El portavoz adjunto y portavoz de Interior de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha reclamado hoy al ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, que la investigación del denominado ‘caso cuarteles’ de corrupción protagonizada presuntamente por mandos y oficiales de la Guardia Civil pase a ser investigado “por la Audiencia Nacional o esto va a estar peloteando de juzgado en juzgado, con dificultades en los peritajes, con todo tipo de dificultades y, al final, dormirá el sueño de los justo en cualquier anaquel de un juzgado de provincias, con todos mis respetos a los juzgados de provincias”.
El también portavoz parlamentario de Izquierda Unida le hizo esta petición directamente a Grande-Marlaska durante la comparecencia de este en la Comisión de Interior del Congreso para dar explicaciones de este grave asunto. Para Santiago, estamos ante “un nuevo escándalo de corrupción permitido por el Ministerio del Interior del señor Jorge Fernández Díaz, quizás éste más grave aún, porque es un nuevo escándalo ahora dentro del Cuerpo policial quizás más especializado de este país”, la Guardia Civil.
Recordó que entre 2014 y 2019 “hasta 17 comandancias de la Guardia Civil adjudicaron obras a empresas de Ángel Ramón Tejera de León (un empresario canario conocido también con el sobrenombre de ‘Mon’) por más de 3 millones de euros”, una obras que en varios casos “no han sido ejecutadas y que, según la justicia, la forma en que se manejaron estos contratos ‘pudiera ser constitutiva de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación’”.
Enrique Santiago denunció que “no solo la investigación policial ha sido dificultada”, sino que “la impresión es que también el itinerario procesal está siendo muy difícil”. Lo demuestra el que fueron “unas denuncias anónimas surgidas dentro de la Guardia Civil las que, a partir del 2018, dieron lugar a una instrucción en primer lugar por un juzgado de Ávila” (el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital abulense)
Esto ocurrió “después de que se ordenara no continuar con la investigación interna abierta por el servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil”. Estas pesquisas “fueron frenadas nada más y nada menos que por el director general de la Guardia Civil nombrado por el Partido Popular, José Manuel Holgado, y por el teniente general Pedro Vázquez Jarava, investigado por corrupción y que, según consta, ya en el momento en que ordenó el archivo de esa investigación se había beneficiado de algún tipo de ayudas, viajes, prebendas otorgadas precisamente por constructores”.
Posteriormente el juzgado de Ávila se inhibió en favor de uno de Madrid y desde finales de 2021 es el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid el que instruye la causa sobre una docena de comandancias de la Guardia Civil en toda España y mantiene imputado al teniente general Vázquez Jarava.
“Pero este juzgado -insistió Enrique Santiago en su advertencia- se está topando con dificultades inaceptables relacionadas, en este caso, con la realización de los peritajes, ocho meses sin poder realizarse los peritajes”. El diputado tiró de ironía al asegurar que “en este país probablemente sea difícil acceder a alguna especialización de perito judicial, pero desde luego peritos judiciales en materia de construcción, ladrillo y obras sobran”.
Recordó también que la jueza instructora de Madrid “valora dividir la causa y remitirla al juzgado que también instruye en Tenerife, donde hay otro coronel investigado, el único que hasta ahora ha sido cesado en el destino, por cierto, y donde también hay un general en prisión”. Además, explicó que hay otra causa “en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, donde un teniente coronel de la Guardia Civil se encuentra investigado junto a dos familiares por presuntas irregularidades en las obras en los cuarteles”.
Enrique Santiago lanzó la pregunta de si “a pesar de tratarse de un mismo empresario investigado, de una única administración pública afectada -la Guardia Civil- y de existir identidad de sujetos, objeto y acciones procesales, ¿por qué se lleva adelante la investigación en distintos juzgados?”
Consideró que de esta forma “se está rompiendo la continencia de la causa” y valoró que “por economía procesal y eficacia procede acumular todas las investigaciones en una. Son delitos claramente conexos, cometidos por las mismas personas, la misma organización delictiva, tienen analogía y relación entre sí” y todo ello “está expresamente contemplado en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no procede que se instruya por un juzgado territorial que está encontrando demasiadas dificultades”.
“A mi entender -insistió- debería ser la Audiencia Nacional quien estuviera instruyendo esta causa, como establece el artículo 65.1.C de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estamos hablando de una organización delictiva, una organización criminal en términos del Código Penal, que actúa presuntamente en al menos 9 comunidades autónomas y la norma es bastante precisa”.
En la misma línea, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida planteó que “la Fiscalía debería haber solicitado ya la acumulación de las causas penales, la inhibición de todos los juzgados territoriales en favor de la Audiencia Nacional”.
Preguntó también a Grande-Marlaska si la abogacía del Estado “está ejerciendo la acusación particular en nombre del Ministerio del Interior. Sugiero que lo haga y sugiero que pida también la acumulación y la inhibición a favor de la Audiencia Nacional, porque es donde claramente hay medios para que esto avance y se pueda investigar”.
Son siete jefes y oficiales los que a fecha de hoy están siendo investigados, por lo que añadió otra nueva pregunta: “¿por qué no se han suspendido en funciones a los demás mandos de la Guardia Civil que están siendo investigados?”
Enrique Santiago calificó de “comportamiento encomiable” el que han mantenido los responsables de Asuntos Internos de la Guardia Civil en este caso, sobre los que dijo que “me imagino que les ha costado bastante llegar hasta aquí”.
“Creo que también hay que referirse a la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), asociación profesional que es mayoritaria en la escala de guardias y suboficiales, porque en esta difícil situación de corrupción que envuelve a altos mandos son los que han salido de inmediato en defensa del prestigio del Cuerpo, en defensa del trabajo de las personas que lo integran, y ya están ejerciendo la acusación popular en la causa”.
Recordó que, además, “han presentado un conjunto de medidas como un Plan de Choque contra la Corrupción para garantizar ‘tolerancia cero’ sobre casos así en la Guardia Civil”.
Para Santiago, unos de los principales problemas radica en que “ni en las normas de derechos y deberes, ni en el régimen disciplinario, ni en el régimen de personal, ni en ninguna de las normas que establece el Estatuto de la Guardia Civil se contienen referencias concretas sobre cómo perseguir la corrupción”, todo ello a pesar también de “las Recomendación XI y XII de la 5ª Ronda de Evaluación del GRECO de 2019 sobre Policía y Fuerzas de Seguridad”.
Apuntó que las primeras recomendaban una ‘evaluación estratégica de los riesgos existentes en áreas proclives a la corrupción’ y que los datos que se recaben ‘se utilicen para el diseño proactivo de estrategias contra la corrupción’, mientras que la otra recomendación, la XII, dice que la Guardia Civil ‘debe adoptar un Código de Conducta’.
De ahí que recordara al ministro, que el Código de Conducta que se ha adoptado hasta ahora, según la AUGC, “no ha introducido medidas concretas contra la corrupción, sino medidas relativas a la esfera la actuación personal de los guardias”, de hecho este código ha sido recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa del Tribunal Supremo.
Enrique Santiago advirtió que la cadena de mando “ha impedido desde 2016 hasta 2018 que se investigaran los casos de corrupción” y en esa cadena de mando participó “el director general nombrado por el PP, José Manuel Holgado, una persona sin ninguna valentía, ni a la altura del cargo, que no supo imponerse a los mandos del Cuerpo en este caso”.
Consideró que “a pesar de los esfuerzos de Asuntos Internos”, que “la cadena de mando tenga condiciones para impedir una investigación no puede depender de qué gobierno esté al frente. Es encomiable que este Gobierno atajara este problema, pero no podemos estar supeditados a combatir la corrupción en la Guardia Civil a que haya un gobierno activo contra la corrupción”.
Abogó por “adoptar normas” y, siguiendo el Plan presentado por la AUGC, propuso en primer lugar, la “creación de un Código de Buenas Prácticas y una Oficina de Lucha contra la Corrupción, como un órgano especializado que no dependa de la cadena de mando”.
En segundo lugar, “otorgar un papel a las asociaciones profesionales en la lucha contra la corrupción”, es decir, un sistema de pesos y contrapesos. “Esto no es ni más ni menos que la aplicación de la Ley 2/2023 de protección de las personas que informen sobre la corrupción. A los casos de corrupción en ningún caso se les puede aplicar los principios de obediencia debida”, dijo.
Recordó que han declarado 11 jefes de comandancia en este caso y que “todos han afirmado que se limitaban a cumplir órdenes y que la superioridad les decía que ‘todo estaba bien’. No hay mayor ejemplo de entendimiento del principio de obediencia debida”.
Además, hay que crear “una Comisión de Trabajo en el Consejo de la Guardia Civil” para evaluar los privilegios injustificados y suprimirlos. Respecto a las normas de elección de oficiales generales y “para evitar ascensos fulgurantes como los relatados”, Santiago reclamó que se apliquen “normas que garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad y de cumplimento de los valores éticos y deontológicos”.
La Dirección General de la Guardia Civil debe contar con un gabinete de su elección y confianza. “La AUGC, que conoce el Cuerpo, insiste en que no puede organizarse como si fuera una unidad militar. La dirección del gabinete debe ser un civil, no un miembro de la Guardia Civil”, señaló.
Además, tiene que haber “un sistema de auditoría interna de los contratos de obras en dependencias” y, sobre todo, “una nueva ley orgánica que regule los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, evitando que la cadena de mando pueda mal aplicar esa obediencia debida en cuestiones que van más allá del servicio”.
“Incluso debe permitirse -dijo- la creación de sindicatos en la Guardia Civil, porque no es comprensible que en la Policía haya sindicatos, con las especialidades y límites existentes propios de la función que realizan, y no pueda haberlos en la Guardia Civil”.
Por último, Enrique Santiago sugirió a Fernando Grande-Marlaska que “convoque un pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil, donde den cuenta a las asociaciones profesionales representativas del estado de esta cuestión, es lo mínimo. La angustia que en este momento tienen los miembros de la Guardia Civil debe ser satisfecha con una explicación por parte de los mandos”.
