El diputado de Izquierda Unida y portavoz en temas de Formación Profesional (FP) del Grupo Plurinacional Sumar, Toni Valero, ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley sobre la adaptación de la nueva normativa sobre Formación Profesional que de manera resumida, según sus propias palabras, busca “potenciar el sistema público de FP para que se amplíen plazas, para ampliar ciclos y que se dote de mejores infraestructuras al sistema público”. Valero incide en que debe servir también “para terminar con la discriminación salarial que existe de muchos profesores técnicos de Formación Profesional, porque a igual trabajo, igual salario”.
En el próximo curso 2024/2025 debe comenzar la aplicación de la Ley Orgánica 3/2022 de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, así como el Real Decreto 659/2023 que desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, al menos en los primeros cursos de los distintos ciclos formativos.
En declaraciones públicas, el diputado de Izquierda Unida y coordinador general de IU Andalucía destaca que la Formación Profesional “juega un papel crucial en nuestra sociedad porque favorece la inserción laboral de las nuevas generaciones, al tiempo que fortalece el tejido productivo de nuestro país. A fin de cuentas, es una garantía para que la juventud tenga oportunidades para prosperar”.
Sin embargo, alerta de que “mientras muchos alumnos y alumnas se quedan sin plaza en centro públicos para cursar Formación Profesional, proliferan los centros privados. Muchas familias trabajadoras terminan endeudándose con los bancos para poder pagar las matrículas”.
La decena de medidas muy concretas que contiene la iniciativa para que el Congreso inste al Gobierno a su cumplimiento parten de la idea de que prácticamente todas la comunidades autónomas con competencias en materia educativa transferidas, salvo Ceuta y Melilla, “están a la espera de que por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional se establezcan las normas oportunas que definan el currículo básico para comenzar a desarrollar los currículos autonómicos que afectarán, al menos a los primeros cursos de los ciclos formativos, a partir de septiembre de 2024”.
Valero advierte de que la situación en los centros, tanto desde el punto de vista de los equipos directivos, como del profesorado y el alumnado “es de absoluta incertidumbre sobre la adaptación de la nueva normativa a los ciclos de Formación Profesional”. Este aviso implica que la nueva norma “impone la organización de nuevos currículos que contemplen las particularidades autonómicas, la aportación de cada centro educativo, el establecimiento de módulos optativos, la definición de los cupos del profesorado en función del nuevo reparto de horas, o la organización de las prácticas en empresas también para el alumnado de los primeros cursos”.
El portavoz en temas de Formación Profesional del Grupo Plurinacional Sumar destaca que “estamos ya en el último trimestre del curso y no existen instrucciones, ni planificación, ni diseño del currículo, ni desde el Ministerio de Educación, ni desde las Consejerías de Educación de las distintas Comunidades Autónomas. Es más, se plantea un nuevo marco legal donde aparecen nuevos módulos, tales como Digitalización o Sostenibilidad, en una realidad de centros educativos públicos donde a duras penas cuentan con un aula de informática compartida, sin dotación presupuestaria suficiente, y a costa de los contenidos de FOL (Formación y Orientación Laboral)”
Toni Valero detalla que la iniciativa del grupo parlamentario de Sumar debe servir también para “estudiar una nueva estrategia en materia de prevención de riesgos laborales, que afecta tanto al alumnado como al profesorado que realiza sus actividades en talleres, laboratorios y centros educativos públicos”.
A su vez, el planteamiento alcanza a que “el alumnado migrante que está matriculado en Formación Profesional pero aún no tiene formalmente sus permisos de residencia y trabajo pueda finalizar sus estudios y conseguir su título, porque así vamos a facilitar su futura integración laboral”.
Los 10 puntos concretos que incluye la proposición no de ley registrada por Toni Valero plantean:
1.- Coordinar con las consejerías de Educación de las comunidades autónomas, a la mayor brevedad posible, la organización de los nuevos currículos derivados de la nueva normativa de Formación Profesional a desarrollar en el próximo curso 2024/2025.
2.- Iniciar un proceso participativo con todos los agentes implicados (centros públicos, docentes, sindicatos y alumnado) para diseñar y evaluar la implantación de la nueva normativa desde el punto de vista de la potenciación de la Formación Profesional en centros públicos.
3.- Coordinar con los gobiernos autonómicos nuevos planes de inversión, combinando fondos europeos, fondos del ministerio y fondos autonómicos, para la mejora de las instalaciones y centros de FP, ampliación de ciclos y número de plazas en centros públicos y refuerzo del número de docentes necesario.
4. Estudiar urgentemente los cambios normativos necesarios para posibilitar que estudiantes migrantes sin permiso de residencia o trabajo puedan completar las prácticas establecidas y conseguir el título de Formación Profesional, de forma que se les facilite su futura integración laboral.
5.- Evaluar y estudiar una posible reducción o flexibilización de las horas curriculares en la estancia de empresa en función del sector productivo y la etapa de FP, desde un punto de vista pedagógico.
6.- Coordinar con las comunidades autónomas un complemento de equiparación salarial del profesorado técnico de Formación Profesional que no ha podido consolidar el grado A1 con el profesorado de Educación Secundaria, en función del principio ‘a igual trabajo, igual salario’.
7.- Estudiar una nueva estrategia y/o regulación en materia de prevención de riesgos laborales que proteja tanto al alumnado como al profesorado en los talleres y laboratorios de los centros educativos.
8.- Establecer mecanismos de vigilancia y control de la estancia del alumnado en la empresa, al realizar la FP dual, por parte de la representación legal de los trabajadores. Inclusión de esta obligación en el artículo 166 del RD 659/2003, de 18 de julio, por el que se desarrolla la Ordenación del Sistema de FP.
9.- Desarrollar una verdadera correspondencia entre la acreditación de competencias de los Grados A, B y C, así como la forma de adquirirlas respecto a los Grados D (FPGS, FPGM y FP Básica), que permita una cualificación profesional real.
10.- Evitar la pérdida de contenidos en el módulo de Formación y Orientación Laboral (FOL), especialmente los referidos a negociación colectiva, diálogo social, agentes sociales, etc. Ante un modelo de FP Dual que refuerza la formación en la empresa, los contenidos sobre derechos y obligaciones adquieren especial relevancia.
