El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y en temas de Justicia e Interior del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, ha advertido esta noche en el Pleno del Congreso que es “urgente” conseguir que “la derecha saque sus garras de la justicia o la destrozarán, además de meter preso a cualquiera que les moleste”.
Durante su intervención justo antes de que se votara nominalmente a las personas elegidas para formar parte del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la parte que le corresponde a la Cámara Baja, Santiago lamentó que el ‘secuestro’ del anterior órgano de gobierno de los jueces por la derecha del PP durante algo menos de seis años “va a concluir sin coste alguno para los ‘secuestradores’, y eso debilita a la democracia”.
“El Partido Popular -denunció- solo acepta las reglas que satisfagan sus intereses. Para liberar al ‘secuestrado’ hemos tenido que pagar un ‘rescate’: la aprobación de una proposición de ley para lavarle la cara al PP, porque ni la Unión Europea ha exigido esta reforma, ni los jueces van a elegir al gobierno del poder judicial”.
El diputado de IU constató cómo en todo este tiempo el Partido Popular “no ha permitido ejercer la potestad constitucional de elegir al gobierno del poder judicial, lo que por fin vamos a hacer hoy”.
“La democracia solo funciona si todos los actores políticos respetan las reglas del juego” y en los “años transcurridos desde que el Partido Popular decidió impedir la elección de este órgano de gobierno judicial ha quedado claro que para los señoritos del PP la democracia no es más que su cortijo”.
Para que quedara constancia aún más clara del bloqueo antidemocrático perpetrado por la derecha recordó que fue “el 26 de noviembre del 2013 cuando el Congreso de los Diputados votó por última vez la elección de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial. Han pasado 11 años hasta que el Partido Popular ha permitido a la soberanía nacional elegir el gobierno de uno de los tres poderes del Estado”.
En esta misma línea, advirtió de que con la proposición de ley aprobada unos minutos antes para futuras renovaciones del CGPJ “sin enmiendas” y “exclusivamente por el PP y el PSOE”, lo que ocurrirá es que “se va a impedir que varias promociones de magistrados y magistradas, en especial los procedentes del turno de juristas de prestigio, puedan alcanzar las altas magistraturas judiciales de este país”.
Alertó de que, entre otros efectos, “esto va a ayudar al PP a seguir teniendo la justicia a su servicio”. Y llegado a este punto, avisó del “lamentable espectáculo del juez instructor que nadie sabe qué investiga, pero que genera cientos de titulares de prensa, citando como testigo al presidente marido de la investigada, sabiendo que la ley exime a cualquier testigo de declarar en contra de su cónyuge”. Se refería claramente al juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de instrucción 41 de Madrid, que ayer citó a declarar a Pedro Sánchez como testigo.
“Estos excesos judiciales son consecuencias de tanto oír en esta Cámara que cualquier gobierno de izquierdas es ilegítimo”, apostilló Santiago.
Indicó que la obligación de “quienes sí respetan las reglas de la democracia” es “tomar medidas para evitar que nunca más la justicia o las instituciones se utilicen para exclusivo beneficio de las oligarquías de este país, con la colaboración de una parte del poder judicial, que ha organizado la ‘guerra jurídica’ contra quienes consideran sus enemigos”.
Frente a aquellos partidos que van dando ‘lecciones’ a los demás, indicó que “para arrojar a la basura lo que queda de un Consejo General del Poder Judicial que se ha ganado un lugar destacado en la historia de la ignominia institucional de España, de nada nos sirven los relatos, sino medidas políticas eficaces, que es lo que ha faltado al bipartidismo en estos últimos 50 años y que lo que este Gobierno de izquierdas tiene obligación de hacer”.
Propuestas de cambios concretos
Entró de lleno en la parte propositiva y enumeró entre estas medidas “en primer lugar, aprobar un nuevo CGPJ, que nunca podrá ser peor que el todavía vigente. Un CGPJ que se comprometa a garantizar los derechos de los justiciables y de todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos”.
“A continuación -prosiguió-, estamos obligados a acometer esas medidas de regeneración democrática, a derogar la ‘reforma mordaza’ de la Ley de Seguridad Ciudadana que hizo el Gobierno del PP y los delitos que sancionan la libertad de expresión”.
Para Enrique Santiago, “también hay que acabar con la ‘guerra jurídica’ de la derecha” y esto se consigue “trasladando la instrucción penal a la Fiscalía; permitiendo que se pueda reclamar responsabilidad civil a los jueces que cometen barbaridades, como a cualquier profesional, y aprobando medidas para reparar el buen nombre y el prestigio de las personas afectadas por las interminables investigaciones judiciales”.
Concluyó con este claro aviso: “pero esto no lo puede hacer solo este grupo parlamentario, lo tenemos que hacer los grupos del Gobierno de coalición y todas las fuerzas políticas parlamentarias de este país. Esa es hoy la urgencia democrática y esta votación no es más que un paso para conseguir ese objetivo fundamental”.
