El Gobierno informa que desde que se inició el proceso en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la Ley de Memoria Histórica, en vigor desde 2007, (Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura) han sido “admitidas” 251.588 de las 476.251 solicitudes de adquisición de la nacionalidad española “presentadas” hasta el 31 de diciembre de 2019.
El Ejecutivo ha trasladado esta información por escrito al portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, después de que registrara en octubre en el Congreso a través de su grupo de Unidas Podemos una ‘Solicitud de datos, informes y documentación’ sobre esta materia en concreto.
Desde IU se consideran estos datos “ambiguos e incompletos”, ya que la respuesta no aborda la totalidad de las cuestiones planteadas. La iniciativa parlamentaria que formalizó Santiago preguntaba de manera específica por las personas descendientes directas de los exiliados por la Guerra Civil y por la dictadura franquista que habían pedido la nacionalidad española “desglosadas por resoluciones positivas, denegaciones y pasaportes emitidos finalmente”. Mientras, la respuesta utiliza los términos solicitudes ‘presentadas’ y ‘admitidas’ que no aclaran del todo la situación.
El texto remitido recurre también a un formalismo para no ampliar los datos al señalar que “en relación con los pasaportes emitidos en relación con este proceso, la aplicación informática de gestión de pasaportes no permite recoger, entre los motivos de solicitud de dicho documento de viaje, la adquisición de la nacionalidad española en virtud de la llamada Ley de Memoria Histórica”. Zanja la cuestión indicando que, “por tanto, no hay estadísticas del número de personas a las que se ha expedido pasaporte como consecuencia de la citada ley”.
Como los datos referidos solo alcanzan hasta el 31 de diciembre de 2019, tampoco se especifican las solicitudes de nacionalidad que fueron admitidas y rechazadas por cada uno de los anteriores ejecutivos que precedieron al Gobierno de coalición actual, que trabaja desde hace poco más de un año. Desde Izquierda Unida se estudian ya otras iniciativas parlamentarias que puedan servir para conseguir mejor información y más actualizada sobre todos estos apartados, tal y como demandan las asociaciones de Memoria con las que esta formación está en permanente contacto.
Además, Enrique Santiago apunta que “por nuestra parte, estamos empeñados en avanzar en el tratamiento que las administraciones den a las importantes demandas de los familiares de las personas represaliadas y exiliadas por la dictadura franquista. De ahí la importancia que le damos, por ejemplo, a la ampliación y sustancial mejora a la hora de solicitar la nacionalidad en el nuevo proyecto de ley de Memoria Democrática, que recoge muchas de nuestras aportaciones y con las que esperamos avanzar más durante su tramitación parlamentaria”.
