Sira Rego ha señalado hoy que “parece que no todos somos iguales ante la ley, esto es ya una evidencia”. La portavoz federal de Izquierda Unida ha hecho esta valoración en relación a la información que publica hoy el diario ‘El País’, que confirma que el teniente fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos -que supuestamente indaga en la fortuna de Juan Carlos de Borbón en el extranjero-, notificó formalmente al todavía rey emérito la apertura de tres investigaciones sobre su patrimonio, además de invitarle a personarse en las diligencias, algo que este no hizo en ninguno de los tres casos.
Lo que sí hizo el padre del actual jefe del Estado tras la segunda notificación de la Fiscalía fue presentar -según él ‘sin requerimiento previo’ alguno- una primera regularización fiscal por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos, a la que tan solo un par de meses después le sucedió otra regularización, esta segunda ya por valor de casi 4,4 millones.
Fuentes expertas advierten de la relevancia de que dos de las notificaciones se produjeran antes de las regularizaciones, ya que invalidarían el efecto de tratar de escaparse de ser juzgado por posibles delitos fiscales, que es lo que el rey emérito habría pretendido con sus acciones.
Sin embargo, otras fuentes no menos cualificadas subrayan que como esas notificaciones a cargo del teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos fueron ‘muy genéricas’ -en ellas no se detallaba en qué delito podría haber incurrido Juan Carlos de Borbón, ni qué impuesto concreto habría defraudado presuntamente, por qué importe o en qué periodo impositivo-, esto le serviría a Javier Sánchez-Junco, abogado del emérito, precisamente para todo lo contrario, es decir, para librar a su defendido de cualquier acción penal contra él en el futuro. Antes de ejercer la abogacía Sánchez-Junco fue subordinado del propio Campos como fiscal anticorrupción.
“La información lo que confirma -insistió Rego a preguntas de los periodistas- es que parece que no todos somos iguales ante la ley”. Recordó que “desde Izquierda Unida interpusimos una querella en 2018 que no fue atendida”, pero sí fue archivada en dos ocasiones precisamente por el Tribunal Supremo. Ahora se encuentra recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional y pendiente de su admisión.
Sira Rego destaca que “después de todos los indicios que hay en torno a los posibles delitos del emérito lo que esperamos es que haya una investigación de verdad, porque hace falta clarificar todo lo que ha sucedido”.
“Hace falta que haya un proceso de aplicación de la justicia similar al del resto de la ciudadanía, porque esto es fundamental en una democracia avanzada”, concluyó.
