El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz en temas de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha asegurado esta mañana en relación a los miles de casos de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica que en una situación así “donde se han destrozado vidas enteras”, su grupo defiende con claridad que “esto se considere, dada su magnitud y gravedad, como un crimen de lesa humanidad”, sobre todo “para impedir la prescripción de las responsabilidades penales” de los autores de estos hechos.
Santiago lo explicó así durante su intervención en la comparecencia del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la comisión parlamentaria homónima, a la que acudió para exponer el informe de su institución sobre estos abusos y el papel de los poderes públicos.
El diputado agradeció a Gabilondo este trabajo, “que es un paso adelante en la consecución de la verdad, la justicia y la reparación, lo que no se había dado hasta ahora”. De la misma forma, trasladó “todo nuestro apoyo para garantizar la justicia”, si bien lamentó que “sea poco posible a estas alturas”. No obstante, indicó que “esperamos que haya un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas y sociales para garantizar la reparación a las víctimas”.
Enrique Santiago reconoció tras escuchar las intervenciones previas de la derecha del PP y la ultraderecha de Vox que “nos sorprende que los corifeos políticos de esta actitud de la Iglesia vuelvan aquí a extender esa distinta consideración que tienen de las graves violaciones de los derechos humanos según quién sea el victimario y según les guste más o menos”.
“Todos los victimarios -apostilló- tienen la misma responsabilidad y no se puede hacer ningún tipo de distinción, sobre todo en un caso como este donde se han destrozado vidas enteras”, para añadir que “es evidente que mientras más poderoso es el victimario, más impunidad hay”.
Señaló que esto es “lo que ha ocurrido con la Iglesia”, pero también, por ejemplo y muy recientemente, “con esos empresarios de Murcia, también dedicados a la vulneración de los derechos de los menores”.
En este contexto, aunque aquí tirando más de ironía, se había permitido también previamente recomendar al Defensor del Pueblo que “no se deje amedrentar por los Abogados Cristianos, que tienen más de ‘abogados’ que de ‘cristianos’. Un alto porcentaje de sus acciones las suelen perder y suelen ser condenados en costas, se lo digo por experiencia propia”.
Santiago expuso a su interlocutor que “nuestra posición es clara, hay que ser implacables con los victimarios y también con la permisividad en la institución”, en referencia a la cúpula de la Iglesia. “Es evidente que no puede decirse que haya sido, ni mucho menos, responsabilidad de todos los integrantes de la comunidad cristiana, pero sí es cierto que ha habido una absoluta impunidad, propia de la cultura de la impunidad que había en este país cuando comenzaron a realizarse estas prácticas, máxime en una institución que había participado directamente en el golpe de Estado contra las instituciones democráticas”, señaló.
El portavoz parlamentario de IU indicó también que “estamos absolutamente en contra de que la reparación económica tenga que correr a cargo de la sociedad”. Apuntó que “la Iglesia tiene suficientes recursos, muchos de ellos transferidos cada año de manera fiscal desde el Estado y también provenientes de ese despojo inmobiliario generalizado que han practicado con las inmatriculaciones” y cerró la explicación indicando que “solo en caso de insolvencia de la institución sería el Estado quien tenga que garantizar el abono de las responsabilidades”.
Santiago valoró también que esta práctica “habitual” de abusos, cuando se traslada al ámbito infantil “de especial vulnerabilidad y debilidad, se convierte en tortura”. Denunció que “la negativa de la Iglesia como institución en España a investigar estos abusos ha sido también palmaria y vergonzosa. Han preferido dedicar sus recursos jurídicos a la apropiación de bienes inmuebles del patrimonio colectivo, mediante la práctica generalizada de la inmatriculación, una práctica de despojo inmobiliario que les ha impedido centrarse en este problema”.
Y tachó también de “lamentable” que desde la cúpula de la Iglesia católica “hayan sido incapaces de aceptar las conclusiones del informe particular que ellos mismos encargaron”.
