El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el grupo de Unidas Podemos, Enrique Santiago, reclama al Gobierno y, especialmente, a los responsables del Ministerio del Interior, que “estudien como poner sus recursos al servicio de una regularización efectiva de personas migrantes en España, algo que la grave crisis sanitaria y económica de la pandemia del Covid-19 ha demostrado no solo necesario, sino de justicia”.
Santiago considera que “se puede y se debe ir más allá” de las ideas aprobadas hasta ahora por el Ejecutivo en esta materia, entre ellas el Real Decreto-ley 13/2020, diseñado principalmente para incorporar mano de obra extranjera al sector agrario y evitar el desabastecimiento durante esta crisis.
Para el también responsable de Interior y Justicia de la dirección federal de IU “la situación excepcional que vivimos demanda medidas excepcionales. No podemos quedarnos únicamente en aquellas limitadas a la regularización selectiva e instrumental”.
“Además -detalla-, el llamamiento que hacen a diarios las organizaciones agrarias para atender la demanda laboral de las campañas en marcha y las que deben iniciarse demuestran a las claras que la necesidad práctica supera las medidas ya tomadas, además de ser una necesidad económica de seguridad nacional”.
Enrique Santiago apunta que “por mucho que pasa el tiempo siguen sin aparecer por ningún lado esas supuestas decenas de miles de trabajadores españoles a los que, según repite de manera incansable la ultraderecha, los extranjeros les quitan sus empleos”
El diputado de Unidas Podemos recuerda también que “la derecha, la extrema derecha y sus múltiples antenas de desinformación ya fallaron del todo sobre el ‘gran peligro’ que supondría vaciar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) durante la pandemia, esos mismos CIEs que ya están vacíos por primera vez desde su apertura. Pues igual pasará ahora con esos ‘profetas de la desgracia’ opuestos a cualquier medida de justicia social y avance en el respeto a los Derechos Humanos en política de inmigración”.
Insta al Gobierno de coalición a que, de acuerdo con los ejecutivos autonómicos, corporaciones locales y todos los agentes sociales, “se implique y contribuya a que se adopten medidas para que todas las personas que vayan a trabajar en las campañas agrarias tengan las garantías sanitarias, sociales, habitacionales y de transporte que, si son necesarias siempre, mucha más ahora para evitar situaciones que pongan en peligro el avance de la lucha contra el coronavirus”.
En relación a la política de inmigración, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso reclama también a Interior que “tome medidas más ágiles para resolver cuanto antes el grave problema que arrastra el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Pese a lo hecho hasta ahora, no es de recibo que más de 1.700 personas sigan pasando la cuarentena por el Covid-19 en un centro con una capacidad para 780”.
Santiago coincide con las organizaciones que atienden a las personas migrantes en Melilla en que “no solo hay que mejorar los dispositivos para el traslado y acogida en la península, sino los criterios para que se beneficien de ello especialmente los solicitantes de asilo, las familias con menores y aquellas personas en situación de vulnerabilidad”.
En otro orden de cosas, el parlamentario de Unidas Podemos traslada también su “reconocimiento a los/as funcionarios/as y trabajadores/as que prestan su servicio en las prisiones en situaciones tan complicadas. Lo hacemos extensivo también a los/as internos/as, porque en su gran mayoría demuestran un ejemplo de responsabilidad a la altura de esta difícil coyuntura”.
No obstante, considera “imprescindible” que se “refuercen los servicios de atención sanitaria en las prisiones. Esto pasa ineludiblemente por un plan de actuación específico en materia preventiva y asistencial, para lo que se requiere reforzar las plantillas de personal sanitario”.
Enrique Santiago plantea también que “se facilite el acceso a los test a todo el personal y a la población reclusa, dado que la prisión es un espacio cerrado en el que es aún más complicado practicar las normas de aislamiento y de seguridad contra la pandemia”.
Además, en el mismo sentido que ha expresado el Defensor del Pueblo y, a nivel internacional, Naciones Unidas, el portavoz parlamentario de IU aboga por tomar “medidas de excarcelación de la población reclusa preventiva, con condenas cortas, en tercer grado, gravemente enferma y mayor de 70 años”.
Estas actuaciones se deben completar con “una mayor facilidad para las progresiones de grado de estas personas, además de impulsar la celebración de juntas de tratamiento telemáticas y la remisión de la documentación precisa por vía electrónica”.
