbanos para establecer un régimen sancionador aplicable a aquellos supuestos en los que se contravenga esta normativa.
  4. Creación de un Registro Estatal de Arrendamientos (en adelante, REA) que permita identificar y caracterizar, en tiempo real, el número de contratos de arrendamientos, tanto de vivienda habitual como de temporada, vigentes en España. El objetivo principal del REA será garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de arrendamientos para evitar, entre otras cuestiones, encadenamientos fraudulentos de arrendamientos de temporada, así como dotar al Estado de una fuente fiable y actualizada sobre la situación del mercado del alquiler, en especial en lo relativo al stock y al flujo de los contratos de arrendamientos en vigor que permita la caracterización de las partes arrendatarias y arrendadoras (porcentaje de personas jurídicas en la parte arrendadora, desgravaciones fiscales aplicables a la parte arrendataria etc.) El REA cruzará, de forma continua, su base de datos con la administración tributaria, para luchar así contra el fraude fiscal en este ámbito.
  5. Modificar la Ley de Vivienda para que la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado (en adelante, ZMRT) se realice de forma automática una vez se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 18.3 de la misma ley y se limite el precio máximo de los alquileres de vivienda habitual a un máximo resultante del promedio del 25% de la renta neta media por hogar de cada sección censal y el valor superior del rango de valores fijado en el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda.
  6. Creación de una Agencia Estatal de la Vivienda (en adelante, AEV) encargada del control del mercado de la vivienda. Sus funciones incluirán:
    • El monitoreo constante del mercado de la vivienda en España, en especial del mercado del alquiler residencial, mediante la centralización y posterior publicación de los datos relativos a estos ámbitos.
    • La eventual declaración de ZMRT cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley por el derecho a la vivienda.
    • El control y, en su caso, sanción de cualquier práctica que contravenga la normativa vigente en materia de vivienda, en especial, la recogida en la ley de arrendamientos urbanos.
    • La gestión del REA, en colaboración con las oficinas autonómicas y municipales de vivienda y del REVIVA, en colaboración con el Registro de la Propiedad.
    • La elaboración de un registro estatal de grandes tenedores, en colaboración con el Registro de la Propiedad.
    • La elaboración de registro de titularidad del suelo, con especial atención a la identificación de grandes tenedores de suelo urbano, al suelo de reserva destinado a vivienda protegida, así como al suelo de titularidad pública.
    • La gestión de las ayudas en materia de vivienda dirigidas a particulares, en colaboración con las CCAA, así como la gestión de las ayudas a la rehabilitación del parque edificatorio y de los entornos urbanos degradados, en colaboración también con las CCAA, mediante el establecimiento de una ventanilla única que tenga por objeto clarificar el actual sistema de ayudas tanto al acceso a la vivienda como a la rehabilitación.
  7. Prohibir la compra de vivienda en zonas tensionadas para usos diferentes a la vivienda habitual o el alquiler asequible. Para ello, se realizará el desarrollo reglamentario de la ley por el derecho a la vivienda con el objeto de caracterizar, de forma fehaciente, qué requisitos debe cumplir una vivienda para considerarse como vivienda habitual o asequible en régimen de alquiler. Así mismo, se prohibirá la concesión de nuevas licencias de alquiler turístico, o la renovación de las ya existentes, en aquellos ámbitos territoriales que hayan sido declarados como ZMRT.
  8. Modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para evitar la elusión de la regulación a través del alquiler de temporada y de habitaciones. Los alquileres con una duración igual o menor a 30 días pasarán a considerarse alquileres turísticos para evitar el fraude de ley de las plataformas turísticas y se equiparará el régimen jurídico, en especial en lo relativo a los mecanismos de contención de rentas, entre el alquiler de vivienda habitual y el alquiler de temporada, así como respecto del alquiler de habitaciones.
  9. Exigencia de que todo anuncio u oferta de una vivienda incluya número de registro del REA, la condición de gran tenedor del arrendador, así como el precio aplicable según el SERPAVI (Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda) y deber de colaboración de las plataformas, que tendrán que retirar los anuncios no conformes. También se establecerá un régimen sancionador estatal en materia de arrendamientos que incluya multas de hasta 1.000.000€.
  10. Crear un registro estatal de viviendas vacías. Para ello, se realizará el desarrollo reglamentario de la ley por el derecho a la vivienda con el objetivo de establecer los requisitos que caractericen a una vivienda como vacía. Este registro se elaborará a partir de diversas fuentes de información, como el censo de vivienda que anualmente elabore el INE, el padrón municipal, la información suministrada por los operadores energéticos o la administración tributaria. Así mismo, se tomarán medidas sancionadoras contra los grandes tenedores que mantengan una vivienda vacía y que están obligados a comunicar cuando la vivienda está en esa situación durante más de dos años, lo cual y permitirá a la Administración Pública incluirlas en el Programa de Adquisición de Vivienda Privada para incorporar los inmuebles al parque público y su posterior destino al alquiler social.
  11. Acabar con los alquileres turísticos ilegales y desincentivar el alquiler turístico en zonas tensionadas ZMRT.
    • Elevar a rango de ley la obligación de registro para alquiler de corta duración y régimen sancionador.
    • Obligar a las plataformas de alquiler turístico a facilitar información para garantizar el cumplimiento de la normativa.
    • Apoyar mediante recursos condicionados a los ayuntamientos y Comunidades Autónomas para que puedan hacer cumplir la normativa en materia de pisos turísticos y vivienda en general.
  12. Ampliación a un porcentaje del 50% como mínimo de edificabilidad residencial reservada en la Ley del suelo que deberá ser destinada a alquiler asequible (25% del ingreso medio de los hogares de cada zona censal) o a precio tasado equivalente si va destinado a la venta.
  13. Modificaremos la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana para que el suelo urbanizable destinado a vivienda que no haya sido ejecutado se convierta en dos años en suelo no urbanizable. Agilizaremos el cálculo del justiprecio penalizando el suelo infrautilizado o no edificado fuera de plazo para su expropiación forzosa y conversión en vivienda para alquiler asequible.
  14. Facilitaremos financiación a los ayuntamientos para que transcurridos los plazos de la licencia o del plan sin edificar, el Ayuntamiento pueda incoar un expediente, declarar el incumplimiento del deber de edificar y pueda llevar a cabo la expropiación forzosa de los suelos en poder de los especuladores abonando el justiprecio (calculado conforme al estado y cargas del suelo) para destinarlo a vivienda pública con alquileres asequibles.
  15. Regular la figura del proveedor social de vivienda para fomentar la ampliación del parque de vivienda asequible por parte de actores sin ánimo de lucro y lucro limitado.
  16. Establecer una portabilidad real para las hipotecas entre entidades, abordar las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios (REDAL, IRPH, multidivisa, etc…) e introducir una hipoteca a tipo fijo regulada.
  17. Puesta en marcha de una Comisión de investigación parlamentaria que analice la gestión desde 2012 de Sareb y depure las responsabilidades políticas de una gestión que nos ha costado hasta ahora 15.000 millones de dinero público y asumir 35.000 millones de euros de deuda pública.

2. Ni un desahucio más

Ningún desahucio más. Que ninguna persona o familia, que no pueda hacer frente a su hipoteca o alquiler, pueda ser desahuciada sin una alternativa habitacional digna.

Proponemos:

  1. Programa de Erradicación de los desahucios por hipotecas de primera vivienda mediante el cual, el Estado se haría cargo de la vivienda y la hipoteca, incorporando la vivienda al parque público y la familia continuaría en la misma con un alquiler social relacionado con sus ingresos. El coste de este programa según las estimaciones de desahucios realizados en 2025 ascendería al 0,10% del PIB e incorporaría un máximo de 20.000 viviendas anuales al parque de vivienda pública.
  2. Programa de Protección a los deudores hipotecarios ante las subidas de los tipos de interés. Se establecerá una deducción de hasta 300 euros al mes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en forma de “impuesto negativo” (similar a la prestación por maternidad). Podrían solicitarla quienes tuvieran ingresos de su unidad familiar de hasta tres veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), es decir, 21.600 euros anuales y su cuota hipotecaria supere el 40% de los ingresos netos del hogar. El programa podría beneficiar a 1 millón de familias hipotecadas y el coste anual ascendería al 0,10% del PIB.
  3. Programa de Protección para arrendatarios vulnerables que permitirá facilitar el acceso a alquileres sociales en el mercado libre a las personas víctimas de violencia de género, las personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables, incluidos supuestos de vulnerabilidad sobrevenida, mediante ayudas directas al alquiler y a los gastos de suministros y comunidad de hasta el 100% de la renta del alquiler y de dichos gastos. Se destinaría a ello un 0,10% del PIB y podría beneficiar a 500.000 familias.
  4. Desarrollar un sistema estatal de atención a las personas en riesgo de desahucio y sinhogarismo, involucrando tanto a la administración del Estado como a las administraciones autonómicas y locales. Para ello, se tomará como referencia el actual sistema Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en base al cual se establecerá un esquema de financiación común, así como un sistema común de atención a las situaciones en riesgo de desahucio y de sinhogarismo con protocolos que garanticen la atención inmediata ante estas situaciones.

3. Plan Estatal de Construcción, Expropiación y Adquisición de Vivienda

Para desarrollar el Plan Estatal de Vivienda que permita situarnos en la vanguardia de la UE. Para ello se cuadruplicará en la próxima legislatura el porcentaje de vivienda pública con respecto al total y se alcanzará el 10% en 2029 y el 20% en 2035.

Con las actuaciones existentes, se construirán, expropiarán y adquirirán 1.500.000 de viviendas en los próximos doce años con una inversión anual del 1,2% del PIB.

Proponemos:

  1. Prohibir de forma expresa la venta de patrimonio público de suelo y vivienda de las administraciones públicas mediante una modificación de la ley por el derecho a la vivienda y de la ley del suelo que convierta este patrimonio en dominio público inalienable, imprescriptible e inembargable Todo este patrimonio existente se pondrá a disposición del Programa de Construcción/Expropiación/Adquisición de viviendas públicas. Dicha prohibición se controlará mediante el monitoreo constante por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del censo elaborado a tal efecto.
  2. Realización de un censo, de forma semestral, del total de viviendas y suelos que sean titularidad de alguno de los tres niveles de la administración (local, autonómica y estatal), así como del conjunto de viviendas y suelos que tengan algún tipo de protección pública, ya sea de titularidad pública o privada. Para ello, se procederá al desarrollo reglamentario de la ley por el derecho a la vivienda en el cual se establezca la obligación de caracterización del tipo de protección de estas viviendas y suelos en el Registro de la Propiedad, así como el procedimiento de intercambio de datos entre este registro y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
  3. Programa de construcción de 600.000 viviendas públicas para destinarlas a alquiler social. Se construirían en los próximos doce años (50.000 unidades anuales) en el suelo urbanizable que sea propiedad de Sareb o ya traspasado a Casa 47 y el procedente de las administraciones públicas (terrenos ociosos del Ministerio de Defensa o de Adif). Para ello, se realizará un análisis de las características urbanísticas de estos suelos junto con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para priorizar la construcción sobre aquellos suelos que dispongan de conexiones cercanas a las redes de transporte público de masas (preferentemente, metro y servicios de cercanías). Se dedicaría un 0,50% del PIB anual a este Programa lo que supone 20 veces más que la partida presupuestaria dedicada a ello en 2022 y 100 veces más que la de 2021.
  4. Aprobación de una Ley de Expropiación a propietarios privados con más de 1.000 viviendas en la primera fase, de 700 viviendas en la segunda y de 50 viviendas en la tercera. Solo los primeros acumulan un total de 360.000 viviendas. Este ejercicio expropiatorio se basará en criterios objetivos que permitan identificar a los grandes tenedores a través del registro elaborado a tal efecto por la AEV. Afectaría a entidades como CaixaBank que tiene unos 22.000 inmuebles arrendados, seguido del fondo buitre Blackstone, con 19.600. Solo con estas dos entidades, la empresa pública Casa 47 dispondría de más de 40.000 viviendas para asegurar una adecuada política pública de vivienda. Se dedicará un 0,35% del PIB durante los próximos doce años y permitiría adquirir 40.000 viviendas cada ejercicio (480.000 viviendas en total).
  5. Reglamentar la adquisición de vivienda privada por parte del Estado para dedicarlas al alquiler social mediante la modificación de la ley por el derecho a la vivienda, dotado a la administración del Estado de la potestad del ejercicio del derecho de tanteo y retracto en determinados supuestos, como, por ejemplo, en la adquisición preferente de edificios enteros en ZMRT. Se dedicaría a este rubro un 0,35% del PIB durante los próximos doce años y permitiría adquirir 35.000 viviendas anuales para destinarlas al parque público (420.000 viviendas en total).
  6. Aprobación de un programa de apoyo al ejercicio del tanteo y retracto por parte de inquilinos a cambio de integrar de forma permanente la vivienda en el parque de vivienda protegido a perpetuidad.
  7. Garantizar el acceso efectivo de las cooperativas en cesión de uso a financiación y avales públicos del ICO (Instituto de Crédito Oficial), CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento) y otros organismos, con plazos largos, costes reducidos y cobertura de las fases iniciales de los proyectos.
  8. Plan de Adaptación Energética de las viviendas para reducir sus necesidades energéticas a la mitad. La inversión pública se desarrollará de manera directa en la rehabilitación de 250.000 viviendas anuales pertenecientes a familias vulnerables (2.500.000 en total del Plan). El compromiso es la adaptación y mejora del parque de viviendas en un horizonte de diez años, incluyendo el 80% del coste de esta actuación dentro del Plan de Empleo Garantizado. A tales efectos, la AEV implementará, en colaboración con las administraciones autonómicas y los colegios profesionales, una red de puntos de asesoramiento a la ciudadanía en materia de adaptación energética, así como en materia de rehabilitación del parque edificatorio.
  9. Permitiremos que las comunidades autónomas destinen el 20% de la deuda que se les condone a crear y ampliar su parque público de alquiler asequible, flexibilizando para ello sus reglas fiscales.
  10. Modificaremos las reglas fiscales para que los ayuntamientos puedan destinar íntegramente sus remanentes a la ampliación de su parque público de viviendas de alquiler asequible.

4. Medidas fiscales

Se adoptarán las siguientes medidas fiscales para desincentivar la especulación con la vivienda.

Proponemos:

  1. Reformularemos los incentivos fiscales al alquiler para que solo se beneficie quien alquila a precios asequibles. Las deducciones del IRPF por rentas de alquiler de vivienda se limitarán a los contratos cuyo precio esté por debajo del máximo fijado en el sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler. Aplicaremos el mismo límite a los beneficios fiscales del régimen especial de las SOCIMI y eliminaremos la bonificación del 40% de las rentas de alquiler en el Impuesto sobre Sociedades, salvo cuando se trate de alquiler asequible según ese índice. Las deducciones en el IRPF a las rentas por arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda se harán utilizando una escala inversa en relación con el precio máximo fijado legalmente por el SERPAVI (25% de la renta neta media por hogar de cada sección censal). En la medida en el arrendamiento sea más reducido en relación con el límite máximo establecido en la Ley, más porcentaje de bonificación fiscal.
  2. Modificación del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas para que los propietarios identificados en el registro de grandes tenedores tengan que contribuir por su patrimonio inmobiliario con un tipo del 5% anual.
  3. IVA del 21% a viviendas turísticas.
  4. Se garantizará que las ayudas a rehabilitación se destinen a aquellos inmuebles que sean la primera vivienda o vivienda en alquiler asequible.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto bajaría el alquiler con el programa de Izquierda Unida?

El programa de IU fija un precio máximo para el alquiler de vivienda habitual: el que resulte del promedio del 25 % de la renta neta media por hogar de cada sección censal o del valor superior del rango del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, el que sea mayor. Según el propio programa, esto supondría de media una reducción del 35 % sobre los precios actuales y que ningún alquiler supere el 25 % de la renta neta media disponible de las familias.

¿Qué propone Izquierda Unida para acabar con los desahucios?

Que no haya ninguno sin una alternativa habitacional digna. El programa de IU incluye un programa de erradicación de los desahucios por hipoteca de primera vivienda —el Estado asume la vivienda y la hipoteca, incorpora la vivienda al parque público y la familia continúa en ella con un alquiler social relacionado con sus ingresos—, un programa de protección para arrendatarios vulnerables y un sistema estatal de atención a las personas en riesgo de desahucio y sinhogarismo, tomando como referencia el sistema de atención a la dependencia.

¿Cuántas viviendas públicas promete Izquierda Unida y a quién expropiaría?

El programa de IU prevé 1.500.000 viviendas en doce años, con una inversión anual del 1,2 % del PIB, mediante construcción, expropiación y compra. La expropiación se haría por fases: a propietarios con más de 1.000 viviendas en la primera, más de 700 en la segunda y más de 50 en la tercera; solo el primer grupo acumula 360.000 viviendas.

¿Qué son las zonas de mercado residencial tensionado y cómo se declararían con Izquierda Unida?

Son las ZMRT, los ámbitos donde se limita el precio del alquiler. El programa de IU modifica la Ley de Vivienda para que su declaración sea automática en cuanto se cumplan los requisitos del artículo 18.3 de esa ley, sin depender de la decisión política de cada comunidad.

¿Qué es el Registro Estatal de Arrendamientos que propone Izquierda Unida?

Un registro (REA) que identifique en tiempo real cuántos contratos de alquiler hay en España, tanto de vivienda habitual como de temporada y de habitaciones, para evitar los encadenamientos fraudulentos y controlar el mercado. Cruzará su base de datos de forma continua con la administración tributaria.

¿Qué es la Agencia Estatal de la Vivienda de Izquierda Unida?

Un organismo para controlar el mercado de la vivienda: vigilar y publicar los datos del alquiler, declarar las ZMRT cuando se cumplan los requisitos, sancionar los incumplimientos, gestionar el REA y elaborar registros de grandes tenedores y de titularidad del suelo.

¿Qué haría Izquierda Unida con los alquileres turísticos?

Aplicarles un IVA del 21 %, prohibir la concesión de nuevas licencias —y la renovación de las existentes— en las zonas declaradas de mercado tensionado, exigir número de registro en todo anuncio y obligar a las plataformas a retirar los anuncios no conformes, con un régimen sancionador que puede llegar a multas de 1.000.000 de euros.

¿Cuántas viviendas públicas construiría Izquierda Unida?

Un programa de 600.000 viviendas públicas destinadas a alquiler social en doce años, a razón de 50.000 al año, en suelo de Sareb —o ya traspasado a Casa 47— y en suelo de las administraciones públicas. Forma parte del plan que suma 1.500.000 viviendas entre construcción, expropiación y compra.

¿Qué pasaría con el patrimonio público de suelo y vivienda con Izquierda Unida?

Se prohibiría expresamente su venta: pasaría a ser dominio público inalienable, imprescriptible e inembargable, y se haría un censo semestral de las viviendas y suelos de las tres administraciones y de los que tienen protección pública.

¿Qué propone Izquierda Unida para los hipotecados cuando suben los tipos?

Un programa de protección a los deudores hipotecarios con una deducción de hasta 300 euros al mes en el IRPF en forma de impuesto negativo, similar a la prestación por maternidad.

¿Qué plantea Izquierda Unida con los impuestos de la vivienda?

Que las deducciones del IRPF por alquiler solo beneficien a quien alquila por debajo del precio máximo, que los grandes tenedores paguen un 5 % anual sobre su patrimonio inmobiliario en el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas y que las viviendas turísticas tributen IVA del 21 %.

¿Qué propone Izquierda Unida para la rehabilitación de viviendas?

Un Plan de Adaptación Energética para reducir a la mitad las necesidades energéticas de las viviendas, con inversión pública directa en 250.000 viviendas anuales de familias vulnerables, 2.500.000 en total, y ayudas a la rehabilitación reservadas a quien las destine a primera vivienda o a alquiler asequible.

¿Qué es el contrato indefinido de alquiler que propone Izquierda Unida?

El contrato indefinido como contrato por defecto en el alquiler de vivienda, con renovación automática por plazos de cinco años —siete si el arrendador es una empresa—; el casero podrá no renovar avisando con seis meses, pero deberá indemnizar con doce mensualidades salvo excepciones como necesitar la vivienda para él o su familia.

¿Se puede exigir el derecho a la vivienda ante las instituciones con Izquierda Unida?

Sí: el programa convierte el derecho a la vivienda reconocido en la Constitución en un derecho exigible ante las instituciones, tal y como recomienda el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

¿Cómo financiaría Izquierda Unida su plan de vivienda pública?

Con el 1,2 % del PIB anual previsto en el plan, permitiendo además que las comunidades autónomas destinen el 20 % de la deuda que se les condone a ampliar su parque público de alquiler asequible y que los ayuntamientos puedan usar íntegramente sus remanentes con el mismo fin.

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