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Programa 29N 2026 – Bloque 10. Hacia una democracia real avanzada

Programa de Izquierda Unida a las Elecciones Generales del 29 de noviembre de 2026

Hay que reivindicar el valor esencial de la acción política para mejorar las condiciones de vida de la gente. Para ello es imprescindible avanzar hacia una democracia real. Decidir y corresponsabilizarse entre todas.

Tenemos como objetivo la consecución de una democracia avanzada, en el marco de un Estado federal, republicano y solidario que amplíe los marcos de libertad y participación y garantice el bienestar económico, social y cultural de los ciudadanos y ciudadanas.

Eso incluye deconstruir aspectos de la Transición como la no ruptura política, moral ni económica con el franquismo, el modelo monárquico, el modelo territorial hoy en crisis, el protagonismo de una Iglesia católica sufragada con fondos públicos, el modelo electoral de 1977 y el control conservador de colectivos fundamentales como el poder judicial.

Izquierda Unida plantea en este bloque nuestra propuesta para mejorar la forma de hacer política acercando las decisiones a la ciudadanía, luchando sin descanso contra la corrupción asegurando un comportamiento ético de todos los cargos públicos.

Dentro de esa imprescindible transformación, tiene especial importancia escuchar la voz de vecinas y vecinos que están en situación administrativa irregular y que claman por tener papeles y el reconocimiento de la memoria democrática para poner verdad, reparación y justicia a quienes sufrieron la represión del franquismo.

1. República en un estado federal como afirmación de la radicalidad democrática

No debemos conformarnos con una versión de la democracia reducida a su sentido más formal, esto es, a las reglas del juego que operan en el sistema democrático a la hora de tomar decisiones. Si somos verdaderamente demócratas no podemos conformarnos con votar cada cuatro años.

Por eso defendemos la República como afirmación de una radicalidad democrática: sólo es legítimo el régimen que es república, cosa pública, en cuyo cuidado y gobierno, en cuyos derechos y su garantía, todas y todos están comprometidos ejerciendo la responsabilidad de su condición de ciudadanía.

No existe libertad si no se dan las condiciones materiales que la hagan posible, por ello

defendemos la afirmación anti tiránica frente a toda forma de dominación y una convivencia basada en las virtudes cívicas.

La libertad republicana es la ausencia de dominación, tanto en los ámbitos públicos como privados, por eso entendemos que el Estado republicano debe ser un Estado social y laico. Un Estado que ponga en el centro de su actuación la garantía de los derechos humanos, sin distinción de jerarquía ni relevancia entre ellos.

Así, ante el agotamiento de un sistema que funciona de espaldas al pueblo, tenemos la

obligación de impulsar desde la base, un nuevo proceso constituyente que, por medios

democráticos, trabajando dentro y especialmente fuera de las instituciones, logre una

constitución republicana, fundamentada en la participación ciudadana.

La III República se fundamentará en un modelo de Estado federal, defendiéndose el derecho de autodeterminación de los pueblos que conforman el Estado basado en la libre voluntad de las partes en unirse en un proyecto común, como una elección libre y

democrática de los pueblos. Necesitamos un cambio político sustancial que conlleve un

giro económico, social, cultural y ético radical. A tal cambio la izquierda le llama III República.

Cuando hablamos de republicanismo español como proyecto de renovación plurinacional popular hablamos, sin duda, de un republicanismo federal, pues no entendemos la República como la mera suma de los distintos territorios con sus respectivas particularidades, lo cual supondría, en la práctica, más allá del carácter electivo de la jefatura del Estado el reconocimiento de la ausencia de un proyecto propio. sino de España como un país plurinacional que defienda la laicidad del estado y se articule en torno a unos servicios públicos accesibles, fuertes, gratuitos y de calidad que garanticen la plena igualdad efectiva de sus ciudadanos mediante políticas de redistribución de la riqueza, políticas feministas de igualdad y por supuesto que garantice el pleno empleo y a la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de todos sus habitantes y en particular la clase trabajadora, y a día de hoy esta afirmación no puede encontrar objeciones en el ámbito de la izquierda. El republicanismo español parte de este reconocimiento y apuesta por un proyecto compartido que va más allá de la suma jurídica de las distintas naciones. Defender lo común a todos los pueblos de España es la base para impulsar ese proyecto compartido más allá de identidades territoriales y coloca a la izquierda en disposición de disputar un proyecto de país frente a las propuestas de las derechas. Esta segunda parte es la principal tarea pendiente porque no solo nos dirigimos a la población de Catalunya, Euskadi o Galicia, sino que nos dirigimos al conjunto de la ciudadanía de todo el país, pues nuestro proyecto es estatal. Es imprescindible articular alianzas entre la España plurinacional y la España del interior, la abandonada y la rural. La necesidad de descentralización es uno de los nexos en común. La aspiración de avanzar hacia un país más más justo y más fraterno. Un país más justo porque el republicanismo redefine el concepto de pueblo, en constante disputa, como la ciudadanía que vive de su trabajo. Frente al patrioterismo de las derechas, en Izquierda Unida entendemos que el cariño a nuestro país es el cariño a la igualdad: la base de la democracia. Y un país más fraterno porque el republicanismo significa rebelión y emancipación, la unión de la ciudadanía libre en condición de tal. Porque la libertad exige instituciones sociales que garanticen una base material de existencia para que no sea una ficción jurídica.

Proponemos:

  1. Una democracia avanzada, en el marco de un Estado federal, republicano y solidario que amplíe los marcos de libertad y participación y garantice el bienestar económico, social y cultural de los ciudadanos y ciudadanas.
  2. Un Estado plurilingüístico y pluricultural. Las instituciones del Estado deben preservar la riqueza cultural y lingüística de España, de forma coherente con nuestra realidad plurinacional. Por eso, es necesario que desde las administraciones públicas se preserve viva esta riqueza, respetando y dignificando las lenguas y las culturas de las diversas naciones y territorios, desde una posición de igualdad y reconocimiento mutuo de todas ellas. La pluralidad lingüística no se debe limitar a las CCAA con lengua propia, sino que su promoción y uso debe extenderse al conjunto de España y sus instituciones, así como al marco de la UE. El Gobierno debe velar por la garantía de los derechos de todos/as los/as hablantes, asegurando el uso efectivo de las lenguas cooficiales, como se señala en los Informes de Consejo de Europa sobre el cumplimiento en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, con especial atención a su cumplimiento en la AGE y la administración de justicia.

2. Una nueva Constitución que garantice los derechos para todas y todos

La Constitución del 78 recoge derechos como el derecho a un trabajo suficientemente remunerado (art. 35), el derecho al acceso a la cultura (art. 44), derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 47) y que los poderes públicos “establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción” (art. 129) y que “el Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución” (art. 131.1). Sin embargo, ese reconocimiento en el texto constitucional no fue acompañado de medidas efectivas de protección, vinculantes para los poderes públicos y exigibles ante los tribunales. Ese vacío de protección ha afectado seriamente a la legitimidad del régimen nacido de la Transición.

En los últimos años son varios los síntomas de colapso del modelo, con una crisis económica y política que ha golpeado a la clase trabajadora y supone un vaciamiento de la democracia representativa al evidenciarse que las decisiones clave las adoptan las élites y los poderes económicos salvajes y carentes de control democrático, así como organismos europeos y mundiales que tampoco responden a ninguna legitimación democrática.

Proponemos:

  1. Incluir en el Título I -de los derechos y deberes fundamentales- derechos sociales debilitados, como el derecho a la salud y a la vivienda para que dejen de ser derechos de segunda fila y se puedan establecer garantías jurídicas para asegurar que se cumplan.
  2. Abolir de forma definitiva la pena de muerte que actualmente en el artículo 15, indica que está anulada «salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares en tiempos de guerra».
  3. Modificar el artículo 135 que prioriza el pago de la deuda a cualquier otro rubro presupuestario. Las sendas de estabilidad presupuestaria no podrán aplicarse cuando supongan riesgo para el principio de “estabilidad social” y también cuando el de desempleo o la tasa de pobreza y exclusión social sea superior a los existentes en promedio en los cinco países con menor tasa de la Unión Europea.
  4. Incluir el derecho de autodeterminación para resolver definitivamente la cuestión territorial.
  5. Rebajar a la mitad las firmas necesarias para la iniciativa legislativa popular. Sería pasar de las 500.000 en la actualidad a 250.000 e incluir mecanismos para que los promotores de la misma puedan retirarla si el Congreso la desvirtúa, o que puedan solicitar una consulta popular al respecto.

3. Por un nuevo pacto de financiación autonómica que garantice los servicios públicos

El actual modelo de financiación fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 15 de julio de 2009, a través del Acuerdo 6/2009, de reforma del sistema de financiación autonómica. La aplicación de este supuso la aprobación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía.

A pesar de los objetivos declarados del modelo, el modelo ha puesto de manifiesto el incumplimiento del principio de suficiencia financiera.

La principal crítica que realizamos desde Izquierda Unida es que el actual modelo no garantiza la prestación de servicios públicos. De hecho, el sistema actual no intenta cuantificar el coste en términos absolutos de prestar los servicios públicos gestionados por las comunidades autónomas a algún nivel de calidad considerado deseable, lo que supone un elemento que es imprescindible resolver, aunque sí intenta fijar un criterio de reparto que asegure que las necesidades de todas ellas se ven satisfechas en la misma proporción.

Además, se ha exacerbado la competencia fiscal entre comunidades autónomas desde 1997 en que el modelo de financiación permitió a las comunidades autónomas modular la presión fiscal de los tributos cedidos. El resultado es perverso desde el punto de vista de la equidad porque el fenómeno revela que eso ha beneficiado a las rentas más elevadas y la Comunidad de Madrid que son los más beneficiados de la guerra fiscal desatada entre regiones por atraer contribuyentes ricos mediante el dumping fiscal.

Además, el funcionamiento de los fondos adicionales junto con la cláusula de mantenimiento del statu quo, han desvirtuado el objetivo de equilibrio territorial y la aplicación del concepto de equidad.

Muchas comunidades autónomas han tenido una financiación inferior a sus necesidades. De hecho, hay un rango de más de 35 puntos porcentuales entre los niveles de financiación de las regiones mejor y peor tratadas y eso no responde ni a diferencias en factores de coste ni a los ingresos tributarios brutos de los distintos territorios. Si, además, comparamos la financiación de las comunidades forales con las de régimen común las diferencias son aún más intensas.

La crisis del Covid lo ha rematado. Sin las transferencias excepcionales realizadas por el Gobierno central, el sistema habría estallado.

De momento sigue bloqueado el nuevo marco de financiación autonómica. Aunque la disposición adicional séptima establece que el Consejo de Política Fiscal y Financiera valorará con carácter quinquenal las posibles modificaciones en aras de una mejor coordinación financiera, garantizando la autonomía y suficiencia de las Comunidades Autónomas, así como el equilibrio y sostenibilidad del sistema, no va a ser sencilla una reforma en la actual legislatura.

Desde Izquierda Unida consideramos que el indicador de población ajustada sigue siendo válido para el nuevo modelo, si bien deberían revisarse tanto las variables que lo integran como las ponderaciones asignadas a las mismas, con su justificación técnica y el suficiente consenso metodológico, para mejorarlo en el sentido expuesto por muchos de los expertos. En cuanto a las variables a considerar en el indicador de población ajustada, además de las ya existentes, a saber, población de derecho, población protegida ponderada a efectos sanitarios, superficie, dispersión e insularidad, es muy adecuado ampliar las variables referidas a educación y protección social.

  • En particular, sí vemos adecuado para educación ampliar el tramo de población desde los 16 años actuales a los 18, al tiempo que incluir nuevas variables como el número de alumnos universitarios, incluyendo posgrado, matriculados en centros públicos.
  • Para servicios sociales es positivo ampliar los colectivos cubiertos para estas políticas de tal forma que, sin abandonar la población mayor de 65 año y se considera adecuado incluir otras variables como la tasa de paro, la población en riesgo de pobreza y exclusión social y el número de dependientes atendidos por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Proponemos:

  1. Una reforma del modelo de financiación autonómico que solo puede ser viable desde una negociación multilateral, con atención a las sensibilidades territoriales y a las de modelo de país, también la federal que representa Izquierda Unida.
  2. El nuevo modelo, para que sea justo y aceptable para todos los territorios, debe ser capaz de hacer efectiva la igualdad entre los ciudadanos, a la vez que reconoce la diversidad. Para ello, hay que poner en el centro del debate a las personas porque no son los territorios los que contribuyen ni los que hacen uso de los servicios públicos, sino quienes residen en ellos. Son las personas las que pagan impuestos y reciben servicios públicos. No tienen más derecho a los servicios quienes más contribuyen. Ni menos.
  3. Es imprescindible empezar la casa por los cimientos. Es decir, definir un suelo de derechos y garantizando servicios públicos en todos los territorios en vez de hablar de “cuánto le toca a mi comunidad autónoma”. No podemos conformarnos con una mejora del cálculo de población ajustada.
  4. Para que sea creíble, cualquier modificación del modelo de financiación autonómico debe explicitar cómo se van a obtener los recursos necesarios para satisfacer los derechos y los servicios públicos mediante una reforma fiscal que los blinde.
  5. Destinar al menos un 2% del PIB adicional al sistema de financiación autonómica cada año. Supondría unos 32.000 millones adicionales con los que se afrontaría la necesidad de fortalecimiento de los servicios públicos.
  6. No limitar la solidaridad entre territorios. No se incluirá en la reforma como principio el de ordinalidad ya que es una restricción para la misma y para las posiciones políticas de la izquierda transformadora. Es perfectamente posible que, comunidades autónomas con niveles de renta per cápita muy similares, tengan necesidades de gasto público diferentes. Dado que nuestra posición es garantizar la prestación de servicios públicos en todos los territorios, la ordinalidad está en las antípodas de poner un suelo de necesidades que satisfaga a la clase trabajadora.
  7. Actuar de manera firme contra el dúmping fiscal incluyendo medidas de condicionalidad positiva para obligar a dedicar los recursos adicionales a servicios esenciales como educación, sanidad, dependencia o vivienda. Respetar la autonomía de decisión de los territorios no puede suponer una puerta abierta para rebajas tributarias a costa de la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.
  8. Incluir en la propuesta de reforma la obligación de las comunidades autónomas de financiar competencias ejercidas por aquellas en su nombre por parte de las entidades locales. Las denominadas competencias impropias sostenidas por los ayuntamientos deben contar con suficiencia de recursos proporcionados por las comunidades autónomas y debe quedar asegurada en esta modificación del sistema de financiación.
  9. Es imprescindible incorporar a la reforma de la financiación (tanto autonómica como local) la modificación de elementos tan lesivos por las administraciones públicas como la interpretación de la regla de gasto establecida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En caso contrario, es perfectamente posible que, en la práctica, estos recursos adicionales no puedan ser utilizados por las comunidades autónomas.

4. Reforma de la financiación local

Desarrollar un estado social avanzado que democratice la economía de forma equitativa, justa y sostenible y que fortalezca unos servicios públicos que proporcionen plena protección social, solo puede hacerse desde las administraciones públicas más cercanas a la gente, desde los ayuntamientos.

Es hora ya de que se reconozca la participación de los entes locales en la provisión de servicios públicos a la ciudadanía y que se haga en plano de igualdad con los demás niveles de gobierno, haciendo efectiva la autonomía municipal reconocida constitucionalmente.

Por ese motivo, abordar un modelo justo de financiación local es trascendental.

Izquierda Unida tiene propuesta para caminar hacia una segunda descentralización para poder disfrutar de un modelo territorial del Estado en el que se reconozcan las competencias ejercidas a los municipios y se les dote de un sistema de financiación acorde con ellas.

Proponemos:

  1. Derogación de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
  2. Derogación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que obliga a los ayuntamientos a registrar equilibrio presupuestario, impide incurrir en crecimiento del gasto y de la inversión y obliga a usar los posibles superávits solo para devolver deuda.
  3. Hasta que se produzca la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el cálculo de la regla de gasto puede cambiar y podría reformarse sin necesidad de actuar sobre esa Ley Orgánica. Esta es la Guía sobre la que se realizarán modificaciones que podrían facilitar el cumplimiento para la inmensa mayoría de los municipios. De hecho, gran parte de esto se acordó en 2019 entre Montero y la FEMP pero no se ha trasladado a un Reglamento.
    • Se deberían considerar ajustes en contabilidad nacional, siguiendo el criterio de la financiación afectada. Los ingresos por transferencias de entidades privadas, al igual que los ingresos por transferencias de entidades públicas. Los ingresos que percibimos para la ejecución subsidiaria o los ingresos de las entidades urbanísticas para los desarrollos de planeamiento, también nos computan como gasto, siendo sin embargo una actividad por cuenta de terceros que son quienes la financian.
    • Se deben considerar como ajustes los ingresos que debiéramos percibir por aquellas actividades que son competencias de otras administraciones. Se produce la contradicción de que no se tienen en cuenta los gastos financiados por las comunidades autónomas y sin embargo sí se tienen en cuenta los no financiados, aunque legalmente los debieran financiar.
    • La mejora de los ingresos permanentes (técnicamente conocidos como cambios normativos) permite ajustar la regla de gasto. Sin embargo, no se consideran mejoras de ingresos permanentes actuaciones tales como la incorporación de nuevos hechos imponibles, regularizaciones catastrales, actuaciones de inspección, a pesar de que el efecto que producen en la recaudación es, al igual que los cambios normativos, constante en el tiempo, mejorando, por tanto, la situación financiera de la entidad.
    • No se deben computar como gastos los ajustes puramente contables que no suponen gasto presupuestario. Un ejemplo puede ser el cambio en ayuntamientos que tengan vivienda y cambien de política de vivienda en venta a vivienda en alquiler. Eso supondría contablemente una “variación de existencias” y, por tanto, un mayor gasto teórico que no ha supuesto salida de fondos que ahora afecta a regla de gasto y no debería.
    • No debe computar a efectos de regla de gasto la adquisición de inmovilizado no financiero por cesión gratuita a favor del Ayuntamiento, computa como mayor gasto no financiero, a pesar de que no tenga salida material de fondos ni gasto presupuestario.
    • A esto se le debería añadir una interpretación más laxa todavía de las Inversiones Financieramente Sostenibles.
    • Que en la guía se considere inaplicable la regla de gasto para las corporaciones locales que no tengan deuda o esta sea inferior al nivel peligroso que indica la Ley de Estabilidad (75% de ingresos corrientes)
  4. Establecimiento de un marco competencial y financiero que garantice el principio de suficiencia financiera de forma que se asegure la prestación de unos servicios públicos de calidad por los municipios, apostando por la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, independientemente del lugar del país donde residan.
  5. Impulso de un nuevo marco de financiación desde el Estado y las Comunidades Autónomas que incluya:
    • Incremento en la participación en los ingresos generales del Estado (PIE) hasta alcanzar el 2,5% del PIB en la próxima legislatura (8.000 millones más al año).
    • Aprobación de nuevos criterios de distribución procedentes de la participación en los ingresos generales del Estado ya que los actuales están ligados casi exclusivamente a la población.
    • Incremento en la participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas con la implantación generalizada de participaciones municipales incondicionadas en los recursos de las mismas (PICAs) que tendrán que alcanzar el 1% del PIB en la próxima legislatura (8.000 millones adicionales al año).
  6. Aprobar un Proyecto de Ley de Gobiernos Locales que refuerce la autonomía local, que garantice un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias muy definidas de las entidades locales para que se puedan desarrollar las políticas públicas con garantías de calidad y transparencia. La nueva ley reconocerá las competencias exclusivas que en régimen local tengan las comunidades autónomas que así lo contemplen en sus estatutos, a las cuales se las corresponderá regular, ampliar, desarrollar y desplegar a través de una arquitectura institucional propia. reforma ninguna especificidad relacionada con las entidades locales y la obligación de las comunidades autónomas de financiar competencias ejercidas por aquellas en su nombre. Las denominadas competencias impropias sostenidas por los ayuntamientos deben contar con suficiencia de recursos proporcionados por las comunidades autónomas y debe quedar asegurada en esta modificación del sistema de financiación. Se trata de dotar de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales, de forma coordinada con la de la financiación autonómica, definiendo con claridad la participación de las haciendas locales en los tributos del Estado (PIE) y en los de las Comunidades Autónomas (PICAs).
  7. Condonación del 100% de la deuda pública con el Estado de aquellos Ayuntamientos en riesgo financiero o de sostenibilidad, sin excepción, adaptándose a las circunstancias específicas de cada municipio mediante planes individualizados de actuación. La aprobación de estas medidas extraordinarias estará vinculada a la aplicación de una condicionalidad positiva que obligará a los ayuntamientos beneficiados a las siguientes actuaciones:
    • Incremento del gasto y la inversión en los servicios públicos esenciales prestados por los municipios con respecto a la situación previa.
    • Compromiso de no reducir los tributos municipales.
    • Plan de municipalización de servicios públicos privatizados para determinar los ahorros que supondría la gestión directa de los mismos.
  8. Realizar una revisión en profundidad de la organización territorial a través de posibles reestructuraciones de entidades subcentrales para dotar a los ayuntamientos de mayor eficacia y eficiencia en la provisión de los servicios públicos a todos los niveles.
  9. Aprobar el Estatuto de Municipios de Reducida Dimensión que debe incluir especificidades para los micromunicipios:
    • Modificación de todas aquellas normativas sectoriales con incidencia en el ámbito local. Desde la contratación pública a la legislación medioambiental pasando por las obligaciones administrativas teniendo en cuenta y reconociendo las particularidades de la gestión en los pequeños municipios.
    • Refuerzo de la capacidad del alcalde/alcaldesa que es quien asume la responsabilidad de la gestión ordinaria de todos los asuntos y que debe ir acompañada de la suficiente legitimidad democrática. En los pequeños municipios, podrían ser competencia del alcalde, además de las previstas actualmente en el artículo 21 LBRL, las siguientes:
      • La celebración de contratos y convenios.
      • El otorgamiento de concesiones de toda clase.
      • La aprobación de proyectos de obras y servicios.
      • La concertación de operaciones de crédito.
      • La adquisición de bienes y derechos.
      • Las enajenaciones patrimoniales y las permutas de bienes inmuebles.
      • El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación.
      • La declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento dictados por él.
    • Adaptación de las reglas procedimentales básicas a seguir en los pequeños municipios
      • Procedimientos económicos (uso de presupuestos abreviados)
      • Flexibilización de reglas en la contratación pública
    • Adaptación competencial
      • Posibilidad de dispensa en la prestación de servicios obligatorios
      • Ampliación de los sistemas de gestión conjunta de los servicios públicos municipales

5. Participación y gobierno abierto

Adecuar la composición de las instituciones representativas a la voluntad popular, expresada a través de sus votos y democratizar el funcionamiento de estas instituciones, debe constituir otro objetivo importante de nuestras propuestas políticas. Hay que poner todos los recursos necesarios para que no se produzcan desigualdades en la participación y para que la sociedad civil tenga más y mejores herramientas para hacer sentir su voz con autonomía. Una sociedad con un rico tejido social es, también, una garantía para hacer que la democracia funcione mejor.

Proponemos:

  1. La reforma del sistema electoral, encaminada a garantizar la proporcionalidad en el reparto de escaños, respecto a los votos totales recibidos. Es posible alcanzar resultados proporcionales sin cambiar la Constitución. Por ejemplo, eligiendo la mitad de los escaños se asigna en un primer cupo a los ganadores de cada provincia (como ahora), pero la otra mitad sirve para lograr la proporcionalidad a nivel nacional al ir “repescando” los mejores candidatos -que no hayan salido elegidos en el primer cupo- para los partidos que hayan quedado infrarrepresentados. Se cumple la constitucionalidad dado que todos los candidatos se eligen en las provincias, pero la proporcionalidad a la que se atiende es a nivel nacional.
  2. Reconocer el derecho a voto a partir de los 16 años incluyendo a las personas inmigrantes con 2 años de residencia en el Estado español. Problemas cruciales de largo recorrido como la emergencia climática, la transición energética o la explotación de recursos naturales prefiguran de forma irreversible el escenario social y natural en el que los jóvenes de hoy podrán desarrollar sus proyectos de vida. Es de justicia que quieres van a ver condicionadas sus alternativas de futuro participen en la toma de decisiones y en las políticas que estamos desarrollando ahora, pues buscan hacer frente a esos problemas presentes y futuros de los que ellos van a ser protagonistas
  3. Creación de una plataforma electrónica nacional de participación ciudadana integral que permita a la ciudadanía deliberar, formular propuestas, debatir y canalizar iniciativas normativas ciudadanas, participar en consultas, coordinar acciones o incluso interpelar a sus representantes.
  4. Avanzar hacia una transición digital con criterios democráticos y de justicia. Este fenómeno es una gran oportunidad, pero también nos obliga a establecer, entre otras cosas, procedimientos de auditoría de los algoritmos, examinar sus implicaciones medioambientales, mejorar los procedimientos de transparencia, respetar la privacidad y los derechos humanos y entender los datos como un bien público. La llamada «soberanía digital europea» apunta a la defensa de un nuevo modo de relacionar estados, sociedades y mercados: lo que así se defiende es un mercado que no expulsa a los humanos, unos procedimientos de decisión que no nos abandonan completamente a la automaticidad, unos algoritmos que no discriminan, unos datos entendidos como bien común y una gobernanza que impide el poder absoluto de los gigantes digitales.
  5. Adoptar medidas urgentes y ambiciosas para la educación, formación continua y sensibilización de la ciudadanía hacia los retos y las necesidades de la nueva sociedad digital, pues la única forma efectiva de combatir a largo plazo la dominación tecnológica es permitir que toda la población cobre conciencia de las nuevas formas de dominación y de las posibilidades de que dispone para preservar su libertad.

6. Transparencia, lucha contra la corrupción y dimensión ética de la gestión pública

La crisis económica, junto medidas adoptadas lejos de los órganos de toma de decisión nacionales y que no logran solucionar los problemas, los escándalos políticos ligados a la corrupción, el despilfarro presupuestario en el que han incurrido instituciones públicas, desembocan en una crisis de confianza y representación provocando una alarma social que ha puesto en entredicho la legitimad de las instituciones.

Se extiende el escepticismo, la desconfianza, el desencanto y la desafección sobre la capacidad de la acción política para resolver los problemas de la gente y ese caldo de cultivo de la antipolítica, es terreno abonado para el abandono de la actividad y la resignación de la que se beneficia únicamente el bipartidismo. Pero también para el resurgimiento del fascismo.

La gestión indirecta de servicios públicos —mediante concesiones, contratos de servicios o empresas mixtas— transfiere la ejecución de actividades esenciales a operadores privados. Esta privatización constituye una fuente de alto riesgo de corrupción por la pérdida de control directo, la asimetría de información y los elevados volúmenes de fondos involucrado.

La planificación ordenada y estratégica que defiende Izquierda Unida está en las antípodas de los mensajes simplistas, apocalípticos, ventajistas y demagógicos. Para mejorar la situación se precisa un enfoque amplio y sistemático: leyes claras y aplicadas, instituciones independientes y con recursos, digitalización y trazabilidad de procesos, protección más efectiva del denunciante y cambio cultural mediante educación y formación.

Para erradicar la corrupción, es imprescindible fiscalizar rigurosamente la contratación pública y trabajar sobre la prevención a largo plazo (educación, cultura de integridad, profesionalización de la administración pública).

En definitiva, España no necesita reinventar sus instituciones ni la mayor parte de sus leyes, sino completar el marco legal vigente, rellenar los vacíos legales existentes, asegurar la aplicación efectiva y promover una cultura de transparencia e integridad comparable con los países más avanzados. Solo así será posible reducir la corrupción de forma sostenida y restaurar la confianza ciudadana en el sistema político y administrativo.

Es imprescindible afrontar ese malestar ciudadano y adoptar las medidas necesarias para asegurar el comportamiento ético de los cargos públicos.

Proponemos:

  1. Reformar la Ley de Contratos del Sector Público para eliminar la posibilidad de gestión de servicios públicos por parte de empresas privadas y establecer mecanismos de fiscalización en el resto de la contratación que realizan las administraciones públicas.
  2. Aprobar una Ley de Integridad Pública que cierre las vías de ocultación del poder económico. En dicha norma se establecerá la inscripción obligatoria y actualizada en el Registro Mercantil de los cambios de propiedad de las sociedades limitadas y las anónimas no cotizadas, identificando a sus socios, la cadena de propiedad y las personas que ejercen el control efectivo para levantar el velo tras el cual se ocultan los corruptores.
  3. Vincular el poder de los gestores de las grandes empresas a la responsabilidad por sus decisiones. Para ello reformaremos la Ley de Sociedades de Capital para que los administradores y altos directivos rindan cuentas y compartan las consecuencias económicas de su gestión.
  4. Actuar de manera firme contra las empresas corruptoras con el establecimiento de sanciones que impidan la contratación pública con sociedades implicadas en tramas de corrupción juzgadas.
  5. Refuerzo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y creación de la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes vinculados a actividades delictivas sin necesidad de condena previa y no solo ligada al ámbito penal.
  6. Auditoría de la deuda y de las políticas públicas. Queremos saber a quiénes y a qué empresas se ha beneficiado con dinero público. Es imprescindible para poder ejercer un mejor control sobre el gasto público.
  7. Regulación más estricta de las incompatibilidades estableciendo un estatuto especial para los expresidentes del gobierno.
  8. Endurecimiento de las penas por tráfico de influencias.
  9. Adopción de medidas que vayan contra el transfuguismo. El transfuguismo es uno de los peores descréditos para la vida política y una deformación de la voluntad popular. Por ello, en coherencia con el pacto contra el transfuguismo, IU mantiene su compromiso de rechazar y no admitir en sus listas un miembro integrado en la candidatura de otra formación mientras mantenga el cargo conseguido en su partido original.
  10. Obligación por parte de los cargos públicos de declarar los bienes patrimoniales.
  11. Transparencia en el número de asesores y de cargos de confianza política, en los nombramientos y en sus retribuciones.

7. Reconocimiento de la naturaleza y los derechos del pueblo gitano

El Pueblo Gitano forma parte inseparable de la historia española y del patrimonio común del Estado.

Es hora de reconocerle como pueblo constructor e histórico del estado español, con presencia continuada documentada desde comienzos del siglo XV. Este reconocimiento se fundamenta en su permanencia histórica durante más de seis siglos y en su participación en la construcción social, económica, cultural y humana de España.

Proponemos:

  1. Aprobar un Estatuto que sirva de marco jurídico para el reconocimiento, protección, desarrollo y ejercicio de los derechos culturales del Pueblo Gitano y para la organización de su autogobierno cultural. Su naturaleza será personal y no territorial. Ninguna de sus disposiciones supondrá alteración de la organización territorial del Estado ni atribución de soberanía territorial o fiscal. El Estatuto será desarrollado mediante la correspondiente Ley Orgánica, sus reglamentos de aplicación y el Reglamento Interno de la Asamblea Cultural del Pueblo Gitano.
  2. Garantizar la igualdad real y efectiva de las personas gitanas y combatir toda forma de antigitanismo y discriminación.
  3. Las políticas públicas no podrán tener como finalidad directa o indirecta la asimilación cultural o la desaparición de la identidad del Pueblo Gitano.

8. Garantizar los derechos humanos de acuerdo con la legislación internacional

Las recomendaciones del Sexto Informe a España del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) para a llevar a cabo las medidas legislativas y políticas en cumplimiento con sus obligaciones jurídicas derivadas del derecho Internacional de los derechos humanos indican la limitación de las medidas legislativas y de política pública adoptadas en la última legislatura. Si bien se han abordado algunas de las reformas recogidas en las recomendaciones del informe del Comité DESC, estas medidas no han llegado a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y en situación de exclusión ya que han solo se han implementado de forma parcial.

Por ese motivo, las organizaciones de la sociedad civil valoran que es necesario dar respuesta institucional e Izquierda Unida recoge esas demandas.

Proponemos:

  1. Cumplimiento de las obligaciones internacionales de Derechos Humanos para un efectivo acceso a la justicia para todas las personas. La interpretación de los derechos contenidos en nuestra legislación de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos es una obligación de resultado que vincula tanto al legislador como a los tribunales. Esta interpretación no comprende solo el texto de los tratados y protocolos, sino también las decisiones de los órganos de supervisión de aquellos.
  2. Modificación de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales para dar satisfacción a las víctimas que deben ser reparadas por el daño causado por la vulneración de sus derechos humanos, así como la garantía de no repetición al no llevarse a cabo políticas públicas acorde a dichas decisiones. Se torna urgente por tanto la adopción de leyes y políticas que hagan efectivas las recomendaciones y los dictámenes de los órganos de tratados de derechos humanos ratificados por el Estado español.
  3. Creación del Comité de Seguimiento de las Resoluciones de los Órganos Internacionales de Derechos Humanos para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los tratados internaciones del sistema de Naciones Unidas suscritos por España y de la Carta Social Europea y su Protocolo sobre Reclamaciones Colectivas, así como al artículo 10.2 de la Constitución.
  4. Modificación de la Circular 1/2020 de la Abogacía del Estado – Dirección del Servicio Jurídico del Estado, sobre “la naturaleza jurídica de las resoluciones dictadas por los Comités encargados del seguimiento de los tratados de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas” para su adecuación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, incorporando, para tal fin, la propuesta de elaboración de protocolos especiales para la tramitación de la solicitud de medidas cautelares por parte de los comités y para la implementación de los dictámenes (decisiones finales ante quejas individuales y reclamaciones colectivas, en el caso de la Carta Social Europea) de los comités conllevando la reparación efectiva de las víctimas y la adopción de garantías de no repetición.
  5. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en su procedimiento de desalojo para el logro de una mayor protección de personas y hogares vulnerables y en aplicación de los Dictámenes y Recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas.
  6. Revisar las condiciones de acceso regular al territorio para garantizar la igualdad de trato de todas las personas extranjeras, así como el acceso a una autorización de residencia y/o trabajo que contemple otros requisitos no vinculados necesariamente a contar con un contrato de trabajo.
  7. Proteger de manera efectiva a las mujeres que sufren violencia machista, dotando de coherencia al ordenamiento jurídico modificando la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para ampliar el concepto de violencia de género, unificar a nivel estatal los criterios y flexibilizar los procedimientos de acreditación de la condición de víctima y desvincular la protección y el acceso a derechos de un proceso judicial.
  8. Dotar de recursos y potenciar a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato contemplada en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y creada recientemente.
  9. Aprobación de una Ley contra el Racismo que comprometa a las administraciones a la lucha contra la discriminación racial, con una mirada interseccional y con un abordaje estructural e integral.
  10. Tomar las medidas legislativas pertinentes para garantizar que los derechos económicos, sociales y culturales cuenten con un nivel de protección análogo al que se brinda a los derechos civiles y políticos y para promover la aplicabilidad de todos los derechos consagrados en el Pacto en todos los niveles del sistema judicial, inclusive mediante el recurso de Amparo;
  11. Realizar capacitaciones, especialmente entre jueces, abogados, agentes del orden, miembros del Congreso de los Diputados y otros actores encargados de la aplicación del Pacto, sobre el contenido de los derechos del Pacto, incluidas las observaciones generales del Comité, y sobre la posibilidad de invocarlos ante los tribunales. Asimismo, llevar a cabo campañas de sensibilización entre los titulares de los derechos sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.
  12. Establecer un mecanismo nacional eficaz para la aplicación y el seguimiento de las recomendaciones y los dictámenes del Comité.

9. Proteger la libertad de expresión y erradicar la criminalización de la protesta social

En los últimos años estamos asistiendo en España a una deriva autoritaria que ha llevado a restringir de manera alarmante el derecho fundamental a la libertad de expresión, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, más allá de estos límites.

Esto se está produciendo principalmente por dos vías. La senda administrativa, a través de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 marzo, de protección de la seguridad ciudadana, como forma silenciosa y discreta de disuadir del ejercicio del derecho fundamental a la manifestación. Esto se busca mediante multas de carácter administrativo que, tal y como reflejan informes de organizaciones en defensa de los derechos humanos, han tenido un efecto desmovilizador en la ciudadanía. La gente, aun teniendo ganas de salir a la calle para protestar, ya no se moviliza tanto por miedo a la imposición de multas en aplicación de dicha ley. 8 años lleva vigente la conocida como ‘ley mordaza’ de 2015 aprobada por el Gobierno del Partido Popular. A pesar de los esfuerzos realizados por IU para eliminar en estas legislaturas los contenidos más lesivos de la norma que impuso la derecha en su etapa de gobierno, no ha sido posible.

La segunda vía que amordaza y reprime la libertad de expresión es el cauce penal. A través de la aplicación de determinados artículos del Código Penal se criminalizan conductas como enviar mensajes a través de las redes sociales, cantar rap, utilizar la imagen de un Cristo y publicarla en redes sociales, manifestarse mediante una performance a modo de procesión reclamando la igualdad de la mujer en la sociedad —la procesión del Coño Insumiso—, criticar al Rey o silenciar el himno nacional mediante silbidos en un estadio de fútbol en presencia de los Reyes de España. En esta última vía, en la que se aplica el Código Penal, se han detectado que se están utilizando tipos penales totalmente obsoletos, no ajustados a la Constitución Española e impropios de una democracia desarrollada.

Proponemos:

  1. Derogar la totalidad de los elementos lesivos de la ley mordaza teniendo en cuenta los siguientes elementos en la normativa:
    • Para garantizar el derecho a manifestarse se elimina la obligación de comunicar previamente cualquier manifestación, con más motivo para aquellas donde no haya desórdenes públicos, y se deja este requisito solo para aquellos eventos “previstos y previsibles” con antelación, por lo que dejarán de aplicarse las sanciones que rigen ahora para todas las no comunicadas. Lo mismo pasa con el “derecho fundamental a reunirse de forma pacífica”. Esto supone más garantías para quienes convoquen manifestaciones.
    • Atendiendo a las reclamaciones que llevan haciendo desde hace años los profesionales de los medios de comunicación, no se sancionará la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los agentes del orden o sus familias.
    • Las grabaciones de las intervenciones policiales con videovigilancia móvil deberán hacerse costar en cada atestado de actuaciones en la vía pública, tal y como establece la Ley de Protección de Datos y deberán ser custodiadas por si son requeridas por la autoridad judicial.
    • Deberá quedar constancia escrita de la motivación que lleva a efectuar los registros corporales y otras comprobaciones de identidad en la vía pública, y en estos se limitaran los desnudos parciales y, si deben realizarse de forma inmediata, se hará en un lugar con la debida garantía de protección de la intimidad.
  2. Sanción expresa para las personas que portan productos utilizados únicamente para provocar sumisión química, para dar mayor garantía al colectivo que está padeciendo este tipo de afectaciones, que son fundamentalmente las mujeres.
  3. Perfilar las competencias de los alcaldes en todo lo que tiene que ver con el ejercicio de sus funciones, para que desde su ámbito municipal puedan sancionar supuestos como los problemas de consumo de alcohol en las calles, afectaciones al mobiliario urbano o al patrimonio municipal.
  4. Eliminar de la ley las denominadas ‘devoluciones en caliente’ de personas migrantes, incluidas en su día por la derecha, así como otras referencias a temas de extranjería para cumplir con lo establecido en los convenios internacionales” suscritos por nuestro país.
  5. Se reducirán las multas excesivas y se aplicarán “criterios de proporcionalidad” para ajustarlas a la “capacidad de ingresos de las personas sancionadas”, así como a su edad, en el caso de personas más jóvenes. Las posibles sanciones que se den deberán ser “de índole restaurativo” o el resultado de la conciliación “entre la persona autora o la persona o institución ofendida”. En todo caso, en el expediente debe primar la “resocialización por encima de la sanción”, además de que se eliminará la “limitación actual para poder sustituir las sanciones a menores por trabajo social o comunitario”.
  6. Derogar los artículos del Código Penal que castigan el Delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, Delitos contra la Corona, las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, las injurias al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma y a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y enaltecimiento del terrorismo.

10. Deberes y derechos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para servir en un estado democrático

En los últimos años estamos asistiendo en España a una deriva autoritaria que ha llevado a restringir de manera alarmante el derecho fundamental a la libertad de expresión, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, más allá de estos límites.

Proponemos:

  1. Incorporar criterios de ingreso y promoción en los procesos de selección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para priorizar competencias de resolución pacífica de conflictos, empatía y perfil social.
  2. Impulsar medidas para asegurar que los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reciban una adecuada formación en valores democráticos durante su etapa en las academias y en su posterior desempeño profesional. Se incorporarán materias obligatorias e intensivas en derechos humanos, diversidad de género, prevención del racismo y la xenofobia, y técnicas de mediación comunitaria.
  3. Creación de un órgano de control externo e independiente a los propios cuerpos y similar a modelos en otros países europeos encargado de investigar denuncias por violencia desproporcionada, malos tratos o abuso de autoridad.
  4. Exigencia del uso obligatorio de cámaras corporales (bodycams) de grabación personal en las intervenciones de seguridad ciudadana para registrar las actuaciones y proteger tanto a la ciudadanía como al propio agente.
  5. Garantizar la identificación visible y clara mediante el Número de Identificación Personal (NOP) o carné profesional sea claramente visible en los uniformes, incluidos los equipos antidisturbios con sanciones por incumplimiento.
  6. Auditorías de protocolos de uso de la fuerza. Se limitará el uso de material antidisturbios potencialmente letal o lesivo (como pelotas de goma) e implantar protocolos más estrictos centrados en la desescalada.
  7. Prohibición de las identificaciones por perfil étnico o racial: Regular y auditar las identificaciones en la vía pública para evitar sesgos discriminatorios en controles poblacionales.
  8. Protocolos de registro e identificación que obligarán a la justificación por escrito cuando se realice una identificación en la calle, detallando el motivo legal de la actuación.
  9. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberán tener la misma jornada laboral que el resto de la Administración Pública.
  10. Cumplimiento íntegro del Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018 con las asociaciones de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía Nacional. En concreto siguen pendiente las cláusulas para reincorporar al servicio activo a agentes en reserva y segunda actividad y una ley que impida nuevas diferencias entre cuerpos que hacen las mismas funciones.
  11. Reconocimiento legal para la Guardia Civil y la Policía Nacional del carácter de profesión de riesgo, con el mismo modelo que las policías autonómicas y la aplicación de coeficientes reductores relacionados con los años de servicio para acceder a la jubilación anticipada.
  12. Derogación del código penal militar como norma sancionadora en todas las tareas estrictamente policiales realizadas en España.

11. Regularización ordinaria de personas migrantes y protección de personas refugiadas

En España viven más de 500 mil personas extranjeras en situación administrativa irregular. Vecinas y vecinos que están en un limbo burocrático, porque son parte de la sociedad y desempeñan trabajos esenciales, pero no pueden alquilar un piso, ni firmar un contrato o tener una tarjeta sanitaria. Siguen careciendo de los derechos más básicos.

Y eso ocurre porque las políticas migratorias, lejos de tender a una integración de muchos y muchas de quienes conviven en nuestros barrios, siguen vulnerando de manera flagrante los derechos humanos.

Continúa la exclusión del sistema sanitario para las personas en situación irregular, concertinas y “elementos disuasorios” en fronteras, devoluciones en caliente, condiciones vergonzosas en CIES, restricción de empadronamiento en municipios, etc.

Además, el modelo de inmigración español sigue estando basado en las necesidades de mano de obra obviando que la convivencia de culturas y de orígenes nos enriquece y nos sienta bien.

IU rechaza cualquier medida que trate de legalizar las “devoluciones en caliente” que se puedan realizar en las fronteras de Ceuta y Melilla dado que choca con el concepto de frontera establecido en los tratados internacionales y en el Tratado de Readmisión con Marruecos de 1992, además, entra en conflicto con la propia Ley de Asilo española, con la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Seguiremos defendiendo la reversión del “rechazo en frontera”, máximo exponente de la “Europa Fortaleza”.

Proponemos:

  1. Reformar la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (LOEX) que prime los criterios de reconocimiento de derechos y que introduzca un procedimiento de regularización permanente.
  2. Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES).
  3. Aprobar un Pacto social y político contra los discursos de odio y evitar que la incertidumbre política y los intereses vinculados a la captación de votos afecten al derecho de asilo y a las personas migrantes y refugiadas. Frente al alarmante aumento de los mensajes xenófobos, racistas y de odio hacia las personas migrantes y refugiadas, es urgente que quienes ejercen responsabilidades de liderazgo político y representación parlamentaria y senatorial actúen con responsabilidad promoviendo, a través de sus discursos, la igualdad, la tolerancia y la construcción de sociedades inclusivas y evitando la promoción de discursos estigmatizantes, términos discriminatorios o informaciones falsas.
  4. Reforma de la Ley de Asilo para garantizar vías seguras, entre ellas la diplomática. Para ello, debe aplicarse el artículo 38 de la Ley de Asilo según la interpretación del Tribunal Supremo facilitando el traslado a España de personas en riesgo de persecución. Es al mismo tiempo necesario mantener esta previsión en la futura Ley de Asilo. Finalmente, ha de eliminarse la exigencia de visados de tránsito aeroportuario a personas de países en conflicto o con graves vulneraciones de los derechos humanos entre los que se encuentran Palestina, República Democrática del Congo, Siria, Burkina Faso, Malí, Sudán y Yemen.
  5. Dotar al Defensor del Pueblo de recursos suficientes para llevar a cabo las funciones vinculadas a su designación como mecanismo independiente de monitoreo del triaje y procedimientos fronterizos conforme al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
  6. Derogar la Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería, que pone en grave riesgo el derecho de asilo al no contemplar el procedimiento y las garantías debidas bajo las que se llevará a cabo la figura del ‘’rechazo en frontera’’.
  7. Garantizar que no se produzcan devoluciones ilegales en las fronteras bajo la cobertura de retornos ‘’voluntarios’’ de personas a las que no se les ha proporcionado información veraz, exacta, exhaustiva y en un idioma que puedan comprender sobre las consecuencias y el alcance de dichos retornos.
  8. Eliminar la lista nacional de países seguros. La elaboración de la misma no es preceptiva conforme al Pacto Europeo de Migración y Asilo y entrañaría el riesgo de devolver a personas a países que no garantizan adecuadamente el respeto a los derechos humanos en base a una presunción de seguridad generalizada. Asimismo, es esencial rechazar posibilidad de establecer centros de retorno en terceros países en el marco del Reglamento de Retorno y su implementación, por entrañar riesgos de detención arbitraria, denegación de garantías jurídicas y violaciones del principio de no devolución.
  9. Garantizar el acceso efectivo al procedimiento de protección internacional, procediendo al registro de la solicitud en un plazo máximo de cinco días desde que la persona exprese su voluntad de solicitar asilo y de 21 días desde el registro para su formalización mediante entrevista. En caso de superar cualquiera de estos plazos, se debe expedir automáticamente el documento de solicitante de protección internacional.
  10. Asegurar el derecho a la reagrupación familiar. Para ello, es imprescindible facilitar y agilizar la extensión familiar, estableciendo un plazo máximo de tres meses para los procedimientos, así como la concesión por silencio positivo en caso de no ser resueltos dentro de este plazo. Flexibilizar la valoración de criterios como la dependencia y convivencia previa, adaptándolas al contexto del país de origen y no exigiendo nuevos requisitos económicos y vivienda adecuada. Además, debe establecerse un procedimiento específico y preferente para hijas e hijos nacidos en España.
  11. Evitar la detención en los procedimientos de asilo en frontera. La detención tiene que ser el último recurso y siempre de forma motivada. La futura reforma normativa debe establecer medidas alternativas a la detención y no ampliar los plazos de procedimiento en frontera, donde, hasta ahora, las personas pueden permanecer retenidas hasta un máximo de ocho días. Asimismo, no deben introducirse limitaciones a la libertad de movimiento.
  12. Garantizar la asistencia a personas en peligro en el mar de conformidad con el Derecho Internacional. En este sentido, se deben reforzar los mecanismos de búsqueda y salvamento marítimo, asegurando el desembarco seguro y el acceso a la protección. Además, debe garantizarse que las medidas para combatir el tráfico ilícito de migrantes no den lugar a la criminalización de quienes actúan en cumplimiento del imperativo humanitario y jurídico de salvar vidas en el mar.
  13. Promover la inclusión laboral de las personas solicitantes de asilo, apátridas y refugiadas, eliminando las barreras administrativas y la discriminación que dificultan su acceso al empleo y garantizando el reconocimiento, por parte de empresas y administraciones públicas, de la documentación que acredita su situación y su autorización para trabajar.
  14. Impulsaremos una Ley Integral contra el Racismo, cuyo objetivo sea prevenir y, en su caso, denunciar, sancionar y reparar la discriminación racial, el racismo institucional y estructural y las formas conexas de intolerancia para el fomento de la igualdad y la justicia racial.
  15. Adopción de políticas que apuesten por la integración, la igualdad de derechos y la convivencia, concebidas con carácter transversal y sin diferenciación del resto de la población.
  16. Puesta en marcha de ventanilla única para la información y agilizar la burocracia en trámites administrativos, incluidos los permisos de estancia, residencia y nacionalidad.
  17. Creación de Oficina de acompañamiento en la llegada a las personas migrantes.
  18. Establecer mecanismos de participación ciudadana para las personas migrantes, tanto directa como para elevar sus propuestas al gobierno central: consejos de migración e interculturalidad.

12. Reforma de las administraciones públicas: democratizar las instituciones

Desde Izquierda Unida defendemos unas administraciones públicas basadas en la defensa del servicio público, en el pluralismo cooperativo, en la descentralización y desconcentración de funciones, en la sencillez de los procedimientos, en la prestación de servicios eficientes y de calidad, y en el fomento de la participación ciudadana. La reforma de las Administraciones Públicas debe implicar un cambio en profundidad de sus estructuras y organización, de sus aspectos funcionales y de los procedimientos que los informan y del modelo de función pública actual. Implica también un cambio de cultura de gobernantes, directivos y empleados públicos en general, respecto a sus relaciones con la sociedad y con la ciudadanía.

El objetivo debe ser una mejor y más eficaz provisión de servicios públicos a la ciudadanía.

Proponemos:

  1. Incremento de las ofertas de empleo público para dotar de personal suficiente que permita proveer de servicios públicos de calidad a la ciudadanía.
  2. La limitación de las asistencias técnicas, de manera que no asuman en ningún caso competencias de los órganos administrativos ni funciones del personal funcionario.
  3. Mejora de la coordinación entre Administraciones y simplificación de procedimientos.
  4. Proponemos la implantación de un modelo de administración cooperativa, plural en la decisión, cooperativa en la gestión y con “ventanilla única” para el ciudadano. Este modelo, coherente con el horizonte deL Estado Federal, conjugaría la pluralidad de competencias de los distintos niveles de gobierno del Estado, con la necesidad de que el desarrollo y gestión de las políticas públicas se realice por la administración más cercana a la ciudadanía.
  5. Respecto a la función pública, frente a la proliferación de diferentes regímenes jurídicos (funcionarios, laborales, estatutarios, etc.), defendemos una regulación única de las condiciones de trabajo para todos los empleados y empleadas públicos, con la configuración de un nuevo modelo estatutario, con estabilidad en el empleo y con derechos laborales y sindicales similares al resto de los trabajadores y trabajadoras.
  6. Reformar la Administración Pública para mejorar la atención a la ciudadanía. La administración pública necesita un amplio proceso de reformas para conseguir mejorar la atención y servicios que se presta a la ciudadanía española. Para conseguirlo, será preciso actuar para corregir la reducción de las plantillas en el sector público, recuperando tasas positivas de reposición que nos permitan a afrontar el problema del envejecimiento y la jubilación de porcentajes elevados de las plantillas en pocos años en muchos servicios públicos. Al tiempo, es necesario mejorar los procesos de estabilización laboral iniciados con la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Se requiere también la puesta en marcha de reformas normativas en al menos los siguientes ámbitos: reorientar la gestión a objetivos; considerar y potenciar la contratación pública estratégica, innovadora y de ‘impacto’, impulsando los Conciertos Sociales, como una herramienta de intervención social; mejorar la profesionalización de los puestos directivos y cambiar los procesos de selección.

13. Reforma de la administración de justicia y del poder judicial

La Justicia es en España el poder del Estado más alejado de los ciudadanos y menos democrático, apenas alterado en su funcionamiento desde el franquismo, además de arrastrar un serio déficit de transparencia. La democracia es incompatible con la existencia de un poder cuyos órganos de gobierno ni se eligen por los ciudadanos ni están sometidos a un control democrático por la sociedad. Los jueces y fiscales son designados mediante un sistema obsoleto de acceso en el que únicamente se valora la capacidad de memorizar normas jurídicas, pero en el que no se tiene en cuenta ni méritos profesionales, ni sensibilidad social y democrática, ni empatía con los ciudadanos. Además, el sistema de acceso arrastra una gran carga de endogamia. La falta de actualización de los métodos de acceso a la carrera judicial y a fiscalías han hecho que en la actualidad España se haya convertido en el país de la Unión Europea con el sistema de acceso a la judicatura más arcaico y desvinculado de la realidad social.

Los ciudadanos no tienen capacidad ninguna para elegir los órganos de gobierno del Poder Judicial, a diferencia de otros países donde si existen mecanismos de participación directa de los electores en la elección de estos órganos de gobierno e incluso en la designación de determinados puestos judiciales o fiscalías. En España el Poder Judicial es elegido mediante un sistema mixto en el que en la práctica únicamente participan en una primera instancia a través del Parlamento y donde posteriormente se contempla una participación directa de las organizaciones profesionales representantes de jueces y fiscales, sectores de clara mayoría conservadora que en absoluto coinciden con el sentir y la posición política del pueblo, ni coinciden con la voluntad popular expresada en cada momento en las urnas. Un sistema que trasladado por ejemplo al poder legislativo significaría que únicamente los órganos directivos de los partidos políticos pudieran intervenir en la elección de la composición del parlamento.

Entre 1980 y 1985, los jueces habían elegido directamente a los doce vocales de turno judicial, y el PSOE reformó la ley para que fueran designados por el Parlamento, con la mayoría de tres quintos que después de los bloqueos del Partido Popular, es imprescindible dejar atrás.

Si bien las competencias de justicia en nuestro modelo constitucional corresponden fundamentalmente a la administración central del Estado, también existen competencias en esta materia asignadas a las comunidades autónomas en los que se podría intervenir en procura de una justicia más cercana a los ciudadanos y más democrática.

Proponemos:

  1. Reformar la ley para la elección de los doce vocales de turno judicial para que en una primera vuelta sean designados por el Parlamento con la mayoría de tres quintos y en una segunda vuelta sea suficiente una mayoría simple.
  2. Establecimiento de actuaciones que protejan la justicia gratuita como derecho fundamental que debamos defender. El Turno de Oficio debe transformarse en un servicio público prestado por las Administraciones Públicas. Proponemos que la defensa jurídica gratuita de los ciudadanos con escasos recursos económicos se preste a través de un sistema de “defensores públicos”, integrado por abogados y abogadas dedicados exclusivamente a esta tarea, sistema que debe ser gestionado por comunidades autónomas a través de profesionales contratados a tal fin, con exclusividad, y pagados decentemente por las administraciones publicas prestadoras del servicio.
  3. El estado fijará el marco para que las comunidades autónomas pongan en marcha mecanismos de justicia restaurativa al servicio de la reparación efectiva de los colectivos de víctimas, con las sanciones contempladas en el código penal bajo la denominación de “trabajo en beneficio de la comunidad”. Las comunidades autónomas pondrán en marcha programas efectivos de Justicia Restaurativa para la reparación efectiva de las víctimas de delitos, programas coordinados con los departamentos de justicia de la administración central y autonómica. Especial atención y prioridad tendrán en estos programas la reparación efectiva de las víctimas de faltas y delitos cometidos por menores infractores, de los delitos y faltas contra la seguridad vial, contra la salud pública -drogas- cometidos en el ámbito familiar o delitos y faltas cometidos por personas en situación o riesgo de exclusión social.

14. Transparencia y la pluralidad en los medios de comunicación privados y públicos

Es imprescindible avanzar en la adaptación de la normativa española para cumplir las disposiciones del Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación, aprobado por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.

Proponemos:

  1. Elaborar un marco legal, jurídico y normativo que garantice el derecho a la información plural, veraz y de calidad estableciendo los criterios que definen qué es un medio de comunicación frente a otras plataformas cuya finalidad no es informar.
  2. Crear un registro de medios de comunicación en el que se dispondrá de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Ese registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
  3. Establecer el deber de publicación anual de inversión publicitaria en cada medio por parte de todas las administraciones públicas que deberán ofrecer esa información de forma visible, clara y transparente.
  4. Reformar la Ley de Publicidad Institucional para hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando seudomedios que promueven la intoxicación mediática y las “fake news”
    • Se introducirán criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en la asignación de esa publicidad elaborados a partir del trabajo con expertos en el sector de la comunicación y también con los grupos parlamentarios.
    • Se garantizará que los sistemas de medición de audiencias cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad.
  5. En el caso de los medios públicos:
    • Garantizar la pluralidad.
    • Paralización urgente de la externalización de programas, formatos y medios. Especialmente las áreas de Servicios Informativos deben recuperar íntegramente los programas y secciones de información con independencia del contenedor donde se emita.
    • Puesta en marcha de Planes Estratégicos para la Producción Propia Interna de contenidos y formatos, con objetivos y etapas concretas y medibles.

15. Más Memoria Democrática para el reconocimiento, la justicia y la reparación

La Ley de memoria democrática aprobada en esta legislatura pretende cumplir con la obligación que le corresponde al Estado de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas que sufrieron violaciones de los derechos humanos, sólo por el hecho de implicarse en la defensa de los valores democráticos y además reparar las injusticias que se cometieron sobre sus personas. Por tanto, no responde a un “capricho” de una mayoría parlamentaria o de un gobierno determinado. Responde a una exigencia del Derecho Internacional de derechos humanos que plantea a los Estados cumplir con los principios internacionales de verdad, justicia y reparación. Así, el estado español al aprobar esta ley no hace sino cumplir con su obligación, pero hay algunos rehabilitar la memoria de las víctimas, reparar los daños causados y fijar normas tendentes a evitar cualquier justificación de los regímenes totalitarios.

Pero quedan todavía pasos por dar para acabar con la impunidad y por eso Izquierda Unida seguirá reclamando más avances relevantes en verdad, justicia y reparación, así como la atribución de un papel activo de todas las administraciones públicas en la exhumación de fosas y búsqueda de desaparecidos.

Proponemos:

  1. Desarrollo reglamentario de la Ley integral de memoria democrática que recoja el derecho a la reparación a todas las víctimas de la dictadura franquista y contemplar esa reparación integral como derecho subjetivo, así como el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura y dotación de medios personales, económicos, tecnológicos y materiales para implementar la ley de memoria democrática.
  2. Aprobar una Ley sobre Bebés Robados que depure las responsabilidades sobre lo ocurrido con un total de 30.960 niños y niñas que fueron apartados de sus madres entre los años 1944 y 1954, según calcula el auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional del 18 de noviembre de 2008. La sustracción de bebés fue una práctica que comenzó en la posguerra española y se alargó hasta los primeros años de la democracia. Se calcula que solo entre los años 1944 y 1954 fueron apartados de sus madres un total de 30.960 niños y niñas. La práctica se realizó, fundamentalmente, contra las mujeres republicanas, anarquistas y antifranquistas que estaban presas en las cárceles, a las que se privaba de sus hijos para integrarlos en familias que el franquismo consideraba de “comportamiento irreprochable”. Impulsaremos una ley que garantice la búsqueda e identificación de niños y niñas y el reconocimiento público del impacto que este tipo de violencia ha tenido específicamente en las mujeres durante décadas. La ley debe tener un enfoque global que facilite los procesos de búsqueda y proporcione acompañamiento a las víctimas en todas las fases de dichos procesos, velando por que el plazo de prescripción se cuente a partir del momento en que se restituye la identidad de las víctimas, permitiendo el acceso a todos los archivos y documentos públicos y privados, y garantizando que todas las víctimas reciban reparación integral.
  3. Adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento social y cultural de los lugares de la memoria democrática y antifascista. A tales efectos, se procederá a la localización, catalogación y declaración como patrimonio histórico de los lugares de memoria y a su señalización mediante monumentos, placas y paneles que expliquen los hechos que tuvieron lugar. Especialmente importante la resignificación del llamado Valle de Cuelgamuros.

16. Por un estado laico

La laicidad del Estado es un principio de convivencia democrática que promueve y garantiza el derecho a la Libertad de Conciencia de las personas para todo tipo de convicciones, religiosas o de cualquier otra naturaleza, con su consecuente derecho a la Libertad de Pensamiento, Expresión, Opinión e Información, así como la Igualdad de derechos ante la Ley, sin que quepa discriminación ni privilegios por razón de conciencia.

El laicismo exige de las administraciones públicas, en todos los niveles del Estado, central, autonómico y municipal, respetar la Separación entre el ámbito de lo público (el de las instituciones) y el ámbito de lo privado (el de las convicciones particulares), entre las Iglesias y el Estado, sin que pueda existir confusión o interferencia entre los fines y prácticas civiles y los fines religiosos propios de cualquier persona o grupo; a la vez que exige la estricta Neutralidad de trato del Estado respecto a cualquier creencia o convicción de carácter particular, administrando valores universales válidos para el conjunto y no solo para una parte por mayoritaria que sea en lo sociológico, histórico o cultural.

La situación actual en nuestro país muestra claros incumplimientos y carencias en la legislación, normas y comportamientos por parte de las instituciones, funcionarios y cargos públicos respecto a los principios mencionados y al mandato constitucional del Artículo 16 CE “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, siendo necesario acometer cambios reales en favor de la laicidad de la res-pública y por una democracia plena.

Resolver estos incumplimientos depende en mucho del contenido de la legislación existente a nivel general, si bien también a nivel autonómico y municipal existe un importante y amplio margen de actuación dentro de su propio marco competencial, para alcanzar dicho objetivo, con la importancia añadida que ello tiene por su proximidad con la ciudadanía; más aún cuando llevarlo a cabo solo depende en muchos casos de la voluntad política por no existir legislación alguna que lo impida.

En este sentido, junto con Europa Laica presentamos un listado de propuestas concretas que consideramos necesarias y posibles para que sean asumidas por las fuerzas políticas e instituciones del Estado a fin avanzar en el objetivo de la laicidad del Estado, contribuyendo por tanto a hacer efectivo el Artículo 9 CE que propugna que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones… remover los obstáculos para que la igualdad y libertad de hombres y mujeres y de los grupos sean reales y efectivas…

A fin de poder avanzar hacia un Estado laico en nuestro país, incluimos a continuación nuestras propuestas.

Proponemos:

  1. Denuncia y derogación de los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, así como con las otras confesiones religiosas, incluyendo la legislación de privilegio que se deriva de los mismos. Modificación de los arts. 16 y 27 de la Constitución
  2. Autofinanciación y supresión de las exenciones y beneficios fiscales de las confesiones religiosas, con especial atención a la exención del IBI.
  3. Eliminación de cualquier financiación pública a las confesiones religiosas, con su control y transparencia por parte del Parlamento.
  4. Retrotraer la totalidad de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica, afectando al Patrimonio del Estado los bienes muebles o inmuebles de interés histórico-artístico y cultural, incluidos los de naturaleza religiosa.
  5. Elaboración de una Ley de Libertad de Conciencia que contemple las convicciones religiosas y de cualquier otro tipo, derogando la Ley de Libertad Religiosa. Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la eutanasia y al suicidio asistido.
  6. Derogar del Código Penal los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos y cualquier otra tipificación que menoscabe el derecho a la libertad de expresión y manifestación.
  7. Elaboración de Reglamentos de Laicidad que regulen la aconfesionalidad constitucional en las distintas Administraciones, con especial atención a la neutralidad de instituciones, cargos y espacio público respecto a actos y simbologías de carácter religioso.
  8. El sistema educativo será laico, suprimiendo la religión doctrinal del ámbito escolar. Se potenciará de forma prioritaria la escuela pública, con la eliminación progresiva de los conciertos educativos de los centros de enseñanza con ideario propio. Las Administraciones Públicas dejarán de tener a su cargo el salario de los profesores de religión, que será asumido por la confesión religiosa correspondiente. En ningún caso, los profesores de religión formarán parte del Claustro de Profesores de los centros educativos.
  9. Los servicios de Sanidad y Asistencia Social se ofrecerán de forma prioritaria por el Estado, revirtiendo aquellos de titularidad o gestión privada mantenidos con recursos públicos, sean de organizaciones religiosas o de otra naturaleza.
  10. Asumir la Carta Europea por la Laicidad y la Libertad de Conciencia, elaborada por Europa Laica en 2014 y presentadas en las instituciones europeas, para articular un marco general de ámbito supranacional que garantice estos derechos en condiciones de libertad e igualdad, sin privilegio ni discriminación.
  11. Ninguna autoridad, cargo público o funcionario participará, en calidad de tal, en ceremonias, ritos, celebraciones o actos de carácter religioso ni aceptarán distinciones en función de su cargo.
  12. Se suprimirá cualquier presencia oficial de las Fuerzas Armadas, de Seguridad del Estado o Policía Autonómica o Municipal, así como de sus símbolos e himnos, en actos de carácter religioso.
  13. Los actos o conmemoraciones religiosas promovidas por las distintas confesiones no tendrán la consideración de oficiales, no se organizarán, promoverán, subvencionarán ni se incorporarán como parte de la programación propia de ninguna Administración.
  14. La cooperación que las Administraciones puedan establecer con las entidades religiosas se regirá por los mismos principios que sean de aplicación a cualesquiera otras entidades de carácter privado, siempre de acuerdo al interés público y en ningún caso para actividades litúrgicas ni de culto religioso.
  15. Los cargos públicos, funcionarios y trabajadores de las instituciones públicas deben garantizar la neutralidad ideológica en el desempeño de sus funciones. En consecuencia, están obligados a observar ante los ciudadanos a los que presten su servicio la debida reserva de sus particulares ideologías y creencias, absteniéndose de toda acción de proselitismo y propaganda en el ejercicio de su función.

17. Regulación del uso de la Inteligencia Artificial para protegernos de abusos

La humanidad se enfrenta a un nuevo reto, la Inteligencia Artificial. Utilizada para el bien común, puede traer progreso y bienestar para todas y todos. Pero el desarrollo de la IA sin una ordenación, sin control ni regulación entraña graves peligros sobre derechos fundamentales de las personas. Los grandes modelos lingüísticos de aprendizaje automático en los que se basan herramientas como Chat GPT absorben millones de textos de un internet donde imperan los puntos de vista racistas autoritarios y misóginos. La falta de ordenación y regulación pueden amplificar la injusticia y la discriminación, difundiendo una visión del mundo contraria a los avances en derechos conseguidos durante decadas. También puede ser una poderosa herramienta en manos de sistemas de información para desprestigiar y atacar el derecho a la intimidad y al honor de las personas.

Se trata de evitar que esta tecnología se utilice para atacar derechos humanos de las personas.

Proponemos:

  1. Aprobar una ley de regulación de las simulaciones de imágenes y voces de personas generadas por medio de la inteligencia artificial que proporcione un marco de protección ante los abusos que el uso de la inteligencia artificial puede conllevar sobre las personas.
  2. Establecer medidas que protejan la propiedad intelectual de personas artistas ante el uso de sus creatividades por parte de servicios y aplicaciones de Inteligencia Artificial para generar nuevos items.

18. Regulación integral del cannabis y sustancias derivadas

Queremos una regulación integral del cannabis y sustancias derivadas para legalizar su cultivo, comercialización y uso recreativo y terapéutico siempre bajo criterios éticos y de sostenibilidad, haciendo hincapié en la protección de la salud y los derechos fundamentales de las personas usuarias bajo el prisma de la justicia social.

Proponemos:

  1. Abogamos por las libertades personales de las personas usuarias de drogas, por lo tanto, apoyamos aquellas iniciativas que apuesten por la derogación de los puntos relativos a drogas de la ley Mordaza y las que tienen un alto grado de lesividad para los derechos fundamentales de esta y otras disposiciones del ordenamiento jurídico.
  2. Entendemos que la prioridad en materia de políticas públicas sobre drogas es proteger la salud de las personas, apostando por modelos de regulación que pongan a las personas usuarias y sus derechos en el centro, a fin de empoderarse y tomar sus propias decisiones desde el conocimiento y la información sobre la sustancia, previniendo riesgos legales y riesgos a la salud.
  3. Defendemos el derecho al autocultivo para las personas usuarias de cannabis, con la referencia de un acopio anual de hasta 10 gramos diarios. También defendemos el acceso a semillas mediante la tradicional industria del cannabis autóctona, growshops y bancos de semillas, que han defendido y difundido la cultura cannábica durante décadas en este país.
  4. Apostamos por el modelo de Club Social de Cannabis a través del cultivo colectivo como una herramienta capaz de asegurar la trazabilidad de la sustancia, siempre que haya seguridad jurídica, y de reducir riesgos asociados al consumo, fomentando el trabajo comunitario y las estrategias de apoyo mutuo.
  5. Queremos que se respete la libertad de elección de las personas usuarias que utilizan el cannabis con fines terapéuticos o medicinales, que puedan tener acceso a un cannabis de calidad y a bajo coste, siendo el autocultivo y los CSC alternativas para todas aquellas personas que opten por alternativas a la vía farmacéutica.
  6. Solicitamos la regulación de las actividades del cáñamo alto en CBD, actualizando y equiparando su regulación al resto de países europeos que han hecho grandes avances en esta materia, teniendo en cuenta la realidad del sector en España.

Preguntas frecuentes

¿Defiende Izquierda Unida una república?

Sí. El programa propone una democracia avanzada en el marco de un Estado federal, republicano y solidario, plurilingüístico y pluricultural, que amplíe la libertad y la participación y garantice el bienestar económico, social y cultural.

¿Qué cambiaría Izquierda Unida en la Constitución?

Incluir en el Título I los derechos sociales debilitados, como la salud y la vivienda, para que tengan garantías jurídicas; abolir definitivamente la pena de muerte, que el artículo 15 aún contempla para tiempos de guerra en las leyes penales militares; y modificar el artículo 135 para que la estabilidad presupuestaria no prevalezca sobre la estabilidad social.

¿Quiere Izquierda Unida rebajar la edad de voto a los 16 años?

Sí: reconocer el derecho al voto a partir de los 16 años, incluyendo a las personas inmigrantes con dos años de residencia en el Estado español.

¿Qué reforma electoral propone Izquierda Unida?

Una reforma que garantice la proporcionalidad en el reparto de escaños respecto a los votos: por ejemplo, asignar la mitad de los escaños a los ganadores de cada provincia, como ahora, y la otra mitad de forma proporcional a los votos totales. El programa sostiene que se puede lograr sin cambiar la Constitución.

¿Qué propone Izquierda Unida para la financiación local?

Derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que obliga a los ayuntamientos al equilibrio presupuestario, impide aumentar gasto e inversión y destina los superávits solo a devolver deuda.

¿Derogaría Izquierda Unida la ley mordaza?

Sí, la totalidad de sus elementos lesivos: eliminar la obligación de comunicar previamente las manifestaciones —salvo eventos previstos y previsibles— y dejar de sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten a la intimidad o la seguridad de los agentes ni de sus familias.

¿Qué propone Izquierda Unida en política migratoria?

Reformar la Ley de Extranjería para introducir un procedimiento de regularización permanente, cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) y aprobar un pacto social y político contra los discursos de odio.

¿Qué plantea Izquierda Unida sobre el estado laico?

Denunciar y derogar los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede y con las demás confesiones, modificar los artículos 16 y 27 de la Constitución, eliminar toda financiación pública a las confesiones y suprimir sus exenciones fiscales, en especial la del IBI.

¿Qué propone Izquierda Unida con la memoria democrática?

El desarrollo reglamentario de la Ley integral de memoria democrática, con la reparación integral como derecho subjetivo y el resarcimiento de bienes incautados, y una Ley sobre Bebés Robados que depure responsabilidades por los 30.960 niños y niñas apartados de sus madres entre 1944 y 1954.

¿Qué plantea Izquierda Unida sobre la inteligencia artificial?

Una ley que regule las simulaciones de imágenes y voces de personas generadas con inteligencia artificial, para proteger frente a los abusos, y medidas que protejan la propiedad intelectual de los artistas frente al uso de sus creatividades por servicios de IA.

¿Es partidaria Izquierda Unida de regular el cannabis?

Sí: una regulación integral del cannabis y sustancias derivadas que legalice cultivo, comercialización y uso recreativo y terapéutico con criterios éticos y de sostenibilidad, reconozca el derecho al autocultivo —con referencia de hasta 10 gramos diarios de acopio anual— y regule los clubes sociales de cannabis y el cáñamo alto en CBD.

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