El diputado de Izquierda Unida Toni Valero ha acusado esta tarde a la derecha del Partido Popular y a la extrema derecha de Vox en el Pleno del Congreso de “no dudar en castigar a la clase trabajadora de este país y ponerse a la orden de los grandes rentistas” y de aplicar el “sadismo social” cuando “votaron en contra de la prórroga de los alquileres”.
Durante la defensa de la posición de su grupo parlamentario en el debate de una proposición no de ley del PSOE sobre vivienda, Valero lamentó que mientras se votaba lo que iba a suponer “un parche para evitar sufrimiento social”, PP y Vox “eligieron a los grandes rentistas, no lo duraron”.
Esta valoración política vino precedida de la constatación de un hecho, que “en plena emergencia habitacional cargos del Partido Popular se han repartido vivienda protegida”, como ha ocurrido, entre otras, en la ciudad de Alicante, donde gobierna el partido de Alberto Núñez Feijoo.
“Al final -advirtió el diputado y también coordinador general de IU Andalucía- va a resultar que el requisito para acceder a una vivienda protegida (VPO) no es el nivel de renta, sino tener el carnet del Partido Popular. Esta es la ‘marca PP’. En Alicante, 20 años sin grandes promociones de obra pública y cuando aparece se la reparten en el entorno político del PP”.
Toni Valero desarrolló en su intervención la idea que Izquierda Unida defiende desde hace años, mucho más ahora ante la grave situación actual de acceso a una residencia, que “la democracia está en crisis cuando la vivienda deja de funcionar como un mecanismo de seguridad, de integración social y de acceso al bienestar para convertirse en una fuente de desigualdad persistente”.
Argumentó también que esto ocurre cuando el artículo 47 de la Constitución Española, el mismo que deja claro el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y establece que los poderes públicos deben hacerlo efectivo choca con lo que tachó de “realidad incontestable”, que no es otra que el “poder real” de lo que denominó como “’partido inmobiliario y financiero’, que tiene muchos manigeros en ayuntamientos, comunidades autónomas y en el Congreso; diputados manigeros como los del PP, que no han dudado en repartirse vivienda protegida”.
Completó esta idea añadiendo que “Vox es el brazo político del ‘partido inmobiliario y financiero’, y los escuadristas de Okupa son su brazo armado”. Y todo ello, sin olvidar que “un país donde muchas familias tienen miedo a perder su casa, donde la juventud no se puede emancipar, es un país con la democracia quebrada”.
Pero Valero no se limitó a la crítica política, sino que lanzó un póker de propuestas muy concretas “frente a quienes tienen como prioridad la defensa del rentismo y de la oligarquía financiera inmobiliaria, frente a quienes son capaces de dejar a su hermana en la calle con tal de no molestar al patrón”.
“Primero -enumeró-, volveremos a traer la prórroga de los alquileres. No vamos a cejar hasta que todas las familias que viven de alquiler puedan dormir tranquilas y no preocupadas por abusos en el alquiler. Frente a los ‘fondos buitre’ vamos a defender cada hogar”.
En segundo lugar, indicó que “hay que incrementar el parque público de vivienda hasta en un millón y medio de viviendas públicas más en 2035” y no de cualquier manera, porque “no queremos que quienes han sido parte del problema ahora hagan caja con la solución, con un modelo de colaboración público privada. Cada euro público tiene que convertirse en vivienda pública, no en dividendos privados”.
No dudó en criticar que en su proposición no de ley, “el PSOE mezcla y confunde vivienda protegida con vivienda pública” y aclaró que “la vivienda protegida no es pública, es vivienda privada subvencionada con dinero público”. Por eso, “es necesario garantizar que no se puede descalificar” y, sobre todo, “hay que apostar por un verdadero parque de vivienda pública de alquiler social”.
“Queremos expropiar” -dijo como tercer punto-, “expropiar viviendas en desuso de entidades bancarias y fondos de inversión, así como suelo en desuso en el mundo rural para incorporar al parque público de vivienda. Las viviendas vacías de los ‘fondos buitre’ tienen que servir al interés general.
El rentismo rompe barrios, rompe vidas y rompe la confianza democrática
Y como cuarto punto, destacó que “donde hay presión inmobiliaria turística y especulativa, hay que limitar la vivienda a compra para uso residencial. Hay que prohibir comprar para especular. Hay que hacer valer la función social de la vivienda, porque las ciudades no pueden ser un parque temático para inversores”.
Para Valero, “este país arrastra un modelo instaurado en el franquismo”, que consiste en “alimentar una oligarquía rentista que vive del capital inmobiliario”, y para ello, “la vivienda se tiene que considerar mercancía y no un derecho, y como toda mercancía proporciona más beneficios si se especula con ella”.
Advirtió de que “el rentismo del gran capital rompe barrios, rompe vidas, atrofia la economía familiar y rompe la confianza democrática” y que “es aquí donde la ultraderecha encuentra su caldo de cultivo, en un malestar provocado por un modelo inmobiliario rentista que defienden a capa y espada”.
El diputado y coordinador general de IU Andalucía apuntó que la “gran disputa de nuestro tiempo” es “entre democracia o especulación, entre ciudades para vivir o ciudades para hacer negocio. Nosotros lo tenemos claro: la vivienda es un derecho y vamos a defender el derecho de las familias trabajadoras a quedarse en sus barrios y a vivir con dignidad”.
