El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha presentado hoy en Cádiz la proposición de ley -el máximo rango normativo- elaborada por IU y cuyo registro ha impulsado hoy en el Congreso para la “protección de la libertad sindical y el derecho de huelga en el ámbito del trabajo”. La iniciativa busca, entre otras cuestiones, acabar con las ‘listas negras’ de trabajadores elaboradas por las propias empresas para amedrentar a sus plantillas.
En un contacto con los medios en la sede gaditana de IU acompañado, entre otras, por la cabeza de lista por Cádiz de la coalición, Esperanza Gómez, Maíllo trasladó su solidaridad con los dos soldadores que llevan dos semanas encaramados a una grúa en las instalaciones de Navantia en San Fernando para denunciar que se les impide trabajar en la industria auxiliar del metal al haber sido incluidos en esas ‘listas negras’.
El candidato de Por Andalucía a presidir la Junta había mantenido previamente un encuentro con representantes de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) para conocer de primera mano y con todo detalle la situación en la que se encuentran estos dos trabajadores que sufren desde hace años vetos laborales por su vinculación sindical.
Señaló tajante que “no puede haber ‘listas negras’ en las empresas sobre gente comprometida sindicalmente. Eso tiene que erradicarse porque no solo va en contra del derecho fundamental de la libertad sindical, sino de la democracia”.
En concreto, la proposición de ley que se tendrá que debatir en el Congreso plantea cambios importantes tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. En la primera norma incluye que cualquier trabajador tiene derecho ‘a no padecer persecución o represalia alguna por parte del empleador por el ejercicio legítimo de su actividad o afiliación sindical o el derecho de huelga’.
Para ello, queda ‘especialmente proscrita la elaboración por parte del empleador de listados o archivos con la filiación de trabajadores que ejercen el derecho de sindicación o huelga con el fin de discriminar a estos en el acceso o promoción en el empleo’.
En la norma sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social la proposición de ley registrada hoy incluye como “infracción muy grave” la ‘persecución o represalia por parte del empleador a los trabajadores por el ejercicio legítimo de su actividad o afiliación sindical o el derecho de huelga’, así como esa misma ‘elaboración por parte del empleador’ de los listados o archivos mencionados.
Antonio Maíllo destacó la “importancia” de esa modificación de los artículos 4 y 8, respectivamente, de las dos leyes mencionadas a través de la iniciativa registrada por IU y que hace suya Por Andalucía para convertir en ley ambas propuestas que tachó de “fundamentales”, todo ello para que “queden proscritas las ‘listas negras’ que se elaboren para discriminar a trabajadores”.
A modo de resumen, el máximo responsable de IU y de Por Andalucía incidió en que “se proscriben la redacción de listas negras y se establece una equivalencia, desde el punto de vista sancionador, al impago de un salario”.
Destacó también con orgullo que, además de una coalición que se presenta a las elecciones andaluzas, “formamos parte también del Gobierno de España y estamos aquí para aportar soluciones y propuestas ante los problemas, y eso es lo que hacemos”.
Los cambios normativos propuestos afectarían a los dos operarios que protestan en Navantia, pero Maíllo detalló también que a través de la proposición de ley registrada “nos solidarizamos no solo con Manuel y Jesús, sino con todos los trabajadores y trabajadoras de muchos sectores, del metal, pero también de la hostelería, del sector del frío y de tantos otros que están sufriendo las ‘listas negras’ de quienes apuntan para no contratar a gente en su sector”.
Vinculó la reforma propuesta con “la propia esencia de la democracia” e incidió en que “pone blanco sobre negro” algunas “soluciones” por parte de quienes también forman parte del Gobierno de coalición de España, de cara a “poner todos nuestros mimbres en consolidar una propuesta que va más allá de lo que actualmente está registrado en la ley”.
A preguntas de los medios en referencia a los dos operarios subidos a una grúa, Maíllo señaló que ha reclamado a la SEPI y al Ministerio de Hacienda que “intervengan y tomen cartas en el asunto” y que también lo haga respecto al “modelo de Navantia” que se quiere tener.
Impulso al trabajo digno y de calidad en Navantia
Indicó que esta compañía pública “no puede ser solamente una empresa tractora que diseñe los proyectos y deje absolutamente todo lo relacionado con su ejecución a empresas subcontratadas”.
Apostó porque desde lo público se “recupere lo que ha tenido en otros periodos históricos”, entre ello “que cuente con plantillas que desarrollen también parte de la actividad”, aunque haya también empresas complementarias.
Antonio Maíllo apuntó que Navantia “tiene que garantizar tanto en su trabajo como en el de las subcontratas la dignidad en que se desarrollan las condiciones laborales”, ya que “hay demasiadas prácticas de precarización de trabajadores que tienen que ser eliminadas”.
A su juicio, “tenemos que abrir y convertir este debate, que ha sido un clamor social y de indignación, en uno que aporte soluciones alternativas”.
