El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha presentado esta tarde en rueda de prensa en el Congreso el texto de un ‘Protocolo especial de inspección de buques o carga con destino al Estado de Israel’, dirigido a aquellos barcos que atraquen en puertos españoles y puedan transportar material bélico para ser utilizado en el genocidio que el régimen israelí perpetra contra el pueblo palestino. El texto, elaborado por IU, se va a hacer llegar a las instancias competentes del Gobierno de coalición de la forma más rápida posible para que valoren su aplicación efectiva y se convierta en ley de forma rápida.
Santiago ha explicado que esta iniciativa se lleva ahora a cabo después de “haber tenido que combinar la advertencia política con las denuncias ante la Fiscalía General del Estado” para tratar de evitar actuaciones ilegales de este tipo.
Tras haber registrado hasta cinco denuncias de esta naturaleza “firmadas todas en nombre de Izquierda Unida y también como portavoz del Grupo Parlamentario de Sumar”, con el protocolo presentado ahora se busca resolver esta circunstancia: “con las denuncias lo que pedíamos no era exactamente que no atracaran los barcos en España, sino todo lo contrario, pedíamos que los barcos atraquen y se pongan en marcha las medidas cautelares dictadas por los tribunales de justicia para que se bloquee ese material militar con destino a Israel”.
Recordó cómo desde que comenzó hace ya 14 meses la escalada de violencia del régimen israelí contra el pueblo palestino, la Corte Internacional de Justicia ha emitido varias medidas cautelares -24 de enero, 28 de marzo, 24 de mayo y 19 de junio pasados- “que ordenan que no se permita la llegada de ningún suministro militar que pueda contribuir a continuar el genocidio en Gaza”. Estas medidas indican también que “se ponga a disposición de este tribunal los materiales que acrediten la realización de ese genocidio”.
Asimismo, con posterioridad la Corte Penal Internacional dictó órdenes de captura contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros altos cargos por crímenes de guerra.
De la misma forma, Santiago ha recordado que España está obligada a impedir la circulación de este material bélico por su territorio por su legislación nacional, además de por los tratados y mandatos internacionales. Citó la Ley 53/1997 sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y el Tratado sobre el Comercio de Armas, aprobado en Nueva York en abril del 2013 como algunos fundamentos legales para actuar.
Supuesto vacío legal
“Desgraciadamente -destacó- nos hemos encontrado en estos meses una situación muy complicada, que no solamente nos han trasladado los sindicatos o la RESCOP (Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina), sino que incluso autoridades portuarias de este país nos han indicado que no está claramente regulado el mecanismo para impedir este tránsito de armas”.
De ahí que, de manera resumida, Enrique Santiago señaló que el protocolo persigue que “en primer lugar, se regule la supervisión e inspección de todos los buques civiles con destino al Estado de Israel o la carga con destino al Estado de Israel que hagan escala en un puerto o fondeadero en aguas territoriales españolas”.
“En segundo lugar, en cuanto continúa esta situación de peligro para la población civil del Estado palestino por la presunta comisión de crímenes internacionales, tiene que aplicarse este protocolo que debe tener un contenido normativo, ya sea a través de una ley, un real decreto o cualquier mecanismo que lo convierta en norma”.
El dirigente y diputado de IU incidió en que “en caso de que se encuentre esa carga, es la carga y no el barco la que tendrá que ser retenida y, por supuesto, habrá que dar cuenta de lo que se ha detectado y que ha quedado retenido tanto a la Corte Penal Internacional, como a la Corte Internacional de Justicia”.
A preguntas de los/as periodistas Santiago insistió en que “vamos a hacer todo lo posible” para que el Gobierno dé el visto bueno a este protocolo “con toda celeridad” para que haya así “una situación de seguridad jurídica para todas las autoridades portuarias que tienen que intervenir en esta retención de cualquier material susceptible de uso militar, susceptible de contribuir a ese genocidio que está sufriendo el pueblo palestino”.
