Izquierda Unida ha solicitado a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que investigue si existe conflicto de intereses por parte del Gobierno de Aragón en relación con el proyecto de unión de las estaciones de esquí de Formigal y Astún por el valle de la Canal Roya.
La portavoz federal y eurodiputada de IU, Sira Rego, se ha desplazado hoy a Zaragoza donde ha ofrecido una rueda de prensa junto al coordinador de IU Aragón y candidato a la Presidencia del Gobierno de esta comunidad el 28M, Álvaro Sanz. Durante la misma, además de otros temas de actualidad, han explicado las razones de esta solicitud con la que esperan que la Unión Europea (UE) paralice de forma cautelar el proyecto. En principio, 26 de los 38 millones a los que ascendería su coste deben ser sufragados por los fondos europeos Next Generation, destinados a la sostenibilidad turística y cuya gestión corresponde a las entidades locales.
Sira Rego explicó que se trata de frenar la conexión de Astún y Formigal por el valle de la Canal Roya, debido a que es una zona de alto valor medioambiental que debemos “proteger y preservar”. Además, valoró que el proyecto es contrario al “patrón climático” y a la “sostenibilidad”, cuestiones que centran la finalidad de los mencionados fondos de ayuda europeos.
La eurodiputada de IU ha destacado también que estos planes “no cumplen” los requisitos europeos que señalan que el dinero para este tipo de ayudas públicas debe destinarse a proyectos que fomentan la resiliencia y mitigan las consecuencias del cambio climático.
Rego entiende que la “falta de transparencia y rigor” en este proyecto es “palpable” y ha señalado que existe un “cruce de intereses” porque el departamento de Economía aragonés ha impulsado a través de la empresa Formigal S.A. que la unión de estaciones de esquí sea declarada como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA). Con este objetivo, ha redactado un informe para contrarrestar otro manifiestamente contrario obra del Departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón.
Álvaro Sanz, por su parte, detalló que fue la Diputación Provincial de Huesca la que originalmente solicitó los fondos de ayuda europeos, que fueron adjudicados el pasado mes de diciembre. Un mes después, sin embargo, el departamento de Economía del Gobierno de Aragón procede a la firma del convenio relativo a este proyecto y pone de manifiesto que requiere de la participación de una sociedad privada, Aramón.
Se da la circunstancia que la misma consejera de Economía, Planificación y Empleo del Ejecutivo aragonés, Marta Gastón, es quien preside Aramón, al estar participada al 50% por el Gobierno autonómico siendo, además, trabajadora en excedencia de Ibercaja, entidad que conforma el otro 50% del holding de la nieve.
Sanz incidió en que el objetivo de la iniciativa que presenta IU ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude es que este órgano de fiscalización, vinculado a la Comisión Europea, audite este proyecto y estudie la falta de transparencia y opacidad que mantiene en su gestión el Gobierno de Aragón.
Una vez presentada la denuncia la OLAF tiene un plazo de dos meses para estudiar su admisión a trámite, a partir de lo cual se abriría un procedimiento de investigación que tiene una duración habitual de 12 meses. De ahí que Izquierda Unida haya reclamado medidas cautelares para paralizar el proyecto y evitar el inicio de las posibles obras.
