Izquierda Unida ha solicitado al magistrado Manuel García Castellón, encargado de investigar en la Audiencia Nacional los numerosos indicios de financiación ilegal en el Partido Popular de Madrid dentro de lo que se conoce como ‘trama Púnica’, que impute como persona jurídica a la formación que a nivel nacional lidera Pablo Casado y, tras años sin que se haya considerado oportuno hacerlo, llame a declarar a su representante legal en calidad de partido investigado.
En el mismo escrito dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6, IU solicita a García Castellón que amplíe el plazo de instrucción de esta causa “al menos por un plazo de 6 meses”, tal y como permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Izquierda Unida, personada desde su inicio en la causa como acusación popular, concreta esta iniciativa antes de que el próximo viernes, día 29, concluya la última prórroga de tres meses que el juez instructor acordó en julio. Considera que “aún quedan diligencias por practicar e innumerables aspectos del objeto de esta causa por esclarecer, que deberán ser investigados en el curso de los próximos meses mediante la práctica de nuevas diligencias de prueba” hasta llegar a aclarar la existencia de una ‘caja B’ de dinero opaco en el PP madrileño.
Se da la circunstancia de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tuvo que corregir a Manuel García Castellón el pasado verano también en esta investigación, como ya había hecho en otras, y obligarle a reactivar esta investigación sobre el desvío de fondos al PP desde distintas empresas y entes, entre ellos la agencia pública de informática ICM con la supuesta colaboración de Indra.
IU ya pidió la declaración como investigada de la persona jurídica Partido Popular en 2017, 2018 y 2019 en el marco de estas mismas diligencias. El instructor alegó en todos los casos que “la investigación aún se estaba desarrollando y que resultaba prematuro imputar al Partido Popular”.
Esta formación sostiene ahora en el texto que ha registrado en la Audiencia Nacional que está más que justificada la imputación del Partido Popular por las decisiones tomadas por varios de sus principales dirigentes en la Comunidad de Madrid, que lo hicieron “para generar un entramado de pagos ajenos al control del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y por ende del conjunto de la sociedad”.
“El Partido Popular, como persona jurídica, no solo no tomó ninguna medida para prevenir o erradicar en su seno este tipo de prácticas irregulares y delictivas, sino que desde el seno de la propia dirección del PP en Madrid se impulsó la adopción de estrategias y mecanismos de elusión del control público y que derivaban en la comisión de una multiplicidad de hechos delictivos por una pluralidad de personas físicas y jurídicas”, razona IU al magistrado instructor.
Para esta acusación popular, “resulta más que evidente que los elementos configuradores de la responsabilidad penal del Partido Popular en los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda pública, así como la perpetración de diversos delitos electorales, vienen más que determinados de conformidad con la doctrina relativa a los mismos”.
Esto es así, alega IU, “más aún cuando tenemos conocimiento de quien de manera directa ha podido realizar tales actuaciones, el secretario general del PP de Madrid (Ignacio González), el gerente del partido (Beltrán Gutiérrez) o la presidenta del PP de Madrid (Esperanza Aguirre)”, todos/as ellos/as imputados ya en esta causa.
Izquierda Unida expone al juez instructor que existen pocas dudas “de la absoluta falta de control interno que hubiese podido evitar la comisión de tales delitos y el aprovechamiento de fondos de una institución pública como la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid para el pago de gastos de campaña, una auténtica depredación de dinero público en beneficio exclusivo del PP, partido que por otra parte no habría reflejado dichos ingresos a la contabilidad y haciendas públicas”.
Al mismo tiempo, este modo de actuar “debe ser puesto en conexión con los delitos de organización criminal, de la que el Partido Popular se habría beneficiado, y del delito de encubrimiento, obstruyendo sus principales dirigentes la acción de la justicia por acción u omisión”.
Por todos estos antecedentes, además de otros que se exponen de forma mucho más detallada en el escrito, es por lo que Izquierda Unida solicita al instructor de la ‘trama Púnica’ de financiación ilegal del PP en Madrid que acuerde “la ampliación del plazo de instrucción de la presente causa en la forma que determina el párrafo 3º del Art. 324. LECrim” por otros seis meses y que “tenga por investigada a la persona jurídica Partido Popular, acordando igualmente su declaración en calidad de investigada en el momento que la agenda judicial así los disponga”.
