Izquierda Unida es una fuerza política imprescindible porque nace desde la necesidad de representar a la ciudadanía, surge para ser la voz de la calle y de la gente de a pie. Izquierda Unida, una organización política que este 2026 cumple cuarenta años y que se sustenta de las asambleas, los colectivos, los municipios, de su militancia de base que se deja la piel en cada lucha en su barrio o su pueblo. Es por eso, por su presencia en cada movilización y en el día a día de la lucha de la clase trabajadora por lo que IU es una fuerza política imprescindible.
Desde 2020, Izquierda Unida forma parte del Gobierno de España como socio minoritario. Estar en los gobiernos nunca ha sido para nosotras un fin en sí mismo, de hecho, convivimos con una contradicción constante que no escondemos. Porque las instituciones tienen límites, bloqueos y presiones, gobernar implica negociar y disputar cada avance. Pero es precisamente por eso, por lo que nuestra presencia importa. Porque cuando IU está, se va a pelear por la clase trabajadora y por los avances en materia de derechos. Nuestra presencia y, sobre todo, nuestro trabajo político, incomoda a los poderosos porque les quitamos privilegios.
No hablamos de “estar en los gobiernos” en abstracto, sino de para qué estamos. IU aporta coherencia, trabajo y rumbo político claro. Somos la garantía de poder tener un gobierno valiente en la defensa de la clase trabajadora, para ampliar derechos y libertades, proteger a las trabajadoras, combatir desigualdades y mejorar la vida de la mayoría social.
Sabemos los límites que suponen las correlaciones de fuerzas que condicionan los gobiernos de coalición, hay muchos cambios y medidas que aún quedan por conseguir, pero cada paso que se ha dado ha tenido sentido porque se han abierto conquistas y se han frenado retrocesos, ha merecido la pena estar para mejorar la vida de la gente incluso en las situaciones más hostiles y complicadas posibles.
Esta reciente legislatura además es sumamente compleja para nuestro espacio político, la mayoría de las derechas existente en el Congreso de los Diputados dificulta, más aún, nuestra posibilidad de conquistar avances políticos. El bloqueo de la derecha y la extrema derecha al gobierno de coalición nos aporta contradicciones, pero a pesar de ello, en un contexto muy difícil, hemos conseguido sacar adelante medidas, aumentar derechos y ser la excepción europea frenándole los pies al fascismo y la extrema derecha. Hemos conseguido numerosos avances gracias a nuestra participación en el gobierno de coalición. Pero ni muchísimo menos hemos llegado a la meta que buscamos. Queremos más. Mucho más.
A pesar de ello, y sin ánimo triunfalista, sí que es conveniente que recopilemos los pasos adelante que hemos podido dar en las instituciones para mejorar las condiciones materiales de vida de la mayoría social. En este capítulo se pretende recoger, ordenar y acreditar la aportación de nuestro espacio político, los avances logrados desde nuestra acción institucional, pero sobre todo desde el empuje social, fruto de una militancia comprometida y movilizada. Una rendición de cuentas para nuestra militancia y para la sociedad en su conjunto, pero también una afirmación política de que cuando Izquierda Unida está, la gente vive mejor. Nuestra fuerza siempre residirá en estar en la calle y en las instituciones, aportando dignidad y representando a nuestra clase.
1. Medidas para proteger a las personas en general, a los trabajadores y trabajadoras, a la infancia, la juventud y especialmente a las más vulnerables
- En 2020 se despliegan los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE), que han salvado casi 3 millones de empleos que fueron abonados por el Estado, evitando el consumo de derecho a desempleo y ha permitido salvar a cientos de miles de empresas, especialmente pequeñas y medianas. Una nacionalización de salarios para proteger a las personas trabajadoras.
- En 2020 se aprobó la suspensión de los procedimientos de desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables económica y socialmente de su vivienda habitual sin alternativa habitacional. Se ha venido prorrogando hasta el momento actual.
- En 2020 se puso en marcha del Ingreso Mínimo Vital, un avance histórico en los derechos sociales en nuestro país que garantiza que todos y todas las ciudadanas cuenten con un suelo de ingresos que les permita vivir dignamente y que no se deje a nadie atrás. Además, por la inflación existente, se ha realizado un 15% de incremento extraordinario de la prestación del IMV, así como se han incrementado las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de Seguridad Social, en su modalidad no contributiva en un 40% desde 2020.
- En 2020 se aprobó la prohibición de cortar los suministros (agua, luz, gas) a los consumidores vulnerables. Se ha ido prorrogando hasta la actualidad.
- En 2020, durante la pandemia, se limitaron los precios ante productos y servicios de primera necesidad, como las mascarillas y los servicios funerarios, y se garantizaron los derechos de las personas consumidoras ante la interrupción de los servicios (como por ejemplo la devolución del pago de viajes, hoteles o entradas de espectáculos que no se pudieron celebrar). Posteriormente, en 2026 se ha aprobado un Real Decreto-ley 4/2026, para garantizar la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia.
- En 2020 se aprobó la protección mediante el bono social para extender los descuentos en la factura de la luz a más familias para combatir la pobreza energética. El Gobierno amplió el bono social a unos 600.000 nuevos hogares, de modo que hasta 1,9 millones pueden beneficiarse de descuentos de hasta el 70% en su factura.
- En 2021 se aprobó la LO 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, pionera en el entorno europeo en la garantía de los derechos de la infancia.
- En 2022 se reguló legalmente por primera vez la figura de la persona consumidora vulnerable, habilitando así a los poderes públicos a adoptar medidas que garanticen la igualdad en las relaciones de consumo de estas personas.
- En 2022 se dota legalmente por primera vez a la Administración General del Estado de competencia para sancionar fraudes o prácticas ilegales de consumo que afectan al interés general o al conjunto del Estado.
- De 2021 a 2024 se reforzaron los derechos de las personas consumidoras y usuarias, se adecuó la protección del consumidor a la normativa europea y se ampliaron los instrumentos legales para su protección. Se prohibieron los números 902 (de coste para el usuario), se aumentó la transparencia en la publicidad y reseñas de productos y servicios y se amplió el plazo de garantía legal de 2 a 3 años, o hasta 10 años el plazo para disponer de piezas de repuesto (derecho a reparar).
- En 2022 se fortalece el apoyo al transporte público con ampliación del 50% al 100% de los descuentos, con lo que pasan a ser gratuitos los abonos de autobuses en los trayectos con concesión de servicio público. En cuanto a los trenes, se prorrogan también durante todo 2023 los abonos gratuitos en Cercanías en el precio de los abonos de transporte público (100% en el caso de los abonos de empresas de titularidad estatal). El uso del tren se ha disparado gracias a estas medidas y ha evitado más de 75 millones de desplazamientos en coche en ocho meses.
- Aprobación de un Cheque de 200 euros para las familias con ingresos con unos ingresos inferiores a 27.000€ anuales en 2022 como escudo anti inflación. Benefició a 5,6 millones de hogares y tuvo un coste de 1.300 millones.
- En 2022 se produjo la aprobación de la primera intervención estatal en el mercado del alquiler. limitando al 2% la revalorización de los alquileres y protegiendo a millones de familias de subidas desorbitadas. Desde 2022 está en vigor el Bono alquiler joven que ofrece una ayuda de hasta 300 euros mensuales para personas de entre 18 y 35 años, con una duración máxima de 24 meses
- Aprobación del mecanismo ibérico de tope al gas en 2022, que rebajó la factura de la luz y que ha permitido ahorrar un 32% en la factura de la luz a nueve millones de hogares que tienen la tarifa regulada de electricidad, lo que ha significado un ahorro medio de 209 euros hasta diciembre de 2022 y de 4.500 millones en conjunto.
- Aprobación de la Ley de Vivienda en 2023 que permite la regulación de los precios de alquiler en zonas tensionadas. Esta ley también limita la subida de los precios de los alquileres anualmente, además de otras muchas medidas que afectan a “grandes tenedores”, “viviendas vacías” y control del parque público de vivienda.
- Reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que amplía los derechos de las personas con discapacidad y elimina del texto la expresión «disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos». 2024
- Desde 2023 se ha incrementado la prestación por desempleo un 20% a partir del sexto mes, al recuperar el 60% de la base reguladora para el cálculo que fue recortada por el PP al 50% en 2012. Esta medida ha beneficiado a unas 300.000 personas.
- Transformación del SEPES en una empresa pública de vivienda en 2025, transfiriéndole más de dos millones de metros cuadrados de suelo público. Movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, el conocido como “banco malo” para destinarlas al alquiler «con precios asequibles». En concreto se reservarán 21.000 de estas viviendas para poner a disposición municipios y comunidades autónomas. Y en 14.000 viviendas de este parque de la Sareb ya habitadas se impulsará el alquiler social. También se promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles del denominado banco malo.
- En 2025 se aprobó un programa de garantías públicas para los propietarios que alquilen sus pisos a un precio justo, consistente en avales del Estado para cubrir impagos de jóvenes y colectivos vulnerables. La medida, gestionada por las comunidades autónomas con financiación estatal, protege contra impagos de renta, suministros y daños en la vivienda.
- Se han eliminado las Golden Visa en 2025, que incentivaban la especulación inmobiliaria con la concesión de la residencia a millonarios que compraban viviendas.
- Aprobación de un Plan de Acción de Salud Mental en 2025.
- Creación de una Agencia Estatal de Salud Pública en 2025.
- Ayuda de hasta 100€ para todos los jóvenes menores de 16 años que necesiten apoyo para acceder a gafas o lentillas en 2025.
- Aumento de las plazas de Formación Sanitaria Especializada hasta alcanzar las
12.366 convocadas para 2026, un 54% más que en 2018.
- En el ámbito educativo, se han creado 15.400 nuevas plazas públicas para niños de 0-3 años; se ha concedido becas a 964.000 estudiantes, un 23% más que cuando gobernaba el PP y se han creado 368 nuevas ofertas formativas y 53.000 nuevas plazas de Formación Profesional (FP), lo que supone un total de 380.000 nuevas plazas de FP creadas desde el comienzo de los fondos Next Generation.
- En 2025 se ha aprobado la reforma conjunta de las leyes relativas a los derechos de las personas con discapacidad y a la autonomía personal y la atención de las personas en situación de dependencia. Se ha elevado la financiación en Dependencia por tercer año consecutivo, con más de 783 millones de euros.
- En 2025 se ha desarrollado el procedimiento de traslado desde Canarias, Ceuta y Melilla y reubicación de menores extranjeros no acompañados, asegurando la garantía del interés superior del menor, una distribución equitativa y una cooperación efectiva entre administraciones, sobre la base de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2025, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior del menor y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
- En 2026 se ha aprobado en Consejo de Ministros la modificación del Reglamento de la ley de extranjería para articular un procedimiento para la regularización de personas extranjeras que se encuentren en territorio español antes del día 31 de diciembre de 2025. La regularización reconoce y dignifica a quienes ya viven entre nosotros. Tomamos el camino que nos ha marcado la iniciativa ciudadana (Iniciativa Legislativa Popular) respaldada por más de 700.000 firmas y por una amplísima mayoría del Congreso (310 votos a favor y 33 en contra).
- Aprobación en 2020 de la modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) y derogación de la “LOMCE”, que blindó la educación pública, mejoró la educación inclusiva, prohibió la cesión de suelo público a escuelas privadas y atacó la segregación escolar sexista.
- Aprobación Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional para compatibilizar la formación de los estudiantes con prácticas remuneradas en empresas, para que quienes se acojan a este tipo de enseñanzas acumulen experiencia laboral desde el inicio
2. Más empleo y de más calidad
- El salario mínimo ha subido de 735 a 1.221 euros al mes en catorce pagas en 2026. Esto beneficia a más de 2,3 millones de personas trabajadoras. Con esta subida el Gobierno de coalición ha elevado el SMI en términos nominales un 66% desde que desalojamos al PP en la moción de censura en 2018, 486 euros al mes. España ha pasado de tener uno de los SMI en relación con los salarios medios brutos más bajos de la UE, a situarse por encima de la media simple de los países de la UE. Se trata de la mayor senda de subida de nuestra historia y beneficia especialmente a los colectivos con rentas bajas y a los trabajadores más precarios (jóvenes, mujeres, etc.).
- Reducción de la tasa de Desempleo, desde el 13,78% en 2019 (15,55% en mujeres) hasta el 9,93% (11,24% en mujeres) en 2026. Las mayores reducciones se han dado también en la franja de menores de 25 años, desde el 30,51% al 23,01% en el mismo período temporal. Esto nos lleva a los datos más bajos de desempleo desde 2008, y contrasta con los máximos históricos del 27% en 2013, bajo gobiernos del Partido Popular.
- Prohibición del despido objetivo por bajas médicas en 2020 (derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores).
- Aprobación en 2021 de la ley que garantiza los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales, conocida como ley rider para acabar con el fraude de los falsos autónomos en las plataformas digitales de reparto.
- Acuerdo para la reducción de la temporalidad en el empleo público de 2021 con la finalidad de adaptar y hacer más eficiente el funcionamiento de las Administraciones Públicas, para garantizar unos servicios públicos de calidad.
- Aprobación en 2021 de la primera reforma laboral que supone una recuperación de derechos para los trabajadores y trabajadoras y que incorpora medidas ambiciosas para luchar contra la temporalidad y la precariedad, así como para reequilibrar la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios.
- Reconocimiento del derecho a paro y protección por desempleo de las trabajadoras del hogar en 2022 que ha beneficiado a un colectivo de aproximadamente medio millón de personas, de las que más de un 95% son mujeres.
- Acuerdo para una Administración del siglo XXI, de octubre de 2022 que devuelve a los empleados públicos los derechos perdidos en la anterior crisis: incremento salarial, jornada de 32 horas, obligación de dotarse de un Plan de Igualdad, digitalización, teletrabajo, etc.
- Puesta en marcha del Observatorio de Márgenes Empresariales en 2023 para posibilitar un reparto más justo de la plusvalía que se genera en las empresas entre las personas trabajadoras, los accionistas y los altos ejecutivos. El observatorio de márgenes será también una importante herramienta de política económica moderna, pues ayudará a domeñar la inflación sin necesidad de destruir la economía.
- Aprobación de la Ley de Impulso de la Economía Social en 2024 para actualizar y mejorar el marco normativo del sector, ajustando un modelo eficaz a las nuevas circunstancias económicas y sociales. Atendiendo a los resultados, la economía social incorpora mayor porcentaje de mujeres mayores de 45 años que la economía mercantil y el diferencial es aún mayor en el caso de las mujeres mayores de 55 años. Las brechas salariales de género en la economía social son notablemente inferiores a las observadas en la economía mercantil (en la economía social las mujeres cobran un 6% menos que sus compañeros varones frente al 20%) Las brechas salariales de género se incrementan con la edad, pero son inferiores siempre en la economía social. En la economía social, el número de excedencias es mayor en un 50% respecto a las empresas de economía mercantil.
- Aprobación por parte del gobierno a final de 2025 del Anteproyecto del Estatuto del becario para eliminar o al menos reducir la explotación que ocurre en las prácticas extracurriculares, donde se produce la mayor parte del fraude, garantizar la labor formativa de las prácticas y mejorar y agilizar el proceso judicial para estos casos y remunerar los procesos formativos en la empresa. Recoge multas de hasta 225.000 euros por incumplir los derechos de los alumnos, compensaciones por los gastos y limita las prácticas extracurriculares a 480 horas, entre otros. La formación tiene que estar destinada sencillamente a aprender y no a sustituir a personas trabajadoras o relaciones laborales en las empresas.
3. Mejoras en las pensiones públicas
- Se ha garantizado desde 2021 el poder adquisitivo de las pensiones recuperando la revalorización conforme al IPC por ley y se deroga el factor de sostenibilidad, dos elementos lesivos para los y las pensionistas que impuso el PP con su reforma de 2013. La subida acumulada de 2021 a 2026 de las contributivas ha sido del 23%, 15 veces más que lo que se hubiesen incrementado sin la reforma.
- Más todavía se han incrementado las pensiones mínimas y las no contributivas que han crecido un 52% desde 2021, 35 veces más que lo que hubiesen subido sin la reforma.
- Mejora de los ingresos de la Seguridad Social para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones público. Se elevan las bases máximas de cotización, se establece una cotización adicional de solidaridad y se alarga e incrementa el mecanismo de equidad intergeneracional.
- Para disminuir la brecha de género en pensiones, se aprobó en 2021 que los tres primeros años de excedencia por el cuidado de familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad se considerarán efectivamente cotizados. Asimismo, los tres primeros años de reducción de jornada por el mismo motivo serán cotizados por el 100% de dicha jornada sin reducir. Finamente, el complemento de la pensión por brecha de género tendrá una revalorización adicional del 10% en el bienio 20242025.
- Para mejorar la pensión de aquellas carreras irregulares, sobre todo de mujeres, se amplía en 2023 la denominada cobertura de lagunas (periodos intermitentes no cotizados en una vida profesional que se consideran cotizados a efectos de pensión). Se mantiene que los vacíos de cotización se compensen con el 100% de la base mínima los primeros 48 meses (cuatro años), y con el 50% de la base mínima a partir del mes 49. Pero se añaden para las mujeres trabajadoras por cuenta ajena, el 100% de la base mínima entre el mes de vacío 49 y el 60 (esto es, el quinto año) y el 80% de la base mínima entre el mes 61 y el 84 (ampliándose esta cobertura de lagunas para las mujeres del cuatro a siete años).
- Desde 2023 la cobertura de lagunas de cotización beneficia por primera vez a los autónomos. En concreto, a aquellos trabajadores por cuenta propia que tengan de estas lagunas precedidas por el disfrute de una prestación por cese de actividad, que tendrán una cobertura de seis meses con el 100% de la base mínima de cotización.
- Se fija en 2023 un mecanismo de subida de las pensiones mínimas contributivas y asistenciales. Las primeras subirán más que el IPC hasta 2027 (alrededor de un 2% más cada año). A partir de ese año se establece un suelo según el cual las mínimas contributivas de jubilación con cónyuge a cargo no podrán ser inferiores al 60% del umbral de la pobreza para un hogar compuesto por dos adultos. El resto de las mínimas contributivas de jubilación convergerán hasta 2027 con las de mayores de 65 con cónyuge a cargo, subiendo el IPC más el 50% del alza adicional de estas últimas (esto sería un 1%). En 2027 la mínima contributiva de jubilación rondará los
16.300 euros anuales.
- En 2023 se aprueba que las pensiones mínimas no contributivas (asistenciales) subirán también el IPC más el mismo 1% del resto de mínimas contributivas de forma que en 2027 no puedan ser inferiores al 75% del umbral de la pobreza de un hogar unipersonal. En 2027 la pensión mínima no contributiva será de unos 8. 250 euros al año.
- Aprobación en 2023 del Real Decreto de Jubilación Anticipada personas trabajadoras con discapacidad igual o superior al 45% que facilitará el acceso a la misma cuando estas personas hayan desarrollado al menos quince años de actividad y habiendo cotizado cinco de esos años estando afectas de una discapacidad derivada de tales patologías en grado igual o superior al 45 por ciento
4. Avances feministas
- Aprobación en 2022 de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la Ley sólo sí es sí, con el objetivo de adoptar políticas efectivas, globales y coordinadas entre las distintas administraciones públicas, que garanticen la prevención y la sanción de las violencias sexuales, así como el establecimiento de una respuesta integral especializada para mujeres, niñas y niños, como víctimas principales de todas las formas de violencia sexual.
- Aprobación en 2022 de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
- Aprobación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PEIO) 2020-2022, que marca las líneas de acción en materia de igualdad en la administración y el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (PEIEM), que supone el compendio de la agenda política de igualdad para los próximos cuatro años (2022-2025), con un presupuesto global para todo el periodo de 20.319 millones de euros, es decir, un aumento del 387% para políticas públicas destinadas a avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
- También se aprobó la Estrategia Nacional contra las Violencias Machistas 2021- 2025, como instrumento de planificación y ordenación de todas las actuaciones de las políticas públicas destinadas a prevenir y combatir todas las violencias contra las mujeres. Esta estrategia, guio la actuación del Gobierno de España en esta materia hasta el año 2025.
- Plan Operativo para la Protección de los Derechos Humanos de Mujeres y Niñas víctimas de Trata, Explotación Sexual y en Contextos de Prostitución (2022- 2026), también conocido como «Plan Camino», que incluye el I Plan de Inserción Sociolaboral, con un paquete de medidas pionero para garantizar vivienda, educación, sanidad, formación y empleo, a todas las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución.
- En 2022 se aprobó el Plan de Acción Urgente contra la Trata y la Explotación Sexual y para la Especial Protección de todas sus Víctimas, junto con el Plan de Inserción Social y Laboral para víctimas de trata con fines de explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución.
- En 2023 se produjo la aprobación de la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
- Aprobación en 2023 de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI.
- En los PGE de 2023 se adoptó la bajada del IVA del 10 al 4 % de los productos de higiene femenina, preservativos y anticonceptivos no medicinales.
- A partir del 1 de enero de 2026, los permisos de maternidad y paternidad en España aumentan a 19 semanas por progenitor (anteriormente 16), retribuidos al 100%. Esta reforma incluye 6 semanas obligatorias ininterrumpidas tras el parto y 11 semanas flexibles, sumando además 2 semanas adicionales de libre disposición para usar hasta que el menor cumpla 8 años. Permitirá que se extienda el cuidado en el hogar y fomente la corresponsabilidad de madres y padres, y para que atienda las particularidades de. las familias monoparentales que constituidas en un 80% por mujeres, pasarán a tener derecho a 32 semanas de permiso por nacimiento o cuidados, frente a las 16 actuales. Además, niñas y niños aprenderían que padres y madres pueden cuidar y trabajar de forma remunerada, apostando por la igualdad de género desde los aprendizajes más inconscientes de la más temprana infancia.
5. Actuaciones ante el cambio climático y la sostenibilidad alimentaria
- De 2020 a 2023 se impulsaron medidas normativas dirigidas a impulsar un consumo saludable y sostenible, como el impulso institucional a las dietas saludables, el fomento de los canales cortos y del comercio minorista, así como la eliminación de trabas para la venta directa “de la granja a la mesa”.
- En 2025 se aprobó un real decreto para garantizar dietas y productos saludables en los colegios y comedores escolares.
- En 2025 se han reducido nuestras emisiones de CO2 asociadas a la generación de electricidad un 17% más respecto al año anterior.
- En 2025 se han declarado 10 nuevas Zonas Especiales de Conservación dentro de la Red Natura 2000.
- En 2025 se ha aprobado el programa MOVES III, para impulsar la movilidad sostenible vinculada al vehículo eléctrico.
- Aprobación en 2025 de una Ley de Movilidad que favorece un modelo de transporte limpio, eficiente, y socialmente justo, priorizando los modos no motorizados, como es caminar y la bicicleta, junto al transporte colectivo, frente al uso del automóvil particular en propiedad, invirtiendo su tendencia creciente en el área metropolitana. La norma reconoce la movilidad sostenible como un derecho de la ciudadanía y busca la descarbonización para 2050.
6. Poner coto a la ley de la selva
- Se limita en 2020 la publicidad de las apuestas deportivas y los juegos de azar, con medidas como la prohibición de los patrocinios deportivos, la prohibición de que aparezcan famosos en anuncios, la prohibición de los anuncios en internet y restricción de la publicidad en televisión y radio a la franja horaria de 01.00 a 05.00
h. Asimismo, en 2023 se aprobó el Real Decreto 176/2023, por el que se desarrollan entornos más seguros de juego (límites de gasto y tiempo, sistema de límites conjuntos de depósitos, etc.).
- En 2021 se modificó la ley de cadena alimentaria para establecer precios mínimos en el campo y proteger así a pequeños productores agrícolas y ganaderos. En concreto, se prohíben las ventas a pérdidas, una demanda largamente reclamada por el sector.
- En 2025 se produjo la aprobación de la Ley que regula los Servicios de Atención a la Clientela que supone facilitar las reclamaciones de las personas consumidoras, especialmente a las más vulnerables, para darles más facilidades respecto al poder de las grandes empresas.
- Se han desplegado en 2025 varias medidas para limitar y controlar la proliferación de pisos turísticos en nuestras ciudades. Medidas, que ya han permitido eliminar más de 65.000 anuncios ilegales de Airbnb.
- Real Decreto 297/2022 sobre reestructuración de la Casa Real para someter a un mayor control la fiscalidad de la Corona (fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas) y revelación de las Cuentas y el patrimonio del Jefe del Estado y los altos cargos de la Casa.
- Creación de Impuestos temporales energéticos y a la banca, y creación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) en 2022, que ayudó a combatir la acumulación de riqueza y a redistribuir recursos.
7. Más recursos a comunidades autónomas y ayuntamientos
- Cifra récord de transferencia estatal para las comunidades autónomas que tendrán la posibilidad en 2026 de beneficiarse de la condonación de deuda autonómica por valor de más de 83.000 millones de euros. Y, por otro, la aprobación de las entregas a cuenta en 2025 de 147.000 millones de euros para las comunidades autónomas. Desde 2019 las comunidades autónomas han recibido más de 300.000 millones más que en los siete años de gobierno del PP.
- Jamás las entidades locales habían percibido una cifra tan elevada del gobierno central. Recibieron 28.734 millones en 2025. Desde 2019 a 2025 han ingresado un 36% más de fondos estatales que en el período de gobierno de Rajoy (2012-2018).
- Más recursos desde el gobierno central para inversión en Dependencia, completando el despliegue del Plan de Choque. Supone que en la legislatura se habrán incrementado los recursos un 152% hasta alcanzar los 3.522 millones en este ejercicio.
- 600 millones se han transferido a las comunidades autónomas para el desarrollo del Plan Corresponsables, nueva política pública para iniciar el camino hacia la garantía del cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres.
- Aprobación en 2024 del Programa María Goyri (2024-2030) para incorporar más de 5.600 plazas de profesor ayudante doctor en universidades públicas con financiación del gobierno central y facilitar la reducción del empleo temporal y precario en el profesorado universitario dependiente de las comunidades autónomas.
- La inversión en educación del gobierno central alcanzó en 2025 los 5.354 millones de euros con más de 400 millones para becas, un 62% más que en el último presupuesto del PP.
- Incremento del esfuerzo presupuestario del 25% para luchar contra las violencias machistas y todas las existentes contra las mujeres en línea con las exigencias de la renovación del Pacto de Estado a desarrollar por comunidades autónomas y ayuntamientos. Más de 350 millones de euros se dedicarán a erradicar esta lacra en 2025.
- En 2025 se han transferido 235 millones a las Comunidades Autónomas para la mejora de sus servicios de atención y protección integral a la infancia.
8. Solidaridad Internacional y denuncia del genocidio en Gaza
- Reconocimiento del Estado palestino en 2024, un acto de justicia con el pueblo palestino que tiene derecho a su libre determinación.
- Aprobación de un Real Decreto de embargo a Israel en 2025 que prohíbe “las exportaciones destinadas a Israel y las importaciones originarias de Israel de material de defensa, productos y tecnologías de doble uso y de material policial y de seguridad, así como prohíbe importaciones de productos o servicio obtenidos en los territorios ocupados por Israel”. Es un paso muy importante, pionero en Europa, para aislar al estado responsable del genocidio del pueblo palestino y de las continuas vulneraciones de la legalidad internacional.
- Operaciones humanitarias de evacuación de menores gazatíes heridos o enfermos. Prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados. 2024/2026
- Limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.
- Refuerzo del apoyo financiero del Gobierno de España a la Autoridad Palestina y al establecimiento de nuevos proyectos de colaboración.
- Aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza, que va a alcanzar los 150 millones de euros al finalizar este año.
- Ampliación de la contribución española a la Agencia de Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados palestinos (UNRWA), con 10 millones de euros adicionales a las cantidades que el Gobierno ya había triplicado, destinados específicamente al auxilio de la población gazatí.
9. Interior y Justicia
- Derogación Artículo 315.3 del Código Penal, precepto penal impuesto por el PP y que castigaba con cárcel los piquetes en las huelgas. Se derogó en 2021.
- Aprobación de la ley Orgánica regulación del derecho a la eutanasia, normativa que sitúa a España en la vanguardia mundial en la regulación de la muerte digna. La norma fue aprobada en 2021.
- Derogación del delito de sedición, arcaico tipo penal que sirvió para criminalizar la protesta social en Cataluña. Diciembre de 2022
- Mejora en las condiciones de conciliación de los profesionales de la justicia, a la hora de suspender actuaciones por embarazo, maternidad o fallecimiento de un familiar, mejoras que han servido para mejorar la calidad de vida de miles de abogados y procuradores. Inhábil a efectos procesales las navidades. Diciembre de 2022
- Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, norma fundamental para alcanzar la normalización de la vida en Cataluña y su relación con el resto de España. En vigor desde junio de 2024.
- Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, legislación que mejora los derechos de las personas que se encuentren en un proceso judicial y los derechos que le asisten al justiciable y a su defensa letrada. Noviembre de 2024
- Rehabilitación de los agentes de la Guardia Civil expulsados del cuerpo por luchar por en los años 90 por el derecho de asociación dentro de la Guardia Civil. Reingreso en el cuerpo o jubilación con todos los derechos perdidos. Junio de 2025
- Reforma legal que permite la adaptación del puesto de trabajo y la reubicación de guardias civiles, policías nacionales y militares con discapacidad. Esta normativa evita la reforma legislativa que pone fin a la extinción automática del empleo tras una incapacidad permanente, evitando el retiro forzoso y permitiendo continuar en servicio activo con funciones compatibles. Abril de 2025
10. Memoria Democrática
- Ley de Memoria Democrática de 2022, en la que se consolidan, entre otros aspectos, diversos avances en cuestiones de memoria democrática, el reconocimiento de las víctimas, la plena anulación de la sentencia condenatorias, la resignificación del Valle de los Caídos o la apertura de un proceso para que miles de ciudadanos cuyos familiares emigraron por causas políticas o económicas puedan obtener la nacionalidad española.
- Desclasificación por parte del Congreso de los Diputados de los documentos sobre la muerte de Manuel José García Caparrós en 2025 obrante en el expediente de la Comisión de Investigación que se abrió en 1978.
- Desclasificación por parte del Consejo de Ministros de documentos sobre el golpe de estado del 23F de 1981 en 2026.
- Reforma de la Ley de Asociaciones para prohibir asociaciones o entidades como la Fundación Francisco Franco. 2025
- El cuerpo del dictador golpista Francisco Francio es exhumado y retirado del Valle de los Caídos. 2019
- El cuerpo del general golpista Queipo de Llanos es exhumado y retirado de la basílica de la Macarena, Sevilla. Noviembre de 2022.
