Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas, ultiman el texto de la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por el injustificado archivo de la investigación sobre Juan Carlos de Borbón y la inacción de las instancias judiciales en nuestro país, que implican la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a disponer de un tribunal imparcial.
Estas formaciones impulsaron ante la justicia española durante casi tres años -desde 2018 hasta finales del año pasado- una querella para que se abriera una investigación formal al todavía rey emérito y a otras personas de su entorno por presuntos delitos de corrupción.
Su decisión de acudir al TEDH es consecuencia “obligada y directa del cerrojazo judicial en nuestro país” a cualquier actuación sobre las irregularidades cometidas por el anterior jefe del Estado. El último capítulo previo a la demanda ante la justicia europea lo escribió en octubre pasado el Tribunal Constitucional al inadmitir a trámite el recurso de amparo que interpusieron en julio por el reiterado rechazo del Tribunal Supremo a realizar alguna de las actuaciones solicitadas durante tres años ante su Sala Penal, recogidas en la que se etiquetó como Causa Especial Nº 21092/2018.
IU y el PCE, junto al Foro, llevan desde entonces recabando, analizando y estructurando la máxima información posible sobre este “importante y grave asunto, cuya resolución tanto en lo que tiene que ver con nuestra querella como con el archivo por parte de la Fiscalía del Supremo de las supuestas actuaciones abiertas sobre el anterior jefe del Estado han puesto en cuestión la imparcialidad de algunas instancias judiciales españolas”, indican fuentes del equipo jurídico que prepara la demanda.
Destacan la “gran importancia de este tema a nivel político pero, sobre todo, social por la sensación de impunidad que deja en buena parte de la ciudadanía por la discriminación en el trato por parte de la justicia a determinadas personas y a su entorno de amistad y de negocios por el nombre y el cargo ocupado”.
“Además -señalan- las novedades conocidas en las últimas semanas o incluso ayer mismo en distintas instancias judiciales nacionales e internacionales vienen a darnos la razón sobre la postura que defendemos desde un principio”.
IU y PCE siempre han advertido que la interpretación que los tribunales españoles y la Fiscalía han hecho del concepto constitucional de inviolabilidad “no puede suponer de facto una suerte de impunidad absoluta para que el anterior jefe de Estado delinquiese sin que se le exija responsabilidad criminal alguna”.
Entienden también que la vulneración de este derecho fundamental se ha producido “en su doble vertiente de obtener una resolución judicial motivada, razonada y razonable, como de seguirse una investigación y procedimiento efectivos ante el órgano judicial competente, derechos protegidos por el Art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
La justicia británica hizo pública ayer su decisión de denegar la inmunidad a Juan Carlos de Borbón en la causa que se sigue contra él en ese país. Esta formación estima que esta denegación de la inmunidad al todavía rey emérito por conductas particulares realizadas mientras era jefe de Estado o por el hecho de haberlo sido “pone de manifiesto la inadecuada y anticuada interpretación que hacen los tribunales españoles de la actual legislación en nuestro país”.
Desde el equipo jurídico que prepara la demanda que IU, PCE y el Foro presentarán ante el TEDH valoran que los tribunales británicos “se han limitado a expresar principios básicos del Derecho internacional contra la impunidad que la justicia española nunca aplica”.
“Igual que lo entendemos nosotros, en el Reino Unido han ratificado que la inviolabilidad de Juan Carlos de Borbón solo alcanza a actos oficiales, nunca a actos de su vida personal. En ningún caso se puede extender tras finalizar el cargo oficial”, apostillan.
La decisión de la justicia británica se ha conocido pocas semanas después de que la Fiscalía española archivara las supuestas acciones emprendidas sobre tres actuaciones supuestamente ilícitas cometidas por Juan Carlos de Borbón para enriquecerse, entre ellas el cobro de una comisión multimillonaria por mediar en la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca a empresas españolas. La Fiscalía entiende que cualquier acción punible sobre estos casos está prescrita o protegida por la inviolabilidad del rey emérito.
