Izquierda Unida, a través de su Área de Medio Ambiente y su Red de Economía Circular y Residuos, impulsa un manifiesto al que se han adherido ya centenares de cargos públicos a nivel autonómico y local, para que se incorporen varias propuestas consideradas “fundamentales” de cara a la próxima aprobación de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados.
Las personas que firman esta iniciativa política consideran, y así se lo trasladan al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que la nueva ley, entre otras cuestiones, debe “trasponer las recomendaciones indicadas desde Europa y subsanar los defectos que existen en las normas actuales”, puestos de manifiesto por la experiencia práctica, y que “han colocado a nuestro país en una situación dramática en lo que a gestión de residuos se refiere”.
El texto considera que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados debe incluir entre sus elementos fundamentales la “separación obligatoria en la recogida de residuos municipales, sobre todo en lo referente a materia orgánica”.
Esta propuesta está incluida en el ‘Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones’, cuando plantea ‘Introducir requisitos obligatorios para separar los biorresiduos y garantizar que las infraestructuras de tratamiento programadas o existentes son adecuadas para los sistemas de recogida’.
De esta forma, se considera la inclusión de dichas indicaciones como algo “imprescindible” para la correcta gestión de los residuos, ya que “así se realizaría la primera separación esencial para los tratamientos posteriores del resto de las fracciones”. En concreto, proponen que la recogida separada de biorresiduos de origen doméstico se plantee a partir del 31 de diciembre de 2021 para todo el territorio estatal.
De igual forma, se establece un “objetivo de captura de, al menos, un 75% para 2025, y un máximo de impropios del 5%”, así como que se garantice “no solo la cantidad, sino la calidad del tratamiento de la materia orgánica”.
Estas medidas incluyen, entre otras propuestas, que se promuevan donde haya posibilidad para ello sistemas de recogida más eficientes, como los ‘puerta a puerta’ o el ‘quinto contenedor cerrado’, además de potenciar “la construcción de nuevas instalaciones de tratamiento biológico, priorizando las plantas de compostaje frente a la biometanización”.
Las personas que firman el manifiesto inciden también en que se incorpore en la nueva ley la implantación de Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), tal y como se está realizando ya de forma exitosa en distintos países europeos como Alemania, Dinamarca o Lituania, entre otros.
Entre las razones para considerar el SDDR como la “mejor alternativa” está el que “funciona perfectamente en más de 40 países de todo el mundo y cada año otros más lo incorporan a su legislación nacional. Entre los múltiples beneficios que conlleva está ser el único sistema que cumple el requisito europeo del 90% de recogida separada de botellas de PET, lo que se puede aplicar de igual manera para latas, botellas de vidrio o envases tipo brik”.
“Mejora el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea -añaden- al potenciar la prevención de residuos y facilitar la reintroducción de los envases reutilizables. Beneficia a todos los ayuntamientos, ya que reduce los costes de limpieza de calles y plazas, y la cantidad de residuos recogidos (20% del volumen de residuos municipales son envases de bebidas), además de tener un coste cero para las administraciones y ser un 60% más barato que los Sistemas Integrados de Gestión por envase recogido”.
Calculan que en una primera fase de implementación “este sistema podría crear cerca de 14.000 puestos de trabajo sin coste alguno para las administraciones, además de que se apoya al comercio local, compensándole con una media de 3 céntimos por envase recogido. El 100% de lo reciclado es económicamente viable y utilizable, al ser el sistema de recogida de residuos de envases con menor impacto medioambiental”.
IU tiene “muy claro” que el actual método de recogida de residuos de envases “no cumple las funciones para el que fue creado y para llegar a esta conclusión basta con hacer un mínimo estudio de los datos existentes”. Por ejemplo, el informe de la Consellería de Medi Ambient y Territori titulado ‘Análisis del sistema de gestión de los residuos municipales en las Illes Balears: transitando hacia los objetivos de la ley 8/2019’, advierte de que solo el 25% de los envases ligeros (contenedor amarillo) se recogieron adecuadamente en 2019, mientras que el 5% se enviaron al vertedero y el 19% fueron incinerados.
Para los cargos públicos de IU que impulsan el manifiesto, todos los puntos señalados deben aparecer con claridad en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados “si se desea generar el marco adecuado para alcanzar los parámetros de prevención de residuos, así como de recogida, reutilización y de reciclaje exigidos a los países miembros de la Unión Europea”.
Advierten de que el incumplimiento de estos parámetros “vendrá acompañado de las subsiguientes multas desde la Unión Europea, además de graves y probadas afecciones a la salud y al medio ambiente”.