Hoy, 23 de septiembre, es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres de Dhaka, Bangladés, en 1999. También fue un 23 de septiembre, en el año 1913, cuando se promulgó la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil.
En Izquierda Unida denunciamos este 23 de septiembre de 2020, que no podemos seguir tolerando la esclavitud y el tráfico de las personas. Estas personas son en un 94% mujeres, muchas son mujeres jóvenes y menores pobres, mujeres de otros lugares, de lugares empobrecidos, mujeres sin derechos. Las víctimas de explotación sexual son las víctimas más invisibles de la violencia machista. No porque no se sepa dónde están, sino porque no se aborda lo que ocurre bajo el paraguas de la prostitución. Esto no es sólo una lacra, sino una lacra que no se combate con la contundencia y compromiso de una sociedad que quiera llamarse democrática. Y es que no sólo se trata de la persecución del delito, sino de una batería de medidas integrales que sostengan a las víctimas. Sus vidas importan.
Las víctimas de explotación sexual se enfrentan a multitud de dificultades que les hacen realmente difícil salir de su situación: Al contexto de violencia estructural que somete a las mujeres a la desigualdad y a la opresión, se le añaden la falta de recursos efectivos de protección y apoyo (en materia de vivienda, empleo o salud) y la falta de derechos para muchas de estas mujeres, migrantes en situación administrativa irregular, que no pueden acceder a la residencia. La vulnerabilidad, la violencia y el aislamiento, las sitúa en la indefensión para acceder a estos recursos y derechos. Además nuestra legislación es ambigua y a través de resquicios legales como “la supresión de la tercería locativa” (el alquiler de local para el desarrollo de la prostitución), se favorece al explotador y se dificulta la posibilidad de demostrar la situación que viven estas mujeres. Sobre todo esto, actúa una Ley de Extranjería que perpetúa su situación administrativa irregular y les impide el acceso a sus derechos. Así lo dicen los datos de la Fiscalía General del Estado, que en 2017 abrieron sólo 122 causas judiciales por trata de seres humanos, de los que 103 fueron con fines de explotación sexual.
España se ha convertido en el país con mayor demanda de sexo pagado de toda Europa. Un negocio que se sostiene sobre la esclavitud moderna de las mujeres más pobres y del silencio cómplice del resto de la sociedad. Y es que no hay datos oficiales sobre el porcentaje de víctimas de explotación sexual dentro de la prostitución, otro símbolo de su invisibilidad. Mientras, se fomenta el mantenimiento de un negocio millonario que se sustenta en la feminización de la pobreza, la vulnerabilidad de muchas mujeres y, cómo no, en la creciente demanda masculina de cuerpos de mujeres para su consumo.
Desde Izquierda Unida denunciamos que poco hemos avanzado en cumplir nuestros propios compromisos como Estado: Como en el cumplimiento del “Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución ajena” de 1962 o la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014, sobre “explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género” donde se afirma que la prostitución es incompatible con la dignidad de las mujeres y contraria a los principios de los derechos humanos, entre ellos, la igualdad de género.
Además denunciamos, que la situación de estas mujeres se ha visto aún más precarizada en el contexto de la pandemia. Aunque se cerraron los clubes a raíz del decreto del Estado de Alarma, esto no sucedió en muchos de los otros peldaños que engloban la prostitución. Tampoco llegaron a muchas, los modelos de respuesta coordinada con garantía habitacional segura y atención socio-sanitaria, y fueron las entidades las que dieron respuesta a sus necesidades más inmediatas.
Por otro lado, el Ingreso Mínimo Vital tampoco se ha hecho efectivo para muchas de ellas. A pesar de que se anunció la incorporación de las mujeres en situación de prostitución al IMV, mujeres víctimas de explotación sexual siguen sin tener los recursos básicos para poder salir de su situación. Además, la recomendación del cierre de prostíbulos no puede ser efectiva sin ofrecer una cobertura digna a las personas en situación de prostitución.
Pero esta situación merece medidas a largo plazo que aborde medidas integrales. Desde IU defendemos la urgencia de un Plan de Empleo y Formación para ofrecer alternativas dignas a estas mujeres, que a su vez, se articule con soluciones habitacionales y el acceso a sus derechos para regularizar su situación administrativa.
En Izquierda Unida creemos que es el momento de reconocer la prostitución como violencia machista, otra asignatura pendiente en nuestro Estado. Este reconocimiento ha inspirado a otros países, como Suecia, Francia o Irlanda, a articular leyes abolicionistas de la prostitución, en las que las mujeres prostituidas en vez de ser perseguidas u olvidadas, reciben apoyo y protección (ayudas sociales, inserción laboral, formativa, etc.) mientras se actúa de forma eficaz contra el proxenetismo y la demanda de nuestros cuerpos.
Por eso desde IU creemos en la necesidad de una Ley Integral Abolicionista, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres y las relaciones afectivo-sexuales, erradicando de una vez por todas la cultura patriarcal que demanda servidoras sexuales para el consumo de los hombres, que fomenta la cultura de la violación y su privilegio para satisfacer sus deseos sexuales con nuestros cuerpos. Para ello es necesario además:
- Visibilizar esta realidad silenciada, que como todas las violencias machistas, sostienen privilegios de unos frente a la dignidad de otras.
- Una cobertura real y desde el inicio para las víctimas de explotación sexual que venga acompañada de una Ley de extranjería que lo haga viable.
- Abordar la feminización de la pobreza con alternativas reales para que ninguna mujer tenga que ejercer la prostitución porque no tiene otra opción.
En Izquierda Unida tampoco nos olvidamos de que hoy también es el Día contra la Trata de personas. Sabemos que aunque el 80% son víctimas de explotación sexual, hay otro 20% que necesita también una política integral que proporcione una protección eficaz frente a la esclavitud.
Por eso, en IU también demandamos una Ley Integral contra la Trata, con perspectiva de género, que se centre en la implementación correcta de protocolos que faciliten los procesos de identificación, denuncia, recuperación y sostenimiento de las víctimas, centrada en la prevención, más que en los aspectos punitivos, que no son efectivos para evitar el delito. Necesitamos una norma que introduzca cambios en el Sistema Penal (mayor determinación, creación del delito de esclavitud, etc.); pero que ponga el foco, fundamentalmente y desde una perspectiva transversal, en las víctimas y en sus necesidades.
Hoy 23 de septiembre reafirmamos nuestro compromiso con la lucha internacionalista y con la defensa ante la explotación de las más vulnerables. Por eso, desde Izquierda Unida exigimos a las instituciones del Estado y Europeas su compromiso para acabar con la esclavitud del siglo XXI. Es el momento de abordar con fuerza esta lacra que genera grandes beneficios económicos a este sistema capitalista y patriarcal que pone en el centro de la exploración a las mujeres de países empobrecidos, racializadas y migrantes. Por último, hacemos un llamamiento social a no seguir mirando para otro lado. Las vidas de estas mujeres y niñas importan.
Terminemos con la explotación y la esclavitud.
Área de la Mujer de Izquierda Unida
area.mujer@izquierdaunida.org
