La portavoz de la dirección federal de Izquierda Unida, Sira Rego, ha asegurado hoy en rueda de prensa que Juan Carlos de Borbón “debe responder ante la Justicia de todos los presuntos delitos que tiene aún abiertos” y que “lo suyo sería que tuviera un tratamiento que fuera exactamente el mismo que otro ciudadano investigado”.
Rego hizo esta valoración a preguntas de los periodistas sobre cómo valora IU un posible regreso a España del todavía rey emérito tras su prolongada marcha voluntaria hace meses a un retiro de lujo. Hoy mismo se ha conocido que la Fiscalía de Ginebra ha archivado la investigación en torno a la entrega al anterior jefe del Estado español de cerca de 100 millones de dólares por parte de autoridades de un país tan poco democrático como Arabia Saudí.
La dirigente federal de Izquierda Unida recordó que Juan Carlos de Borbón tiene diversas investigaciones abiertas, entre ellas una que se sigue contra él en Reino Unido y sobre cuya competencia debe pronunciarse aún la justicia británica. También se le investiga supuestamente en nuestro país por posibles delitos contra la hacienda pública, algo en lo que la posición de IU es “bien conocida”, ya que en ningún momento estas indagaciones se han judicializado de forma efectiva ante ninguna instancia competente.
Sira Rego indicó a los medios que “somos conscientes de los pasos que se están dando y los distintos cierres que están planteando”, ente ellos el conocido hoy de la Fiscalía suiza. Por ese motivo, destacó que Izquierda Unida va a “utilizar todas las vías que están a nuestro alcance” para que se pueda investigar realmente en los distintos ámbitos los posibles delitos cometidos por Juan Carlos de Borbón.
En esta línea, recordó que Izquierda Unida ultima un recurso que “plantearemos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”, por asuntos que considera “de extrema gravedad” y que deben “ser investigados en profundidad”. Este recurso es consecuencia de que el Tribunal Supremo archivó la querella y la ampliación de la misma presentadas por IU y el PCE contra el rey emérito y varios de sus principales colaboradores, y después también de que el Tribunal Constitucional se negara a admitir a trámite el amparo solicitado ante ello.
