Izquierda Unida ha registrado una iniciativa parlamentaria en la que denuncia los “bloqueos reiterados y masivos de direcciones IP durante la emisión de partidos de fútbol de la Liga española” con el supuesto objetivo de “combatir la retransmisión no autorizada de contenidos deportivos”. Dichos bloqueos tienen lugar normalmente en virtud de resoluciones judiciales, sin embargo su ejecución técnica “se realiza de forma indirecta, amplia y poco precisa, lo que ha derivado en un fenómeno de sobre-bloqueo que afecta a miles de sitios web legítimos y completamente ajenos a cualquier infracción de derechos de propiedad intelectual”.
Estos bloqueos se ejecutan mayormente a instancia de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LaLiga), asociación de carácter privado integrada por las sociedades anónimas deportivas y clubes de fútbol profesionales. Por ello, en la iniciativa que firman el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y el portavoz parlamentario de Deportes de esta formación, el diputado valenciano Nahuel González, entre otras cuestiones, piden explicaciones a los máximos responsables del Gobierno en la materia sobre “qué medidas” han adoptado “para supervisar técnica y jurídicamente la ejecución de estos bloqueos y evitar el sobre-bloqueo de servicios legítimos” y si han solicitado a “LaLiga o a las operadoras de telecomunicaciones información detallada sobre el alcance, duración y efectos de los bloqueos realizados”.
Santiago y González destacan en el texto que “el ejemplo más notorio de este sobre-bloqueo es el de LaLiga, denunciándose un bloqueo generalizado y sin control de ningún tipo a direcciones IP compartidas por miles de páginas web”. Esto “ha provocado ‘graves cortes de Internet en toda España durante los partidos’, como señalan empresas como Cloudflare. Estos cortes han afectado a servicios informativos, comerciales, educativos y de comunicación que nada tienen que ver con la retransmisión de eventos deportivos”.
De ahí que Izquierda Unida interrogue también a los responsables competentes del Ejecutivo sobre “qué medidas tienen previsto adoptar” para que “la ejecución de los bloqueos de IP se ajuste a los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima afectación a terceros exigidos por el ordenamiento jurídico español y europeo”. Del mismo modo, plantean que se detalles si “existe algún mecanismo de transparencia, control o rendición de cuentas que permita a los ciudadanos y a los prestadores de servicios afectados conocer, impugnar o reparar los bloqueos indebidos”.
El ordenamiento jurídico español y el europeo exigen que “cualquier medida restrictiva del acceso a Internet cumpla los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y mínima afectación posible a terceros, especialmente cuando se trata de derechos como el acceso a la información, la libertad de expresión y la libertad de empresa”.
Graves deficiencias técnicas y falta de control en el caso español
No obstante, lo que ocurre en el caso español con este sobre-bloqueo “se distingue de otros modelos europeos”. Por eso “empresas proveedoras de servicios de infraestructura de Internet a nivel mundial han señalado las deficiencias de estos bloqueos masivos desde el punto de vista técnico”.
Izquierda Unida advierte en la iniciativa registrada que “lo más preocupante” son “los efectos de este enfoque, que han llegado a calificar como ‘torpe’, de la falta de experiencia técnica, así como de la indiferencia institucional, puesto que estos bloqueos de sitios web que operan dentro de la legalidad se realizan sin transparencia, sin supervisión y sin mecanismos claros de rendición de cuentas o reparación en los casos en los que procediera, dado que también afecta a miles de personas usuarias de servicios de Internet”.
Enrique Santiago y Nahuel González muestran también su “especial preocupación” por el hecho de que “pese al impacto acreditado sobre derechos fundamentales y sobre el normal funcionamiento de Internet, LaLiga no se haya pronunciado al respecto, ni haya asumido responsabilidad alguna por el bloqueo de innumerables sitios web no relacionados, llegando incluso a sugerir que sus intereses comerciales deben prevalecer sobre el derecho de los internautas a acceder a una red abierta y funcional durante los partidos”.
Además, “hasta el momento no se ha podido acreditar la efectividad de estos bloqueos masivos para resolver el problema de la piratería de manera significativa, lo que también pone en cuestión su propia justificación”.
El texto registrado por IU pregunta también sobre “qué datos dispone el Gobierno sobre el impacto de estos bloqueos masivos en la reducción de la piratería digital” y si “tiene previsto adoptar medidas alternativas o complementarias que permitan conciliar los derechos de los usuarios de internet y la persecución de la piratería digital”.