El portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, considera que la implantación de la Fiscalía Europea en España supone “un paso muy importante en la lucha y persecución de los fenómenos de corrupción y del blanqueo de capitales”. Por ello, y ante el hecho constatado de que España ocupó el “vergonzante” primer puesto en “saqueo de fondos europeos” entre los años 2015 y 2019, en plena etapa de gobiernos del PP, ha pedido “especialmente” al partido de Pablo Casado que respalde la aprobación de la ley que la regula, lo que hasta ahora han rechazado, “porque de lo contrario evidenciaría que continúa retrasando las investigaciones por corrupción”.
Santiago ha sido el encargado de explicar esta mañana en el Pleno el voto afirmativo de su grupo al dictamen sobre el proyecto de ley orgánica que traslada al ordenamiento español el Reglamento de la Unión Europea (UE) que desarrolla la creación de la Fiscalía Europea y su actuación en 20 países, que cuenta con un amplio consenso entre los grupos, pero contra el que han aunado intereses durante todo la tramitación PP y Vox.
Argumentó que hasta ahora distintos organismos de la Unión Europea como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Agencia para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) o la propia Europol “carecen de competencias para efectuar investigaciones penales o perseguir casos de fraude. Es decir, la actividad policial y judicial está fragmentada entre los Estados miembros”.
El ponente de Unidas Podemos durante la tramitación parlamentaria de este tema advirtió de que en la actualidad “solo un 50% de las recomendaciones judiciales remitidas por la OLAF a las autoridades nacionales da lugar a una sentencia condenatoria”, es decir, un “bajo número de casos enjuiciados y, por tanto, bajas tasas de recuperación de los importes saqueados”.
En la misma línea, señaló que los defraudadores del presupuesto de la UE “organizan complejas tramas, por ejemplo, con el IVA, que en 2018 costó al menos 50.000 millones de euros de pérdida de ingresos en la Unión”.
Santiago acabó de ilustrar este pésimo panorama con los datos especialmente sombríos referidos a España, a quien la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude situó en su último informe de 2020 “como líder en las irregularidades en la gestión de los fondos agrícolas y estructurales de la UE, con 11.000 irregularidades” y recomendó a nuestro país que “recuperara casi 500 millones desviados del presupuesto europeo”.
“Es decir -insistió-, hemos sido el país con más irregularidades en el manejo de estos fondos entre 2015 y 2019, los años de los grandes escándalos de corrupción durante los gobiernos del Partido Popular”.
El también responsable federal de Justicia e Interior de Izquierda Unida recordó que Bruselas reclamó una investigación, entre otros casos, sobre “si la ‘Púnica’ desvió fondos europeos a campañas del Partido Popular”, ya que la Oficina Antifraude de la UE pidió “contratos del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), vinculados a Over Marketing, sociedad investigada por la supuesta ‘caja b’ del PP de Esperanza Aguirre. Hoy todavía la causa ‘Púnica’ no ha llegado a juicio”.
Al margen de estas tramas de origen político, indicó también que solo en este año 2021, en otras operaciones, “la Guardia Civil, la Policía o la Agencia Tributaria consiguieron desarticular operaciones de blanqueo de más de 70 millones de euros o fraudes de 33 millones de euros de impago del IVA, y esto es solo la punta iceberg”.
En un plano más técnico, indicó que con la implantación de la Fiscalía Europea en España -su funcionamiento paulatino comenzó el pasado día 1 de junio entre los 20 Estados que aceptaron en 2017 su desarrollo- “se regula un procedimiento especial para la investigación por parte de los fiscales europeos delegados de los delitos cuyo conocimiento les corresponde. Es urgente llevar a cabo su trasposición”.
Detalló que esta Fiscalía es “un órgano independiente de la Unión Europea, encargado de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los recursos fiscales y económicos de la Unión: delitos contra la Hacienda de la Unión, fraude transfronterizo del IVA, defraudación de subvenciones y ayudas, blanqueo de capitales, contrabando”, es decir, “va a ser fundamental para salvaguardar el erario público europeo de la corrupción y la defraudación”.
Hasta ahora solo las autoridades nacionales podían realizar investigaciones penales y perseguir estos casos de fraude, pero siempre limitado a su territorio nacional, mientras que los delitos contra el presupuesto de la Unión Europea “suelen ser de naturaleza compleja, implican a diversos agentes y organizaciones criminales, y a complejas tramas fraudulentas”.
A partir de ahora el fiscal europeo “realizará funciones compatibles con la fiscalía nacional, respetando el artículo 124 de la Constitución porque tendrá dependencia jerárquica de la Fiscalía Europea y actuará con independencia Fiscalía española”.
La nueva Fiscalía “es independiente, no depende de ninguna institución europea” y, además, “incorpora el impulso reformador del anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal”. Eso quiere decir que llevará a cabo la instrucción de los procesos penales “bajo el control del juez de garantías”, con lo que “se comienza a modernizar el proceso penal, incorporando el procedimiento acusatorio. España sale de ese atraso ya histórico respecto al sistema penal en otros países”, destacó Santiago.
Explicó también que las personas investigadas “van a gozar de todos los derechos garantizados por la legislación de la Unión y en la Carta de Derechos Fundamentales en especial, por supuesto, el derecho al debido proceso”.
Enrique Santiago razonó también el apoyo de Unidas Podemos a esta regulación por su importante avance “para implementar un sistema de garantía e investigación contra el fraude a nivel europeo, para la lucha contra los paraísos fiscales, para la persecución del fraude fiscal y en subvenciones cometidos por los operadores económicos”.
Destacó que son “los denominados ‘caza-subvenciones’ europeas” los que están a la cabeza en la comisión de estos delitos y entre ellos no se encuentran “precisamente las organizaciones que reciben ayudas públicas para atender los problemas sociales, sino grandes grupos económicos”.
Indicó que la puesta en marcha de la Fiscalía Europea “tiene una gran importancia en el momento político postpandémico”, debido a la inminente “llegada de abundantes fondos de recuperación y reconstrucción europea, que deben conllevar una especial fiscalización”.
Enrique Santiago dejó para el final un tema muy concreto que ha merecido especial interés durante toda la tramitación parlamentaria. “Nuestro grupo parlamentario -dijo- ha trabajado con especial esfuerzo para que la figura de la acusación popular se mantenga”.
“A pesar de que no tiene plasmación en los países de la Unión Europea -detalló- hemos conseguido preservar la figura contemplada en el artículo 125 de la Constitución y en el 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
Por ello, esta acción penal va a poder seguir siendo ejecutada “por asociaciones y entidades a las que la ley reconoce legitimación para la defensa de los intereses afectados por la comisión del delito. La acusación popular ha sido el motor de la lucha contra la corrupción en España y este grupo parlamentario no iba a permitir que desapareciera. Agradecemos al Ministerio de Justicia la tarea realizada para que así sea”, resumió finalmente.
