El portavoz de Unidas Podemos en la tramitación de la nueva Ley de Memoria Democrática y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha reprochado esta tarde con toda rotundidad a la derecha y a la ultraderecha en el Pleno del Congreso que “es una vergüenza que se escondan detrás de las víctimas del terrorismo para justificar los crímenes de una dictadura”, en alusión a la dictadura franquista, objeto fundamental y único de la nueva norma que por fin ha aprobado hoy la Cámara Baja.
“No hay víctimas de primera o de segunda. En este país, las víctimas de ETA o del GRAPO siempre han sido reconocidas y protegidas, pero las víctimas del franquismo han sido olvidadas durante décadas. Es una vergüenza que se escondan detrás de las víctimas del terrorismo para justificar los crímenes de una dictadura, o de los GAL, o del Batallón Vasco Español o de la ultraderecha, o los crímenes de Arturo Ruiz o de Yolanda González”, expuso Santiago con claridad meridiana.
El parlamentario de Unidas Podemos y también secretario de Estado para la Agenda 2030 incidió en que “el acceso a derechos por unas víctimas no significa que otras los pierdan. La democracia multiplica derechos, nunca los resta”, desmintiendo así la estrategia desplegada por PP y Vox en las últimas semanas para tratar de boicotear la aprobación de esta norma, igual que han hecho en los últimos meses con argumentos distintos.
“La falta de empatía de la derecha hacia las víctimas es dolorosa -añadió-; la democracia española ha sido muy generosa con los herederos del franquismo y corresponde ahora que la derecha tenga algo de generosidad con los millones de víctimas que provocó una dictadura que todavía justifican”.
Enrique Santiago advirtió a PP y Vox que “enfrentar a unas víctimas con otras es una indignidad y se lo acaba de recordar la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, que les ha dicho que dejen de utilizar partidariamente a las víctimas”.
De igual forma, para cuestionar el tono y las formas empleados por el portavoz ‘popular’ que intervino antes que él, recordó que “todas las víctimas, todas, son nuestras y deben ver reconocidos sus derechos para así alcanzar plena reconciliación” para exhortar a renglón seguido a la hermanada bancada de la derecha y la ultraderecha a que le acompañaran en sus palabras: “¡Díganlo conmigo: ‘Yo condeno la victimización y las violaciones de Derechos Humanos causados por la dictadura franquista’. Díganlo!”
El portavoz parlamentario de IU expuso que “tras 45 años de democracia es urgente cerrar esta herida; reconociendo sus derechos cerramos el proceso de duelo de las víctimas para siempre”.
Recordó, además, que “durante 40 años la dictadura castigó y eliminó arbitrariamente a quien le dio la gana, a la vez que reparó a quien sufrió algún daño por sumarse a la rebelión contra la República. Esta ley reconoce los derechos no reconocidos a quienes se opusieron al golpe y a la dictadura”.
Santiago había comenzado su intervención en un tono más didáctico y mostrando su satisfacción porque 47 años después de finalizada la dictadura “España atenderá las reclamaciones de Naciones Unidas y garantizará los derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación de las víctimas”.
Lamentó que no hubiera sido posible “incluir todas las propuestas defendidas por Unidas Podemos y el movimiento memorialista”, pero se felicitó de que “hoy, gracias al Gobierno de coalición, garantizamos más derechos” y se comprometió “a seguir trabajando para que nunca más haya abandono de las víctimas”.
Frente a quienes desprecian la necesidad de la ley, expuso que “todavía en 2020 Naciones Unidas acordó cuatro resoluciones invitando a España a garantizar los derechos de las víctimas del franquismo. Nos pedían expresamente una ley que colmara lo exigido por la comunidad internacional”.
“Aprobamos hoy -resumió- esa ley que corrige las limitaciones de la del 2007 y se incluye en ella la condena del golpe de Estado de julio de 1936, la dictadura franquista y la declaración de su ilegalidad.
Santiago fue desgranando sucintamente parte del contenido de la norma, que también incluye “la declaración de ilegalidad y nulidad de condenas o sanciones por causas políticas o de conciencia. El derecho de las víctimas y de sus familiares a la verdad, a la debida exhumación de más de 100.000 desaparecidos aún enterrados en cunetas. Y hemos incluido el derecho al resarcimiento por los bienes robados, incautados por la dictadura y la reparación económica de las víctimas y, en especial, a los españoles y españolas que fueron sometidos a trabajo esclavo”.
“Se garantiza el acceso a los archivos públicos y privados, la eliminación de símbolos y reconocimientos que exalten a la dictadura o a los represores. Se crean programas educativos, un centro y una red de lugares de memoria democrática, que claro que ha de ser democrática, que trasformará el único monumento a una dictadura que existe en Europa, el Valle de los Caídos, en un lugar de recuerdo de los crímenes del franquismo”, prosiguió.
“Y se otorga -analizó- la nacionalidad a los hijos de mujeres españolas que perdieron la suya, a los hijos de quienes hoy son españoles por la ‘ley de Memoria’ de 2007, iniciativa promovida por la senadora Sara Vila, a quien se lo agradecemos.
También se reconoce “el derecho a la nacionalidad de los descendientes de los brigadistas internacionales y como víctimas del franquismo a quienes sufrieron persecución por su orientación sexual, por ser gitanos o por utilizar otras lenguas maternas, o a quienes en la transición fueron víctimas de estructuras residuales de la dictadura, como el ‘caso Almería’ o las masacres de Vitoria o Pamplona”.
Enrique Santiago dedicó una mención especial a una de las cuestiones sobre las que Unidas Podemos ha puesto especial interés y así, indicó, que “esta ley es un reto para la justicia española, que debe garantizar el derecho a la verdad y a la justicia. No puede seguir utilizándose la Ley de Amnistía, conquistada por la resistencia antifranquista, como excusa para negar los derechos de las víctimas”.
“Porque el Derecho internacional -analizó- establece que la amnistía o prescripción, no se aplican a los crímenes de lesa humanidad, porque sería indefensión para las víctimas”, por tanto, “anular o modificar la Ley de Amnistía ni es necesario, ni tendría efecto alguno, no podría aplicarse retroactivamente”.
Recordó que el 4 de julio “se cumplieron 83 años del asesinato del primer diputado comunista elegido en España, Cayetano Bolívar, médico malagueño ejecutado por el franquismo por el grave delito de haber sido diputado de la República en esta cámara”.
“Hoy están en la tribuna -dijo emocionado- Víctor Díaz Cardiel, de 87 años, nueve años encarcelado por luchar contra la dictadura en las filas del Partido Comunista de España. Y Yénia Camacho, quien pasó su infancia, junto a su madre Josefina, visitando a su padre Marcelino en las cárceles franquistas”.
Añadió que “recordamos a Anita Sirgo, de 92 años, torturada innumerables veces, desde la Huelgona de 1962, y a Antoni Ruiz, encarcelado porque el franquismo consideraba delito ser gay. Estas personas son las que nos trajeron la democracia, las que consiguieron la Ley de Amnistía que vació las cárceles de antifranquistas, como los sindicalistas del Proceso 1001 contra las Comisiones Obreras”.
Enrique Santiago defendió que “la generosidad de estas víctimas es lo que ha permitido la convivencia, aunque ellas nunca tuvieron debidamente reconocidos sus derechos. A todas las víctimas y a sus familiares, les ofrecemos esta ley, que también es una reparación. Ojalá no hubiera tardado España tanto tiempo en reconocerlas”.
Lamentó profundamente que “Feijóo, el Partido Popular y Vox ya han anunciado que si llegan al Gobierno derogarán la Ley de Memoria Democrática. Negarán nuevamente los derechos a las víctimas” y, en alusión al portavoz de Ciudadanos, criticó que “el señor Bal niega que fuera la resistencia de las víctimas la que nos trajo la democracia. Dice que se consiguió ‘respetando las leyes de la dictadura’; puro negacionismo hacia las víctimas.
“Solamente quienes se identifican con el franquismo, solo ellos, creen que garantizar los derechos de sus víctimas es una ‘venganza de los vencidos’ o una ‘alteración de la convivencia’”, indicó.
