El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y su responsable federal de Justicia e Interior, Enrique Santiago, considera respecto a las informaciones que apuntan a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) descarta por el momento investigar el intercambio de mensajes entre el presidente de la Audiencia Nacional y un ex alto cargo del PP en su etapa en el Gobierno, investigado por graves delitos por esta misma instancia judicial en el conocido como ‘caso Kitchen’, que “parece que nos encontramos ante una evidente dejación de responsabilidades”, ya que “entre las competencias constitucionales del máximo órgano de gobierno de la judicatura se encuentra el régimen disciplinario judicial”.
Para Santiago, en lo publicado hasta ahora “aparentemente se aprecia una absoluta falta de imparcialidad y sometimiento al debido proceso por parte de distintos magistrados de la Audiencia Nacional que intervienen en los diálogos o aparecen mencionados en los mismos”.
Hoy se ha conocido que la Comisión Permanente del CGPJ habría abordado la noticia adelantada por la Cadena SER sobre el prolongado e intenso intercambio de mensajes durante más de un año entre el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.
Estos hechos constatados tuvieron lugar mientras esa misma instancia judicial presidida por Navarro investigaba bajo secreto al alto cargo del PP en el Ministerio del Interior. Lo hacía debido a la operación puesta en marcha supuestamente durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy desde el departamento liderado por el ministro Jorge Fernández para eliminar las pruebas existentes sobre la corrupción y financiación irregular del Partido Popular.
El Consejo General del Poder Judicial decide ahora por el momento no emprender acción alguna sobre estos hechos y no abrir expediente a investigación alguna ni al presidente de la Audiencia Nacional, ni a Manuel García Castellón, magistrado de esta misma instancia judicial y perfecto conocedor de los comprometedores mensajes como juez instructor del caso, pero que decidió no solicitar ninguna diligencia sobre ellos.
Según lo publicado, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, pidió ayuda, documentos y solicitó distintas actuaciones al presidente Navarro, que también le informaba sobre la investigación judicial. En esta línea, habría accedido a buscarle un auto reservado del magistrado para preparar su ‘defensa’ y a trasladarle el contenido de interrogatorios secretos.
Ante estos hechos, Enrique Santiago destaca que la “independencia, imparcialidad, integridad y honradez respecto a las partes que intervienen en el proceso, el sometimiento al proceso debido y la obligación de guardar secreto profesional son principios que debe respetar cualquier magistrado en ejercicio y de demostrarse su incumplimiento debería acarrear sanciones disciplinarias”.
El también portavoz adjunto de Unidas Podemos incide en que, más allá del régimen disciplinario, “nuestro Código Penal contempla delitos como el de revelación de secretos o el de encubrimiento, por lo cual esperamos que ante la gravedad del compadreo que se está conociendo entre una persona investigada y magistrados del órgano judicial encargado de hacerlo hasta las últimas consecuencias se deben iniciar la correspondientes investigaciones”.
“De lo contrario -valora-, la imagen de la justicia queda absolutamente dañada, lo mismo que el correcto funcionamiento de las instituciones de un Estado de Derecho”.
Apunta también que “no se puede olvidar que la ‘trama Kitchen’ que se investiga aquí es un caso de corrupción de altos responsables del Estado con la finalidad de encubrir desde el Gobierno delitos cometidos por el Partido Popular o cargos de este partido, por lo que la vinculación de magistrados en posibles acciones irregulares por acción u omisión resulta muy llamativa”.
Enrique Santiago concluye que “vamos a estar muy atentos a los próximos acontecimientos y, en el caso de que no haya ninguna investigación de lo ocurrido ni por parte del CGPJ ni desde la instancia judicial competente, estudiaremos muy seriamente la mejor fórmula para que este grave asunto esté incluido en una comisión parlamentaria de investigación. No vamos a dejar que hechos de esta naturaleza queden en la absoluta impunidad”.
