Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, formaciones que junto al Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas han impulsado desde 2018 ante la justicia española una querella para que se abra una investigación formal al actual rey emérito, Juan Carlos de Borbón, y a otras personas de su entorno por presuntos delitos de corrupción, van a recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la inacción de las instituciones judiciales de nuestro país sobre este asunto y la vulneración de sus derechos fundamentales.
Ambas formaciones toman esta decisión después de que el Tribunal Constitucional haya notificado la inadmisión a trámite del recurso de amparo que interpusieron el pasado mes de julio
contra el reiterado rechazo del Tribunal Supremo a todas las actuaciones emprendidas durante casi tres años ante su Sala Penal, recogidas en la que se etiquetó como Causa Especial Nº 21092/2018.
El Tribunal Constitucional dedica ahora un párrafo de tres líneas para despachar el argumentado recurso de amparo de cerca de 100 páginas que IU y PCE plantearon hace cerca de cuatro meses. ‘La Sección (en referencia a la Sección Primera) ha examinado el recurso presentado y ha acordado no admitirlo a trámite por no apreciar en el mismo la especial trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere el art. 50.1.b) LOTC (STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2)’, se limita a indicar.
Izquierda Unida y el Partido Comunista de España ponen en marcha la preparación del recurso que llevarán ante el tribunal de Estrasburgo, una vez agotadas todas las vías que permite el sistema judicial español. En ningún momento han obtenido una respuesta satisfactoria en un asunto que consideran de “gran importancia no solo a nivel político y social, sino por la sensación de impunidad que deja en buena parte de la sociedad por la discriminación en el trato que la justicia muestra a determinadas personas y a su entorno de amistad y de negocios debido a su nombre y al cargo que ocupan”.
Entre los argumentos jurídicos que el equipo legal de ambas formaciones baraja para ahormar el recurso está explicar al TEDH cómo determinados autos dictados por la Sala Penal del Tribunal Supremo, con su presidente Manuel Marchena a la cabeza, “han lesionado el derecho fundamental de la acusación popular a la tutela judicial efectiva, en su vertiente a formular con todas las garantías la acción popular”.
Consideran que la interpretación que los tribunales españoles y la Fiscalía han hecho del concepto constitucional de inviolabilidad “no puede suponer de facto una suerte de impunidad absoluta para que el anterior jefe de Estado delinquiese sin que se le exija responsabilidad criminal alguna”.
Para IU y PCE la vulneración de este derecho fundamental se ha producido también “en su doble vertiente de obtener una resolución judicial motivada, razonada y razonable, así como el de seguirse una investigación y procedimiento efectivos ante el órgano judicial competente, derechos igualmente protegidos por el Art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
Ambas formaciones políticas estudian también referirse en el texto al empleo por parte del Tribunal Supremo en sus diligencias de archivo de descalificaciones del tipo ‘La acción popular no puede degradar el relevante papel que está llamada a desempeñar en el proceso penal limitándose a convertir noticias en causas criminales. Y mucho menos hacerlo con una regularidad selectiva que esconde una profesionalización del ejercicio de la acción popular…’
Consideran que “en ningún caso no de recibo descalificaciones gratuitas y desconsideradas, impropias de una Sala del Supremo a cuyos integrantes siempre hemos mostrado el máximo respeto y que responden de esa manera al trabajo serio y riguroso de esta acusación popular”.
“Lo que pone esto de manifiesto -lamentan- no es más que la animadversión a la hora de referirse a una de las partes del proceso, la nuestra, cuando no se nos ha permitido ejercer con garantías la acción popular, haciendo de éste un proceso viciado y falto de imparcialidad”.
Durante los casi tres años de baldías acciones judiciales a través de su querella inicial y la ampliación elaboradas por IU y PCE, el Tribunal Supremo rechazó siempre abrir una investigación concreta. El alto tribunal se limitó dejar pasar el tiempo y a acumular autos y providencias donde rechazaba todas las actuaciones solicitadas sobre Juan Carlos de Borbón, su amiga y empresaria comisionista Corinna Larsen, el comisario de policía jubilado, excarcelado y con varios juicios pendientes por otros casos José Manuel Villarejo, además de otras cinco personas del entorno del emérito.
Ambas formaciones detallaron durante meses los indicios sobre actuaciones irregulares que iban apareciendo, algunas de ellas confirmadas luego incluso por la Fiscalía, y donde el ex jefe del Estado tenía un claro protagonismo. Las actividades presuntamente corruptas abarcan desde los pagos de la fundación Zagatka al uso de tarjetas con fondos opacos, pasando por el cobro de comisiones por la adjudicación de la AVE a La Meca, las cuentas en Suiza y en paraísos fiscales vinculadas a otras fundaciones o el uso de fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de un testaferro.
Así se llegó hasta las, hasta el momento, dos regularizaciones fiscales ideadas por Juan Carlos de Borbón para no ser acusado por el fisco español, formalizadas en diciembre de 2020 y en febrero de 2021.
Por todo ello, los querellados se repartían la imputación de hasta 13 supuestos delitos -siete referidos directamente al rey emérito-, entre ellos el de cohecho, contra la Hacienda Pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, tráfico de influencias, constitución de grupo criminal, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos o corrupción entre particulares.
