El responsable federal de Política Económica de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, califica de “lamentable noticia para la gente de a pie de este país” la sentencia que ha hecho pública hoy tras continuos retrasos la Audiencia Nacional por la que su Sala de lo Penal absuelve a todos y cada uno de los 34 procesados por la salida a Bolsa de Bankia.
Para Sánchez Mato, “el claro mensaje que se manda a la sociedad con este fallo es que cualquier operación financiera que se ejecute, por muchas dudas e irregularidades que tenga o se sospechen, tiene la garantía de impunidad si cuenta con la connivencia de los organismos reguladores. Eso es así aunque luego cuesten a la ciudadanía más de 22.000 millones de euros de dinero público en rescates como en este caso”.
“Que el tribunal sentenciador -apunta el dirigente federal de IU- no haya encontrado responsabilidad alguna del expresidente de la entidad y antes exvicepresidente del Gobierno del PP, Rodrigo Rato, en los delitos de estafa a los inversores y de falsedad contable deja un gran sentimiento de desamparo entre los pequeños inversores, los mismos que creyeron en las palabras del Gobierno de aquel momento y en las de los supervisores, que apuntalaron la gigantesca operación de marketing”.
Destaca también que “antes de entrar a valorar más en detalle la sentencia, llama la atención que haya tardado más de un año en ver la luz desde que concluyó la vista oral y lo haga justo ahora, justo unos días después de conocerse la absorción de Bankia por CaixaBank y en pleno proceso de ello”.
La sentencia absolutoria se construye sobre la repetida idea por parte de la Audiencia Nacional de que todo el operativo pergeñado tuvo la aprobación de los supervisores y, es más, que ‘lo que resulta evidente a todas luces es que el proceso que culminó con la salida a Bolsa de Bankia fue intensamente supervisado con éxito por el Banco de España, la CNMV, el FROB y la EBA, contando en definitiva con la aprobación de todas las instituciones’.
Sánchez Mato recuerda que durante los más de 10 años que ha durado todo este proceso “se ha ido quitando de la escena a algunos responsables, hasta el borrado final de hoy. La instrucción ya se encargó de ‘salvar’ a quienes desde el Banco de España y la CNMV avalaron y ampararon las decisiones tomadas. No fue un detalle menor, porque ahora la Audiencia Nacional se ampara justo en la ‘bendición’ de los supervisores para no encontrar culpables”.
Está constatado que solo después de que miles de consumidores adquirieran acciones tras la salida a Bolsa de la entidad -entre mediados de 2011 y de 2012- fue “cuando afloraron los 2.790 millones de euros de pérdidas ocultas de la entidad y la consecuente pérdida de valor de las acciones”, asegura.
Denuncia que “los pequeños ahorradores a los que se bombardeó con publicidad para que compraran acciones se fiaron de un Consejo de Administración que presentó una salida a Bolsa con una contabilidad que los analistas externos dijeron desde el principio que era más falsa que un billete de 3 euros. Era algo evidente también para quienes, como Izquierda Unida, denunciamos que en la salida a Bolsa con la ocultación de pérdidas no reconocidas no podía ser ajeno al análisis realizado por los supervisores”.
Carlos Sánchez Mato indica con ironía que “da la impresión de que la sentencia quiere básicamente que se llegue a la conclusión de que parece que hubo una estafa, pero que se perpetró sola y que en lo que tiene que ver con Bankia nadie es responsable de nada”.
Ante la argumentación del fallo de la Audiencia Nacional, se pregunta “¿para qué sirven y están ahí los supervisores y los miembros del Consejo de Administración si permiten un quebranto patrimonial tan brutal que, en primer lugar, recae sobre los accionistas y, en segunda instancia, tenemos que pagar luego toda la ciudadanía”.
El responsable federal de Política Económica de IU se refiere así a esos mismos miembros de los consejos de administración de Bankia y de su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), “que ahora parece que no se enteraban de nada, pero que durante 2011 sumaron sueldos de casi 12 millones de euros. Algunos son también los mismos que instrumentalizaron Bankia y que desde organizaciones políticas pastelearon con la derecha y con la entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Desde Izquierda Unida lo denunciamos en su momento y tomamos medidas drásticas a nivel interno para corregirlo”.
Sánchez Mato señala que “como dice el refrán de que ‘no hay mal que por bien no venga’, seguro que también habrá quien ve en este fallo motivo para la alegría y la tranquilidad, dado el gran número de absoluciones”.
Entre las 34 personas sobre las que la Audiencia Nacional no aprecia indicio de delito alguno, además de los más renombrados, «están Javier López Madrid, quizás más conocido como el ‘compi yogui’ de la reina Letizia. También está Francisco Celma, quien fue el auditor de Deloitte y que se enfrentaba hasta a 12 años de cárcel por delitos de falseamiento contable y estafa de inversores en concepto de cooperador necesario. La Audiencia Nacional considera que no tiene responsabilidad alguna en el hecho de que los estados contables no dieran una imagen fiel del patrimonio de la entidad bancaria. Parece que coincide con la propia Bankia, que ya ‘absolvió’ a Deloitte hace tiempo. Es vergonzoso que esta firma sea una de las que han participado en el asesoramiento para la operación con CaixaBank”, asegura el dirigente de IU.
