El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y portavoz de Interior en el grupo de Unidas Podemos, Enrique Santiago, defenderá el próximo jueves en la comisión parlamentaria relativa a este ministerio una iniciativa para mejorar la situación de la sanidad dirigida a todas las personas vinculadas al ámbito de los centros penitenciarios, tanto la población reclusa como el conjunto de trabajadores/as que prestan servicio en las cárceles.
Esta iniciativa se suma a otras que ha registrado Unidas Podemos en el Congreso en los últimos meses para plantear alternativas, tanto generales como concretas, a problemas detectados en sectores específicos (centros de enseñanza, residencias, centros de salud…) muchos de ellos agravados por la crisis sanitaria, económica y social originada por la pandemia del Covid-19.
Entre las medidas que se plantean está conseguir un aumento paulatino “del personal médico, especialistas vía MIR, mediante oferta pública de empleo” para atajar en la práctica las deficiencias detectadas y lograr una atención “continua y de calidad, respetando las condiciones del sistema de salud público”.
Esto pasa también, entre otras cuestiones, por que se establezca una “igualdad retributiva entre el personal médico penitenciario respecto del personal médico de atención primaria de los servicios públicos de salud”.
La proposición no de ley que firma Enrique Santiago -registrada el pasado mes de mayo- reconoce el trabajo realizado desde el inicio de la pandemia por el Gobierno en el ámbito penitenciario. No obstante, recuerda el retraso de más de tres lustros que existe para aplicar la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003.
La disposición adicional sexta de esa norma establecía ya hace 17 años -y daba 18 meses para llevarlo a efecto- que ‘los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud’, todo ello siempre ‘conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos de autonomía’.
Por ello, el texto de Unidas Podemos que se debate el jueves insta a dar los pasos necesarios para cumplir con lo que marca la ley para que se “transfieran efectivamente a las comunidades autónomas los servicios e instituciones sanitarias dependientes de Instituciones Penitenciarias con el fin de conseguir su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”.
La proposición aborda también otras cuestiones más específicas a partir de las recomendaciones de diversos informes y trabajos especializados. Así, plantea en concreto que se garantice “la atención psiquiátrica de las personas privadas de libertad que lo necesiten con mayor frecuencia, incluso si ello implica la visita de psiquiatras externos”.
En esta misma línea, se llama la atención para atender “especialmente al favorecimiento de una perspectiva interseccional prestando especial atención a la salud mental de las mujeres en prisión”. De esta forma se responde al empeoramiento en esta materia que se constata en el ‘Informe sobre la situación de las mujeres presas. Tratamiento y derechos de las mujeres privadas de libertad en los centros penitenciarios de España y Andalucía’ debido a una serie de factores.
